Al referirse al desdoblamiento del IVA entre Nación y provincias, el ministro Luis Caputo dio a entender que dejaría de cobrar la parte del impuesto que se coparticipa con las provincias. Esa recaudación (el excecente a una alícuota del 9 por ciento que retendría el gobierno nacional) pasaría a ser determinada por cada jurisdicción, dando lugar a una “competencia fiscal” entre los distritos, que incentivaría la baja de impuestos para captar inversiones. Esto, que en la práctica ya sucede a partir de numerosas exenciones y beneficios que ofrecen provincias y municipios para atraer inversiones, perjudicará a los ingresos de provincias que, especialmente las más pobres, dependen en gran medida de la coparticipación.
La coparticipación federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución de la recaudación por los tributos impuestos por el Estado Nacional, en virtud de una delegación efectuada por las provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los principales impuestos son recaudados por el gobierno federal y transferidos a las provincias según una compleja fórmula, donde las provincias reciben alrededor del 60 por ciento de la recaudación total de estas transferencias.
En algunas provincias, como La Rioja, Formosa y Catamarca estos recursos de origen nacional representan más del 80 por ciento del total de los ingresos provinciales, según información del Centro de Economia Política Argentina (CEPA). En San Juan, San Luis, Chaco y Corrientes ronda el 70 por ciento.
En 2024 la coparticipación federal se desplomó un 10 por ciento, como consecuencia de una baja interanual real del 9 por ciento en la sumatoria de IVA y Ganancias, indica un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El IVA y Ganancias explican el 94 por ciento de la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.
En lo que respecta al IVA, luego de una detracción en la recaudación que se destina a financiar al ARCA, según explica el Iaraf: “El 89 por ciento de la recaudación del IVA se distribuye mediante el mecanismo de la coparticipación federal de impuestos y el 11 por ciento restante se distribuye en un 93,7 por ciento a la ANSES y el 6,3 por ciento restante a las cajas de previsión provinciales”. De esa masa coparticipable el 41,24 por ciento se lo queda la Nación y 58,76 por ciento se destina para las provincias. Con estos números se llega a los 9 ó 10 puntos que mencionó el ministro que seguiría cobrando Nación, y lo restante quedaría a las provincias.
El Iaraf hizo dos ejercicios teóricos. El primero de ellos analiza cómo quedaría la recaudación provincial si el Gobierno nacional cobrara una alícuota uniforme de 10 puntos y cada una de las provincias una alícuota de 11 puntos uniforme. Como resultado, solo en seis distritos mejorarían los ingresos por la aplicación del IVA provincial respecto a la situación actual.
“Esas jurisdicciones son CABA, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe. Por otro lado, las 18 jurisdicciones restantes tendrían una pérdida de ingresos respecto a la situación actual. Las tres jurisdicciones con mayor pérdida serían Catamarca, Formosa y La Rioja”, explica el Iaraf. Es decir que perderían las provincias de menores recursos y ganarían las más ricas, lo cual contraría el sentido federal que tiene justamente el régimen de coparticipación desde su origen en 1994.
En un segundo ejercicio del Iaraf, Nación cobra la misma alícuota del 10 por ciento y se analiza cuál debería ser la alícuota provincial necesaria para recuperar el mismo nivel de ingreso que actualmente reciben los distritos con la distribución en base a la coparticipación. En este caso “la sumatoria de la alícuota nacional y provincial de IVA sería inferior al 21 por ciento solo en seis jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Neuquén” otra vez las provincias más ricas del país. En esas entonces la alícuota del IVA bajaría.
Por otro lado, “las 18 jurisdicciones restantes tendrían una alícuota de IVA provincial superior al 11 por ciento, para compensar la pérdida de envíos coparticipables. De estas 18 jurisdicciones, las tres con mayor alícuota provincial son Catamarca, Formosa y La Rioja. Según este ejercicio, la sumatoria de la alícuota nacional y provincial en estas jurisdicciones sería de 81,4 por ciento, 56,5 por ciento y 52,9 por ciento, respectivamente, algo imposible de implementar en la práctica”, remarca el Iaraf. En el grueso de las provincias, si al menos se quiere mantener la recaudación actual, el IVA pagan los consumidores debería aumentar.
Ingresos Brutos en la mira
La discusión de las reformas tributarias y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno será compleja, pero el Gobierno va dando señales de a dónde quiere apuntar: bajar los impuestos en las provincias, como una recomendación manifiesta en el acuerdo con el FMI. En ese embate seguramente buscará señalar a aquellas que están alineados con la ideología del superávit fiscal versus “la casta”. El ministro de Economía también apuntó sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) al que calificó como "el peor impuesto que una economía puede tener".
IIBB es un impuesto provincial que grava el ejercicio habitual de actividades comerciales, industriales, financieras, profesionales y de servicios en el territorio de cada provincia. Se aplica sobre la facturación bruta de empresas, comercios y profesionales y cada jurisdicción lo administra de forma independiente, con sus propias alícuotas, exenciones y regímenes (las alícuotas van desde el 0 por ciento –exentos- hasta más del 7 por ciento en algunos sectores como servicios financieros o telecomunicaciones).
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