El 13 de octubre de 1946, un año y medio después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Francia convocó a un referéndum constitucional. Ese día, más de nueve millones de franceses aprobaron la nueva Carta Magna, que dio origen a la Cuarta República.

Ya desde el preámbulo, los constituyentes fijaron el contexto histórico: “Tras la victoria de los pueblos libres sobre los regímenes que intentaron esclavizar y degradar a la persona humana, el pueblo francés proclama una vez más que todo ser humano, sin distinción de raza, religión o creencias, tiene derechos inalienables y sagrados”. Pero la Constitución fue más allá de esos derechos, al establecer también principios políticos, económicos y sociales, como por ejemplo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el derecho de los trabajadores a la actividad sindical, el derecho de esos mismos trabajadores a participar de la gestión de las empresas e, incluso, la obligación del Estado “de garantizar a todos, en particular a los niños, las madres y los trabajadores mayores, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el ocio”.

Para millones de trabajadores, esa seguridad material requería la garantía de una remuneración mínima. Con este espíritu se estableció el Salario Mínimo mediante la ley del 11 de febrero de 1950. La norma, modificada a principios de los años ‘70, sigue vigente, luego de haber transitado una nueva reforma constitucional en 1958 (la que dio lugar a la actual Quinta República). Cada año, el gobierno francés establece el Salario Mínimo por decreto, en función del aumento de costo de vida.

En diciembre de 1945, cinco años antes de que Francia lo estableciera, el secretario de Trabajo y Previsión Juan D. Perón instauró el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto-ley. No sin cierta astucia política, el texto refiere al Preámbulo de la Constitución Nacional: “Que la intervención del Estado en la regulación de las remuneraciones no sólo es un derecho de los poderes públicos, sino que es un deber que le señala a los mismos nuestra Carta Magna, cuyo Preámbulo establece como uno de los propósitos fundamentales de la Constitución Nacional, la de ‘promover el bienestar general’”. Como los legisladores franceses, Perón consideraba que no podía haber bienestar general sin trabajo bien remunerado.

Cuatro años más tarde, la Constitución de 1949 incorporó, al igual que la Carta Magna francesa de 1946, los derechos humanos de segunda generación (laborales y sociales), así como la igualdad jurídica del hombre y la mujer, y los derechos de la niñez y la ancianidad. No sólo estableció el derecho a una “retribución justa” sino también el “derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales”.

La Constitución de 1949 fue derogada por la dictadura que derrocó a Perón en 1955. Una nueva Constitución, establecida desde un gobierno ilegítimo y con el partido mayoritario proscripto, jibarizó el concepto de salario mínimo, junto con algunos derechos de los trabajadores, dentro del artículo 14 bis. Recién en 1964, bajo el gobierno de Arturo Illia y todavía con el peronismo proscripto, el Congreso restableció el SMVM.

Hace unos días, y luego del fracaso de las negociaciones paritarias, el gobierno de la motosierra fijó de manera unilateral el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que quedó realmente mínimo y poco vital en –redondeando– 280.000 pesos mensuales para trabajadores con jornada completa. Recordemos que de acuerdo al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), una familia de cuatro miembros necesitó en noviembre más de un millón de pesos para no ser pobre.

Según Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el gobierno, corresponde al 47,7% del SMVM de enero del 2018.

El Vocero de Adorno se jactó de ese monto, considerando que el aumento fue significativo, y lamentó que todavía exista un salario mínimo, es decir, un piso fijado por ley: “Tener un salario mínimo es un error conceptual (...) porque si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlas”. Y agregó, ya en pleno frenesí, “esperemos que cuando la Argentina sea completamente normal, conceptualmente el salario mínimo deje de existir”.

Una vez más, nuestra derecha –hoy extrema derecha– hace referencia a una “normalidad” imaginaria, al menos en los países que considera “serios” y dice querer emular. Sólo la alergia tenaz a la historia reciente explica que algunos asimilen el manual neoliberal que hoy volvemos a padecer, a los modelos proteccionistas impulsados por los países desarrollados.

En ese sentido, las preocupaciones de los legisladores franceses de posguerra (“la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el ocio”), no diferían mucho de las de Perón, que defendía el “derecho de los trabajadores al bienestar”. La furia antiperonista logró, sin embargo, que éste sea visto como un tirano, mientras aquellos eran vistos como representantes de un modelo tan virtuoso como anhelado (al menos en teoría).

El Presidente de los Pies de Ninfa nos promete ser Francia si le damos las décadas de gobierno necesarias para lograrlo. Es decir, para convertirnos en un país que estableció hace casi 75 años el “error conceptual” del sueldo mínimo, pero que además sostiene todo tipo de subsidios para los trabajadores –al transporte público, a la energía, a la salud y educación públicas, a la cultura, al ocio–, el primer paso consistiría en destruir el Estado que garantiza dichos derechos y establecer sueldos de miseria.

Como la curación por las gemas, es sólo cuestión de fe.