Casi dos meses después de iniciado el primero de los incendios de magnitud en la Patagonia, y con más de 37 mil hectáreas ya arrasadas por el fuego, finalmente Patricia Bullrich desembarcó ayer en la zona del desastre. La ministra, que se hizo cargo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en diciembre pasado, cuando las llamas ya asediaban a los bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi, aterrizó en el pequeño aeropuerto de El Bolsón y sobrevoló en helicóptero la zona del Mallin Ahogado por unos minutos, para luego dar una conferencia de prensa junto a su par de Defensa, Luis Petri. Los anuncios fueron dos: la creación vía DNU de una nueva Agencia Federal de Emergencias y el envío al Congreso de un proyecto de ley para elevar las penas para quienes provocan las llamas. El mensaje no contuvo una sola mención a la situación de los brigadistas de Parques Nacionales, que combaten desde la primera línea con contratos renovados por apenas tres meses. Tampoco hizo mención a la necesidad de mayores fondos y recursos. Algunos vecinos autoconvocados de la Comarca, que en las últimas semanas armaron brigadas voluntarias y ayudan con las donaciones, fueron a recibirla: le pidieron borsegos, ropa ignífuga, gazas y equipamiento para ellos y los brigadistas profesionales, y terminaron aislados por el cordón de seguridad de la comitiva oficial. 

Los habitantes de la zona, en tanto, están movilizados: este jueves habrá marchas en las principales plazas de Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel y también El Bolsón. En los últimos días también hubo movilizaciones, pero a las comisarías, por la detención una docena de vecinos voluntarios acusados falsamente de haber iniciado algunos de los focos en Bariloche y El Bolsón. Todos fueron liberados a las pocas horas por falta de pruebas, pero la cacería siguió: hubo detenciones y allanamientos a las casas de distintos miembros de comunidades mapuches, a las que Bullrich y Petri acusaron indirectamente de "terroristas". 

Agencia nacional del humo
 
Según Bullrich, la nueva agencia servirá para "ejecutar de manera vertical" los fondos necesarios para las emergencias, y permitirá que "todas las estructuras que hoy están dispersas en todos los ministerios para ser eficientes y poder tener más medios y menos estructuras". 

El anuncio consta, a priori, de una fusión burocrática de los distintos organismos destinados a la emergencia: desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) --que ya fue traspasado a Seguridad en diciembre-- hasta la Dirección de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre y la Dirección de Bomberos Voluntarios, entre otras. La idea es que Bullrich centralice y coordine todos las áreas, que están dispersas en distintos ministerios. No se descarta que haga lo propio con la Dirección de Lucha Contra Incendios y Emergencias y la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, dependientes de la Administración de Parques Nacionales.  

Mas allá de esa nueva "coordinación", lo cierto es que no hubo anuncios sobre lo que más se esperaba: mayores recursos y mejores condiciones laborales para los brigadistas. Los que trabajan en el SNMF, ahora bajo la órbita de Seguridad, tienen el sueldo congelado desde octubre pasado y cobran entre 600 mil y 900 mil pesos, según el caso. También reclaman la profesionalización del oficio. Muchos, según los testimonios anónimos que recogió Página/12 (entre los brigadistas del SNMF hay temor a los despidos) tienen que buscarse una changa o un segundo trabajo para llegar a fin de mes, con los riesgos que eso conlleva en materia de cansancio frente al monstruo que combaten. 

Algunos de ellos, a pesar del miedo, le hicieron llegar algunos planteos a la ministra: necesitan ropa ignífuga y borcegos y cascos de calidad. La magnitud del incendio hace que el equipamiento se destruya en poco tiempo y los refuerzos en ese sentido no llegan en tiempo y forma.  

Además, tal como contó Página/12, el Gobierno ejecutó apenas un 22 por ciento de los fondos del SNMF durante todo el 2024, según el último informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Otros estudios, como el de Centro de Estudios para la Economía Política (CEPA) dan cuenta de que el ajuste es todavía más profundo: los fondos inicialmente destinados para el área sufrieron un recorte de más del 70 por ciento en términos reales si se los compara con el 2023, antes que Milei asumiera.

Los brigadistas de Parques Nacionales tampoco escapan a la precarización. A la mayoría se les renovó el contrato este año sólo por tres meses: no saben si en abril quedan en la calle. Al combo hay que sumarle los 130 despidos que sufrió el organismo entre el año pasado y lo que va de 2025: los primeros cien fueron mayormente cuadros técnicos y administrativos, durante 2024; ya en enero --con el fuego arreciando-- fueron despedidos nada menos que 30 brigadistas más.  

Más penas, más impunidad

Respecto del proyecto para aumentar las penas para quienes inician los incendios, Bullrich y Petri dijeron que buscarán "ser implacables con aquellos que incendian, que hacen terrorismo y que queman propiedades y bosques que son importantísimos para nuestro país”. 

Los detalles del texto aún no se conocen y en Seguridad admitían ayer que no estaba listo, pese a que la intención del Gobierno es tratarlo en las sesiones extraordinarias, que finalizan en diez días. 

Ninguno de los dos ministros, sin embargo, mencionó durante el anuncio la posibilidad de introducir figuras penales para aquellos dueños de campos que queman sus propios terrenos. “Si al Gobierno de verdad le interesa cuidar los bosques, debería penalizar los desmontes, que se producen de manera ilegal y de parte de propios empresarios que del agronegocio que ellos mismos protegen", le dijo a Página/12 Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. 

Giardini recordó que ya existen penas para los incendios intencionales --aunque el 95 por ciento se da de manera casual--. "El incendio forestal ya esta penalizado cuando se trata de una situación como la que estamos viviendo. Se aplica la acusación de estrago. No es que haga falta aumentar las penas, sino prohibir y penar los desmontes", explicó. 

"El anuncio es básicamente punitivista sin sentido. Eligieron eso en lugar de asumir su responsabilidad. Tienen dos Parques Nacionales con 25 mil hectáreas quemadas, en el peor incendio de las últimas tres décadas. Se necesita una respuesta a la altura y no llega", concluyó el especialista.

En tanto, Petri habló también de "terroristas" para calificar a los que inician el fuego. Palabra ligada, según la política histórica de Bullrich, a las comunidades mapuches. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo de traductor: "Tenemos información de que la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) ha sido parte de los incendios", dijo sin ponerse colorado. En ese marco, distintas organizaciones vienen denunciando allanamientos y detenciones arbitrarias en las distintas comunidades.

Por Matías Ferrari / P12