A diferencia de los gobiernos anteriores, la gestión de Javier Milei dio un giro de 180 grados en el vínculo con las organizaciones sociales. Al igual que ocurre en otras áreas, donde Milei busca patear el tablero y voltear consensos que se creían consolidados, en materia de relación con los movimientos sociales la estrategia es confrontar abiertamente y sin miramientos. Hay que recordar que estos grupos tuvieron participación en los gobiernos kirchneristas primero y del Frente de Todos después, y también habían negociado intensamente con Mauricio Macri; de hecho, fue durante el gobierno de Cambiemos que alcanzaron conquistas históricas, como la Ley de Emergencia Social de 2016, que ampliaba las partidas presupuestarias para sus cooperativas, y la Ley de Barrios Populares de 2018, que obligaba al Estado a urbanizar villas y asentamientos. Milei, en cambio, se propuso desafiar el consenso que se venía manteniendo durante los gobiernos previos y hoy enfrenta a las organizaciones sin ceder a sus reclamos.
“El que corta, no cobra”
Los funcionarios del gobierno nacional repiten que lograron “terminar con los piquetes”, lo que consideran un éxito político que sacan a relucir ante su electorado. En diciembre del año pasado, Infobae tituló: “Derrota piquetera en la Ciudad de Buenos Aires: las marchas bajaron a la mitad y en el 77% no se cortó el tránsito” (1). Los datos que difundió el gobierno mostraban que en 2024 los piquetes descendieron 56% respecto del año previo, aunque la consultora Diagnóstico Político señaló que la caída fue de 23% (2).
De esta forma Milei muestra que cumplió con su discurso de asunción presidencial, cuando planteó: “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra”. En este ataque frontal del gobierno se pueden reconocer tres “amenazas”: la represiva, la judicial y la económica, que son las que llevaron a las organizaciones sociales a reformular sus estrategias.
Palos, causas y recortes
El gobierno de La Libertad Avanza cambió la forma de abordar la protesta social. La figura rutilante de esta estrategia es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A pocos días de haber asumido, Bullrich anunció el “Protocolo anti piquetes”, que habilitaba a las fuerzas de seguridad a intervenir y despejar los cortes de calles “sin que necesariamente medie orden judicial” (3).
A lo largo de 2024, el protocolo de Bullrich fue puesto a prueba. Esto incluyó las protestas de las organizaciones sociales, pero también las marchas por otras causas que movilizaron a la sociedad. En los casos de movilizaciones muy masivas, como las dos marchas realizadas por la comunidad universitaria contra el recorte presupuestario (el 23 de abril y el 2 de octubre) y el caso de la conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo, el protocolo se vio superado por la cantidad de asistentes, que lograron cortar calles de manera completa.
Pero en otras protestas de menor calibre, convocadas por las organizaciones sociales o por otros sectores que se oponían a las medidas de Milei (por ejemplo, los jubilados), la policía impidió los cortes totales, despejando calles y avenidas. En la mayoría de los casos lo hizo mediante la represión. Con ello, buscó un efecto disciplinador que, aunque alcanzó a toda la sociedad, tuvo una resonancia especial en las organizaciones sociales, que históricamente habían hecho de la movilización su principal herramienta de presión.
En el caso de las organizaciones sociales, además, la estrategia represiva incluyó otras embestidas. Por ejemplo, durante una movilización convocada por el Polo Obrero y otros grupos de izquierda el 20 de diciembre de 2023, el gobierno nacional llevó adelante un despliegue de comunicación pocas veces visto orientado a amedrentar a los manifestantes. Esa mañana, las pantallas de las principales terminales de trenes de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con gigantescos carteles que rezaban: “El que corta no cobra”.
El gobierno también envió ese mismo mensaje a los celulares de los beneficiarios de planes sociales a través de la aplicación oficial “Mi Argentina”. Esta intimidación, evidentemente, tuvo éxito. El miedo a movilizarse comenzó a calar entre las bases. Un dirigente de una organización social lo explicó así: “Vino un vecino mostrándome el mensaje en su celular y me dijo: ‘¿Entonces si voy a una marcha me quedo sin el plan?’”.
En una entrevista al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le preguntaron por qué durante el gobierno del Frente de Todos realizaron tantas movilizaciones y ahora no: “Es lógico –respondió–, si salís a la calle y tenés diez heridos. Es decir, no es lo mismo salir a la calle. El derecho a la protesta es un derecho inalienable y ahora está prohibido por la señora Patricia Bullrich. Salir a la calle quiere decir jugarte la vida, porque es un gobierno asesino. Un gobierno que es capaz de matar” (4).
A contramano de lo que ocurrió con los planes sociales, el gobierno aumentó la Asignación Universal por Hijo.
La amenaza represiva se combinó con la intimidación judicial. El gobierno nacional afirmó haber recibido miles de denuncias de beneficiarios de planes sociales que decían haber sido extorsionados por dirigentes piqueteros con ser dados de baja si no acudían a las movilizaciones. Las denuncias fueron tomadas con celeridad por el Poder Judicial, que ordenó allanamientos a locales, merenderos, comedores, cooperativas de trabajo y hasta a domicilios particulares de algunos dirigentes.
