El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes la privatización de Corredores Viales Sociedad Anónima, la empresa estatal que administra rutas y autopistas en todo el país. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el plan incluye la concesión de infraestructura vía obra pública por peaje, transfiriendo al sector privado la responsabilidad del mantenimiento y mejora de los caminos.

“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura mediante la participación del sector privado, que se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios”, afirmó Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El Gobierno defiende la medida bajo el argumento de que Corredores Viales opera con pérdidas millonarias y que el atraso tarifario es una de las causas del deterioro de la red vial. Según cifras oficiales, en 2023 la empresa estatal registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de $142.000 millones y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. Para sostener su funcionamiento, el Tesoro Nacional desembolsó $301.000 millones.

El plan de concesión y los tramos involucrados

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, estará a cargo del proceso, que contempla tres ejes principales:

• La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de Corredores Viales S.A.
• La licitación de nuevos contratos de concesión de obra pública sobre los corredores actuales.
• La disolución de Corredores Viales una vez adjudicadas las nuevas concesiones.

El plan oficial abarca la concesión de 9.145 kilómetros de rutas en trece tramos que concentran el 80% del tránsito del país. Entre ellos se encuentran la Ruta Nacional 3, la 5, la 7, la 8 y la 9, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. 

En total, Corredores Viales gestiona 10 tramos de rutas y autopistas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones.

El rol del Estado y el futuro de las tarifas

El Gobierno defiende la privatización con el argumento de que el sector privado tendrá mejores mecanismos para la subcontratación de obras, sin las restricciones de la Ley de Obra Pública. “Más competencia va a implicar mejores precios”, aseguró Adorni.

En el momento de adjudicar las concesiones, se priorizará la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario. Sin embargo, los precios de los peajes se mantendrán congelados hasta que se garantice la transitabilidad de los corredores, con requisitos como “bache cero”, banquinas en condiciones, iluminación y señalización adecuada. 

El esquema tarifario será regulado por el Estado, que fijará un precio tope y un sistema de actualización trimestral basado en indicadores del INDEC. Según fuentes oficiales, el período de puesta en valor de rutas y autopistas durará un año, tras el cual se habilitará el ajuste de tarifas.

El fin de la gestión estatal

El Gobierno considera que Corredores Viales duplicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad y que su gestión estatal es ineficiente. “Esto es una clara muestra de que la administración estatal de la red vial no funciona y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías”, señaló un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente. 

Con esta decisión, Corredores Viales se suma a la lista de empresas estatales habilitadas para su privatización en el artículo 7 de la Ley de Bases, junto con Intercargo, Enarsa, AySA, SOFSE y Belgrano Cargas.

La transición hacia el nuevo esquema concesionado comenzará en las próximas semanas, con la convocatoria a audiencias públicas y la licitación de los contratos. Desde el Gobierno aseguran que la privatización es la “única solución viable” para mejorar la infraestructura vial del país y reducir el peso del gasto estatal en el mantenimiento de rutas y autopistas.

BAE Negocios