La renovada revancha clasista de los grupos económicos dominantes puede mostrar el trofeo político deseado desde hace años: Cristina Fernández de Kirchner. Fue condenada a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, fallo confirmado por la desprestigiada Corte Suprema de Justicia de tres miembros.
La proscripción electoral de la presidenta del principal partido político de la oposición tiene dos objetivos principales para el establishment:
- La venganza de la conducción política del poder económico, integrada por Héctor Magnetto (grupo Clarín) y Paolo Rocca (grupo Techint).
- El deseo de imponer el “modelo peruano” económico, social y también político.
La venganza de Héctor Magnetto
La expresión de la venganza más visible del poder económico es la de Héctor Magnetto, expuesta en la inmensa red de medios de comunicación construida durante varias décadas, dedicada diariamente a estigmatizar y acosar a Cristina y al kirchnerismo.
Varios son los motivos para entender el ensañamiento personal y, también como principal accionista del grupo Clarín, de Magnetto con Cristina. En el período de sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) no consiguió nada para ampliar su conglomerado de telecomunicaciones.
En el resto de los gobiernos democráticos -incluso también en la última dictadura militar- obtuvo activos para expandir sus negocios, pese a que no podía por restricciones legales. Así se quedó con Papel Prensa (dictadura), Radio Mitre (Alfonsín), Canal 13 (Menem), evitó la quiebra (Duhalde), fusionó Multicanal con Cablevisión (Kirchner), compró Telecom (Macri), y absorbió Telefónica (Milei).
Por el contrario, durante la administración de CFK el grupo Clarín tuvo vedado el desembarco en Telecom y, además, fue cuestionada la concentración de medios, que tuvo como resultado una ley de desmonopolización avalada, en ese momento, por una prestigiosa Corte Suprema de Justicia.
La política de Memoria, Verdad y Justicia incomoda a la élite
En el ciclo político del kirchnerismo, la participación civil en la dictadura militar fue incorporada en el análisis y evaluación de esos años oscuros de la historia argentina. El respaldo desde el Gobierno a los juicios a militares y civiles partícipes de delitos de lesa humanidad ubicó en el banquillo de los acusados a una figura relevante del poder económico: Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio azucarero Ledesma.
El juicio a Blaquier era un recordatorio a cada uno de los miembros del establishment cómplices de las atrocidades cometidas por los militares. El kirchnerismo y, en particular, Cristina Fernández de Kirchner están señalados por el poder económico como responsables de exponerlos públicamente, hasta impulsar la condena judicial que llevaría a la cárcel a figuras relevantes del mundo empresarial.
El patriarca Blaquier fue procesado, acusado de que la dirección de Ledesma prestó camionetas de su empresa a las fuerzas de seguridad para la detención ilegal de personas, y de haber cortado la energía eléctrica en la llamada “noche del Apagón”. En este operativo represivo hubo 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.
Blaquier murió impune a los 95 años sin condena judicial porque fue beneficiado sistemáticamente por la corporación judicial, pero el poder económico responsabiliza a Cristina por descubrir el velo de la participación civil en la dictadura militar.
¿Cómo es el modelo económico de Perú?
Retirar del terreno político electoral a la principal dirigente de la oposición, que puede regresar para impulsar un modelo de desarrollo nacional, constituye otro objetivo de la conducción política del poder económico.
Cristina Fernández de Kirchner y lo que ella representa es un peligro para la misión que encomendaron al gobierno de Milei, que consiste en la transformación de la estructura productiva, laboral y social sin dejar lugar para su reversión.
Para lograrlo se identifican con el modelo económico y político de Perú. En una entrevista televisiva, en marzo pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo lo que el poder económico quiere: "Argentina empieza a parecerse más a Perú, que cambia de presidente no cada 5 minutos pero sí cada año, sin embargo, eso no afecta la macro. Hacen intentos de desestabilización, pero no tiene un correlato económico como pasaba antes”.
La economía peruana, luego de registrar una hiperinflación en 1990, se consolidó como bimonetaria con estabilidad macroeconómica en el frente monetario y cambiario, con una tasa de inflación baja. En base a la exportación de recursos naturales (minerales, productos agrícolas y de pesca), la tasa de crecimiento es sostenida, aunque sin presencia industrial y con elevada informalidad laboral, de hasta el 70%.
