Censura y allanamientos: la arremetida desesperada de los Milei para tapar los audios de las coimas

El gobierno de Javier Milei salió a silenciar y perseguir periodistas para tapar el escándalo de las coimas en Discapacidad y la feroz interna libertaria que dio origen a los audios de la corrupción. Censura previa, pura y dura. A través de dos denuncias, una penal y otra civil, el gobierno libertario pidió allanamientos a comunicadores y abogados con el insólito argumento de que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En las 20 páginas de la denuncia penal no se menciona a Diego Spagnuolo ni aparecen las palabras coimas o medicamentos para discapacitados con “el 3 por ciento para Karina”. Menos aún se menciona a los libertarios que evidentemente grabaron los audios, dado que unos se originaron en la Casa Rosada -lugar al que no tienen acceso ni kirchneristas ni rusos ni venezolanos ni bolivianos-. Tampoco figuran otros audios que provienen de un libertario al que Spagnuolo recurrió porque “los Menem y Karina se la llevan toda y yo pongo la firma”. El juez civil Alejandro Maraniello enseguida le dio curso a una cautelar poniéndole cepo a los audios y prohibiendo su difusión. Maraniello tiene ocho denuncias por acoso y abuso sexual y parece querer congraciarse con los Milei porque está acusado en el Consejo de la Magistratura y también en un expediente que tramita la jueza María Servini. 

Gestos muy desesperados

Todo indica que el gobierno tomó nota de la catástrofe de Corrientes, donde La Libertad Avanza (LLA) quedó cuarta, y de la brutal caída en las encuestas, a días de una elección clave como es la de Provincia de Buenos Aires. De hecho, en la denuncia presentada este lunes se considera que la difusión de las confesiones de Spagnuolo buscan “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar y de este modo influenciar el proceso electoral”. La denuncia la firma Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich, pero tiene todo el aval de la Casa Rosada, porque de inmediato la retwiteó Javier Milei. Y, casualmente, o no casualmente, el expediente recayó por sorteo en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Carlos Stornelli, dos piezas del entramado macrista en Comodoro Py.

Cepo a los audios

En realidad, el contenido de los audios fue tácitamente convalidado por la Casa Rosada cuando echó a Spagnuolo del cargo y a lo largo de dos semanas no tuvo respuesta alguna: el Presidente no twiteó, sus funcionarios desaparecieron de los medios y las caravanas electorales no pudieron transitar más que una o dos cuadras. El periodista Alejandro Fantino ya le había dicho al aire a Spagnuolo que tuviera cuidado con Lule, o sea que estaba al tanto del desfalco en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). 

Tras 14 días de parálisis, el objetivo inicial es apagar el fuego, silenciar la investigación sobre las coimas en Andis. Para eso, el gobierno transitó dos caminos. En la denuncia penal, se pide una cautelar con la que se prohíba la difusión de las grabaciones a todos los niveles, con órdenes a los medios de comunicación e incluso a las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Google y varias más. Y no sólo los audios en que se escucha a Karina, sino todos los audios. Cepo total.

Y, en paralelo, una denuncia civil, a nombre de Karina Milei, que de inmediato tuvo acogida en el denunciado juez Maraniello. El magistrado dictó una medida cautelar ordenando que no se difundan los audios atribuidos a la hermana presidencial. En teoría, el juez no escucho los audios ni dónde fueron registrados, pero dice que "fueron obtenidos de forma ilegal, tal vez dentro de la Casa Rosada. Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional”.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez lo contradijo. “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés y funcionarios públicos. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. En la misma sintonía, el abogado Pedro Camino redondeó: “no se puede invocar la intimidad si los audios son de interés público. Y si no se trata de esas cuestiones, el camino es la acción de daños y perjuicios. Las medidas previas son, como regla, inadmisibles. Ninguna autoridad, ni la judicial, tiene atribuciones para impedir la difusión de información”.

El juez que rápidamente le hizo la venia a Karina Milei y al gobierno es un viejo conocido de los escándalos. Maraniello cosechó ocho denuncias en su contra por abuso sexual, acoso y maltrato. El miércoles 13 de agosto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por César Grau, lo notificó de las acusaciones y lo invitó a defenderse. Las denuncias ante el Consejo llevaron a la formación de un expediente en manos de la jueza María Servini y el fiscal Stornelli. El caso más notorio tuvo como víctima a la hija de un camionero, primera generación universitaria, que llevó la denuncia por acoso y abuso al sindicato y luego se judicializó. Según contó la mujer, el juez se mofaba de que fuera hija de camionero. 

