Los déficits del superávit

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la estudiantil Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de docentes y no docentes de ese nivel educativo presentaron el último miércoles de mayo un proyecto de ley para garantizar un piso de financiamiento al más de medio centenar de universidades nacionales afectadas por la motosierra desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei. 

La propuesta ingresó por la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la misma semana en que un millar de integrantes de la comunidad científica marchó en defensa de la actividad, y la revista especializada Nature denunció un “cientificidio” en la Argentina. 

Publicada en el Reino Unido desde 1869, Nature es actualmente propiedad del grupo Holtzbrinck, de Alemania, país al que se parecerá el nuestro en 2044. Ese pronóstico presidencial omite que allí no aplican motosierra sobre la ciencia e innovación, sino creciente riego: si hasta 2025 Alemania destinaba el equivalente a alrededor del 3% de su PBI para esas actividades, para este año se propuso que subiese a 3,5%. 

En la Argentina, en cambio, los recortes se descargaron tanto sobre la investigación científica como sobre la educación universitaria. Son dos ámbitos estrechamente vinculados, no solo porque se alimentan entre sí con hallazgos y formación, sino por la doble dependencia laboral de docentes-investigadores y de los propios institutos en que desarrollan sus tareas.  

Perder las razones

El nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario amenaza vaciar de argumentos un posible veto presidencial que repita el que Milei aplicó cuando el Congreso aprobó, en septiembre de 2024, un rescate del sector. La amplia valoración de la sociedad sobre sus universidades públicas se plasmó en las calles el 2 de octubre, día que el gobierno eligió para publicar el veto en el Boletín Oficial, dando por finalizada la tregua a la que había invitado tan pronto como se anunció esa segunda Marcha Federal Universitaria.  

Al proponer para la actualización presupuestaria de salarios y gastos un sistema de cálculo automático, en base a la recaudación tributaria nacional, el actual proyecto disipa las observaciones de entonces del Ejecutivo, cuando objetó a la fallida ley que: 

• no habría contemplado “el impacto fiscal de la medida” ni determinado “la fuente de su financiamiento”; 
• habría comprometido el objetivo de “lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía”, y 
• habría afectado a la que caracterizaba como la primera de las “reglas claras de la economía”, simplificada hasta el extremo de que “no se puede gastar más de lo que ingresa”.

La propuesta de un mecanismo y variables precisas para el cálculo, ponderadas sobre la base de la recaudación de impuestos ya existentes, resulta en que ninguna de esas tres objeciones centrales a aquella ley nonata aplica al proyecto que la Cámara Baja podría debatir en la segunda mitad de este mes. 

Adicionalmente, queda deshabilitado el argumento en torno a que una mejora de los salarios por vía parlamentaria supondría menoscabar la potestad de la negociación colectiva. Como firmantes del proyecto aparecen ambas partes de las paritarias universitarias: el heterogéneo pero unánime conjunto de federaciones que representan a docentes y no docentes, y el CIN, que agrupa a las universidades y es por ello la parte patronal. 

De convertirse en ley, la iniciativa prevé además una recomposición salarial de partida que tome en cuenta la inflación acumulada y la convocatoria a negociaciones paritarias al menos cada tres meses, con incrementos nunca inferiores a las alzas mensuales del costo de vida. 

Entre la prórroga del presupuesto nacional de 2023 y la actualidad, las universidades nacionales vieron licuadas por la inflación sus partidas de gastos de funcionamiento y de salarios, ubicados en su mayoría ya bajo la línea de pobreza. La derrota en la carrera contra los precios fue de 134% en el primer ítem y de 100% en el segundo, una brecha que el documento ilustró en un gráfico elocuente: 

Ambos retrocesos se vuelcan sobre las economías locales de todas las regiones del país, por la extensión federal del sistema universitario y su centralidad en cada ciudad sede, en particular en los territorios de menor población o actividad económica. En la Argentina, ese es el único efecto derrame realmente comprobado.  

Fórmula y Excel

El financiamiento para la recomposición de las principales variables afectadas desde enero de 2024 en el mundo universitario, los salarios y los gastos de funcionamiento, se obtendría de la simple aplicación automática de porciones de los ingresos tributarios nacionales con base en una fórmula previa muy comprensible al siempre susceptible Excel del elenco económico estable. 

Desde enero de 1988, la coparticipación federal de los impuestos nacionales distribuye poco menos del 55% entre las jurisdicciones subnacionales y reserva la mayor parte del resto para la Nación. Esa última porción era del 42,34% al iniciar el penúltimo año calendario del gobierno de Raúl Alfonsín, pero en las décadas posteriores se redujo por

• la resta de la masa bruta de recursos coparticipables de la porción que conforma el fondo para compensar los desequilibrios entre provincias, surgidos de la extensión hasta la actualidad de una ley que se supuso transitoria en 1988;
• la detracción desde 1999 de 0,70% del porcentual correspondiente a la Nación para asignarlo a Tierra del Fuego, de modo que la participación de la provincia no quede debajo de la que percibía antes de la ley de 1988, cuando aún era Territorio Nacional; y
• el porcentaje destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eje de un prolongado litigio.

Con ello, la porción de la recaudación tributaria correspondiente a la Nación queda en 40,24%, base que el proyecto a debatir propone como denominador a dividir por el monto que el último presupuesto aprobado por el Congreso haya asignado a las universidades nacionales. En la actualidad, significaría transferir mensualmente al sector un 10,05% de los fondos que ingresan al Estado nacional por coparticipación de los impuestos internos y los aplicados a las ganancias, los bienes personales y —en un 89% del neto— el IVA.

Los recursos para afrontar esas inversiones existieron durante los dieciocho meses que se aproxima a cumplir el gobierno de Milei. El documento que engloba los fundamentos del proyecto de ley volcó en un gráfico la comparación entre la inflación, los salarios y la recaudación tributaria. 

Las trastiendas del festejo

De aprobarse la fórmula propuesta, la recomposición del financiamiento a las universidades no implicaría castigar por enésima vez a las provincias, ni la creación de nuevos gravámenes. Tampoco llevaría la inversión más allá de los ingresos del Estado. 

Con el programa económico actual, sin embargo, asoma en el horizonte el problema de una previsible merma en la capacidad recaudatoria del Estado como consecuencia de la explícita renuncia a ella o la caída de la actividad. 

De todas formas, de momento, el resultado del cálculo implicaría recomponer la situación de las universidades públicas sin menoscabar el principal mandamiento del credo oficial. 

En una nítida alusión a las palabras del veto de 2024, las entidades firmantes de la propuesta advirtieron en sus fundamentos que “si bien es cierto el principio de economía de que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no se puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino”. 

Cuando el proyecto comience su recorrido en el debate parlamentario, podrá saberse cómo explicará el oficialismo el destino que imagina para el superávit que los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger celebran con alborozo todos los meses. 

Por Diego Kenia / El Cohete