El tercer factor de presión, junto al amedrentamiento represivo y la judicialización, es el ajuste casi total de los recursos estatales para las organizaciones. El foco estuvo puesto principalmente en recortar el envío de alimentos y los fondos para las obras que realizaban las cooperativas de los programas de empleo bajo el programa Potenciar Trabajo. Además, ordenó el congelamiento de los montos. Los beneficiarios que aún perciben el Potenciar Trabajo reciben hoy los mismos 78 mil pesos mensuales que recibían en diciembre de 2023, es decir que tuvieron el valor de la asignación congelado durante quince meses. Considerando la inflación acumulada, esto implicó una reducción real de 63%.
Si Bullrich es la cara de la represión, la figura señera de esta amenaza económica es Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, cartera que absorbió las funciones del ex Ministerio de Desarrollo Social. Y que implementó otra decisión: a contramano de lo que ocurrió con los planes sociales, sí aumentó la Asignación Universal por Hijo, que no sólo igualó sino que superó a la inflación acumulada. En términos reales, registró un incremento de 40,6%. ¿Qué busca el gobierno de Milei al aumentar la AUH pero recortar los planes? Brindar cierta contención a los sectores más castigados por la recesión económica, pero a través de mecanismos de asistencia directa, que marginen las mediaciones de los actores colectivos, en sintonía con el mantra libertario de “eliminar a los intermediarios”.
Repliegue estratégico
La triple amenaza produjo cierto efecto. Como vimos, las movilizaciones mermaron, aunque esto no significa que hayan desaparecido. Grupos como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur, y las organizaciones que conformaron la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron en 2024 y en lo que va de 2025 para exigir aumentos en los planes sociales y entrega de alimentos. Incluso algunas de esas movilizaciones fueron reprimidas con gases, aunque otras concluyeron luego de que los manifestantes mantuvieron su presencia en las calles por un par de horas. En general, no cortaron por completo las calles, al tiempo que la amenaza represiva hizo mermar el número de asistentes. El congelamiento de los montos de los planes sociales aflojó el lazo que unía a parte de las bases con sus organizaciones y dirigentes.
En este escenario de mayor dificultad para confrontar desde las calles, las organizaciones redireccionaron sus estrategias. En línea con la condición “todoterreno” que caracteriza a estos grupos (5), apelaron a otras herramientas desde las cuales pulsear contra el gobierno.
Por un lado, hicieron un uso intensivo de los espacios de representación política que mantienen. En la Cámara de Diputados, Natalia Zaracho, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, se dedicaron a explotar los recursos legislativos a su alcance, como las citaciones y los pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Entre Toniolli y Zaracho presentaron el año pasado 24 pedidos de informes y citaciones a distintos funcionarios del gobierno nacional.
La estrategia legislativa se combinó con la judicial. Los líderes de las organizaciones sociales, en articulación con estudios jurídicos y organismos de derechos humanos, presentaron amparos y denuncias contra el gobierno nacional. La querella por el envío de alimentos fue uno de los reclamos centrales, que cobró mayor notoriedad luego de que un informe periodístico revelara que el gobierno nacional acumulaba cinco millones de kilos de mercadería sin repartir en galpones controlados por Capital Humano. Juan Grabois fue una de las caras visibles de la denuncia.
A partir del reclamo, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al gobierno nacional que distribuyera los alimentos. Luego, en noviembre de 2024, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa ordenó “continuar con la ejecución de las políticas públicas vigentes en materia alimentaria de manera progresiva” (6). Y ese mismo mes el juez Enrique Lavié Pico falló a favor de inscribir a los comedores de las organizaciones sociales en el abastecimiento de los alimentos: “Ya van 5 fallos y 9 jueces que nos dan la razón contra Milei y Pettovello”, celebró la UTEP.
Final abierto
El futuro de las organizaciones sociales es incierto. Las investigaciones sobre el tema sostienen que los movimientos pueden atravesar etapas de latencia o de reflujo, en las que por algunos años pierden protagonismo para, en algunos casos, luego resurgir. ¿Podrán estos grupos protagonizar un nuevo ciclo de luchas contenciosas? ¿Seguirán canalizando las acciones colectivas de los trabajadores informales y desocupados?
No es fácil dar una respuesta. Por un lado, la economía argentina parece lejos de poder incorporar al empleo formal a segmentos importantes de la población, lo cual sugiere que seguirá existiendo una porción de la clase trabajadora “en disponibilidad”, que podría ser incorporada a las organizaciones. Pero por otro lado el gobierno nacional parece inflexible y dispuesto a ejercer su estrategia de disciplinamiento a toda costa. No es fácil entonces augurar un nuevo ciclo de protestas protagonizado por los movimientos sociales, como tampoco afirmar que han llegado a su fin.
Para proyectar el futuro es fundamental advertir si en los próximos meses las organizaciones sociales pueden seguir echando mano a su principal método de presión –la movilización callejera–, si logran conquistas a partir de las otras herramientas de presión, y si pueden contar con el acceso a recursos estatales –tal vez provinciales o municipales– que ayuden a sostener sus estructuras barriales. En esas coordenadas se dirime la posibilidad de que las organizaciones sociales puedan seguir cumpliendo el rol que vienen desempeñando desde hace casi treinta años: un canal de expresión política y social para una parte significativa de los sectores populares.
Por Francisco Longa * Politólogo y docente, Universidad Nacional de Lanús. Investigador en CONICET. / El Diplo
Te puede interesar
Lo más visto