La organización económica es de sumisión de la clase trabajadora, con escasos derechos laborales y sociales, y polarizada con una minoría acomodada y una inmensa mayoría viviendo en condiciones de subsistencia.
Este es el modelo productivo, laboral y social al que aspira el poder económico para Argentina. Para consolidarlo se necesita la fragmentación y pérdida de representación de las fuerzas políticas, como en Perú.
Peruanizar el sistema político argentino
La inestabilidad institucional y política de Perú se manifiesta en una serie de factores, incluyendo la debilidad del sistema de partidos, frecuentes crisis políticas, conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, y una percepción general de corrupción.
Desde el año 2016, Perú ha tenido siete presidentes (Pedro Pablo Kuczynsky, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte). Tres de ellos renunciaron y dos presidencias fueron interrumpidas por el uso de la vacancia presidencial, y ha experimentado dos disoluciones irregulares del Congreso (uno de ellos prosperó y quedó disuelto indefinidamente).
¿Cómo explicar esta alta inestabilidad política que el Perú no experimentaba desde el final de la dictadura fujimorista? Esta es la pregunta que aborda el investigador Aldo F. Ponce en “Inestabilidad política, deterioro institucional y debilidad del sistema de partidos. Lecciones del caos peruano”.
Explica que el sistema de partidos peruanos es la causa principal de esta inestabilidad, puesto que las fuerzas existentes tienen corta vida, poseen organizaciones con membresías efímeras y en las que se guarda poco cuidado con la trayectoria de los políticos que participan como candidatos.
Indica que la volatilidad electoral es la más alta en América Latina y esto favorece la corta vida de los partidos. “Como las etiquetas partidarias valen poco en este contexto, para las élites, la adopción de tácticas agresivas o acciones que ataquen las instituciones políticas del país o quiebren el estado de derecho acarrea un bajo costo”, apunta.
El costo asociado a la destrucción de la etiqueta o reputación partidaria, debido al daño que estos ataques provocan, suele ser bajo por la poca reputación que suelen tener los partidos nuevos o con muy débiles vínculos programáticos. Esta debilidad del sistema político es funcional a la preservación de una modelo económico beneficiario de una minoría concentradora de la riqueza. El emblema de la estabilidad macroeconómica de exclusión, con un sistema político desintegrado, es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es Julio Velarde Flores. Fue nombrado presidente del directorio en octubre de 2006 y ratificado para un cuarto período consecutivo hasta el 2026.
Cristina presa sirve para disciplinar al resto de los políticos
Para imponer el modelo peruano del sistema político en Argentina, debe obturar la posibilidad del regreso de una experiencia nacional y popular, luego de una neoliberal o liberal-libertaria como la actual, terminando con el movimiento pendular de la política económica.
Para ello, el poder económico busca debilitar el sistema de representación política, y la proscripción electoral de Cristina Fernández de Kirchner es, además de las venganzas personales por negocios interrumpidos o por cuestiones ideológicas, en especial las referidas a la política de derechos humanos en la última dictadura militar, es un mensaje inequívoco al resto de los políticos, obviamente incluyendo a Javier Milei.
En esa tarea, buscan modificar los fundamentos del proceso democrático para desplegar la conocida revancha clasista. La actual fragmentación política expresada en las elecciones presidenciales, con la baja participación de la población, va en este sentido.
Milei es el mascarón de proa, como lo son también los tres jueces de la Corte Suprema, de esta revancha en contra del movimiento popular con una misión excluyente: poner punto final a la alternancia entre gobiernos neoliberales y nacionales y populares.
La conducción política del poder económico sabe que tiene la oportunidad para consagrar la redefinición de la matriz económica, política y social, subordinando definitivamente el trabajo al capital removiendo las conquistas históricas y volviendo este nuevo orden irreversible.
Cristina, por lo que representa y por el peligro de su eventual retorno político-electoral, es un escollo para hacer realidad este objetivo. El innoble fallo de la Corte viene a satisfacer este deseo del poder económico, sin embargo no es algo inevitable porque las fuerzas subterráneas de resistencia social y política irrumpen, como enseña la historia, en forma inesperada para rechazar el modelo de exclusión económica.
Por Alfredo Zaiat / El Destape
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