Tapando las coimas y la interna
 
El primer objetivo de la denuncia penal de Bullrich es impedir que se siga hablando de las coimas en Discapacidad. Porque no le pide al juez que no se difundan audios de Karina Milei por un tema de seguridad nacional, sino que la prohibición debe ser general respecto de “funcionarios y exfuncionarios”, lo que abarca a Spagnuolo. La consigna es que no haya nada más en los medios del 3 por ciento de Karina, ni que los Menem "se la llevan toda" o que Spagnulo le avisó de la corrupción al presidente.

El segundo objetivo es tapar la interna libertaria, porque evidentemente los audios tienen ese origen. Si alguien grabó a Karina Milei en la Casa Rosada, se trató de un integrante de LLA. Si Spagnuolo le confesó a otra persona que los Menem y Karina “se la están llevando toda, toda”, esa persona era del entorno libertario. Como se sabe, el extitular de Discapacidad es una persona inestable que le contó las cosas a innumerables integrantes del entorno libertario.

De manera que todo indica que quien o quienes grabaron a Spagnuolo y a Karina son parte de LLA, quisieron jugar las cartas en la interna despiadada que tienen los libertarios y las cosas se les fueron de las manos. Bullrich trata de tirar la pelota afuera delirando sobre la intervención, rusa, venezolana, boliviana y de la AFA.

A perseguir periodistas y rusos

En medio de la crisis política que desató la causa de las coimas, el gobierno salió a perseguir.

En primer lugar, se pide el allanamiento de los periodistas que difundieron las grabaciones, Mauro Federico y Jorge Rial. Como buena parte de los audios se difundieron en el canal de streaming Carnaval, Bullrich reclama que se allanen los estudios y también el domicilio del dueño, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, “mano derecha de Claudio Tapia, opositor declarado del gobierno nacional”, dice el texto. El siguiente eslabón de la cadena está formulado así: “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para boicotear el espacio político que le permitió acceder a su banca”. O sea, Bindi, por su vínculo con Pagano. 

Pero el hilo de la denuncia parece delirante. Sostiene que en junio se descubrió un grupo de residentes rusos, encabezado por un tal Lev Konstantinovich Andriashvilli,  “que estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia para influenciar a la población. El grupo, denominado La Compañía, desarrolla campañas de desinformación. Los hechos denunciados en el presente escrito (o sea la difusión de los audios sobre Discapacidad) revisten marcada similitud con las actividades desplegadas por el grupo ruso y podrían ser parte de una operación a largo plazo”. Y, siguiendo con el razonamiento, Bullrich dice que los rusos ya intervinieron en las elecciones de Rumania, en Polonia y en Francia, en 2017, hace ocho años, lo que la hace sospechar de que las grabaciones tendrían ese origen y el objetivo de influir en las elecciones de 2025. No se presenta una prueba, un indicio, nada.

Al mismo tiempo, el texto del Ministerio de Seguridad señala que Bindi fue abogado de la petrolera venezolana PDVESA y que habría albergado a Evo Morales cuando estuvo exiliado en la Argentina. Esos elementos le dieron pie a la ministra para hacer el vínculo completo: los audios son una trama de rusos, venezolanos, bolivianos, con el agregado de cubanos y nicaragüenses (así figura en la denuncia) y, como no podría ser de otra manera, kirchneristas.

En las 20 páginas no se menciona lo relevante: la compra de medicamentos, las coimas, el dinero que iría a manos de Karina Milei, algo de lo que ya hablaron el artista Juan Carlos Pallarols –“me quisieron cobrar 2.000 dólares de peaje”-; los expertos en cryptomonedas –“pedían plata para reunirnos con el presidente”-, el socio en la estafa de Libra, Hayden Davis –“yo le pago a Karina y hago lo que quiero con Milei”- y hasta quienes integraron LLA y dicen que se vendieron las candidaturas. 

Pese a la censura, en la noche del lunes se conoció que los audios serán difundios... en Uruguay. Un periodista uruguayo, Eduardo Preve, de radio M24, anunció que este martes difundirá más grabaciones del "Audiogate" pese a la prohibición judicial dictada en Argentina. 

Por Raúl Kollmann e Irina Hauser / P12