La administración de la casta mileista desfinanció a las provincias y recortó todo tipo de transferencias de capital vinculadas a la inversión pública. Los incendios en el Bolsón y la falta de recursos del Estado nacional que se denuncia desde el territorio son una de las principales consecuencias del programa de miseria planificada de La Libertad Avanza. Algo similar ocurre con la quita de recursos vinculados al área de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

La inversión pública ejecutada durante 2024 tuvo una disminución real del 75% interanual comparado con la ejecución del período 2023. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las caídas reales interanuales se registraron en dos componentes, tanto en la inversión real directo (-71,5%) como en las transferencias de capital (-76,7%). Este último concepto fue el más representativo con el 66% del total.

La ejecución del gasto en Inversión Real Directa (IRD) de la Administración Nacional totalizó 0,73 billones, de los cuales 0,45 billones correspondieron a proyectos de inversión y 0,28 billones a compras de bienes de capital. “Ambos componentes disminuyeron en relación a la ejecución de 2023 en un 71,5% en términos reales”, puede leerse en un reciente informe de la OPC.

El impacto en las provincias fue transversal. Y sus consecuencias, arden. En la localidad de el Bolsón (Río Negros) los incendios arrasan con el territorio y los trabajadores de Parques Nacionales denuncian la precarización.

“Esto ocurre en el marco de una absoluta incertidumbre porque todos estos compañeros y compañeras que colaboran para apagar los incendios están con contratos trimestrales. En algún momento tuvieron contratos anuales y ahora con el cambio de gestión retrocedieron en su estado de precarización laboral. Es decir que van a luchar contra el fuego y no saben si después van a seguir siendo contratados o despedidos, como ha venido ocurriendo”, sostuvo el delegado de ATE en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, Gabriel Brizuela, según Izquierda Diario.

¿Cuántos más se podría estar haciendo sin los recortes en la inversión real directa hacia las provincias? Según la OPC, en la provincia de Río Negro 282 millones para la adquisición de equipos y herramientas contra el fuego. Nada más. No hubo transferencias de capital vinculadas a este rubro. Después se le sumaron otros 123 millones para la adquisición de equipos de comunicación para brigadistas.

¿Cuánto afectó a la provincia el recorte de la inversión pública en IRD del orden del 71%?

Radiografía del recorte

El otro recorte fuerte que tuvo repercusiones en las provincias fue en el rubro transferencias de capital. “Este es el rubro de mayor peso dentro de la inversión pública; registró una caída del 76% interanual. La disminución estuvo impulsada por las transferencias hacia las provincias y municipios (-94%), a empresas públicas (-60%) y fondos fiduciarios (-82%)”, puede leerse en el informe de la OPC.

Desde el punto de vista de las funciones del gasto, cuatro áreas concentraron el 70% del total: energía, transporte, agua potable y alcantarillado y vivienda y urbanismo. El recorte más acentuado se registró en transporte, con una caída real del 82,7%, seguida por agua potable (-82%) y vivienda (-81,6).

En 2024, el Estado nacional estuvo ausente en todas las provincias del país. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) también dio cuenta del profundo ajuste mileista hacia las provincias.

“Las provincias sufrieron los mayores ajustes reales en las partidas transferidas para Educación (-70,3% interanual real) y para Seguridad Social (100%). Se verifican también potentes ajustes en las partidas para políticas alimentarias y el Fondo de Incentivo Docente. Fue eliminado el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires. Las transferencias desde el PEN a las provincias para financiar gasto de capital fueron reducidas en un 95,6%”, indicó el trabajo coordinado por Claudio Lozano.

El recorte total en la seguridad social tiene que ver con la suspensión de envíos de los fondos para las provincias que no transfirieron a Nación sus cajas previsionales, en ocasión de la reforma previsional de 1994. Estas jurisdicciones son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Por Sebastián Premici / El Destape