Todas las políticas tienen efectos de género, incluida la económica. Esto se debe a factores que la economía feminista describió y midió ampliamente hace ya varias décadas: la manera desigual en la que se distribuye la enorme carga de trabajo doméstico y de cuidados no pagos que una sociedad necesita para reproducirse, la composición del mercado de trabajo, la participación de las mujeres y los varones en las distintas ramas, los ingresos que las mujeres y los varones obtienen y de dónde los obtienen, y la forma en la cual las políticas de austeridad cambian diferencialmente la vida de unos y otras. La desigualdad de género no es un invento, ni una ideología, ni una manifestación autovictimizante: es simplemente una constatación empírica.

El género de la macroeconomía 

En un artículo que ya es un clásico (1), Diane Elson y Nilufer Cagatay señalan algunos sesgos de la economía ortodoxa que inciden en el diseño y la programación económica provocando una mayor exclusión y erosión de las condiciones de vida de las mujeres. El primero es el sesgo recesivo: las mujeres tienden a perder sus empleos más rápido que sus pares varones en los momentos de destrucción de empleos debido a las actividades en las que se insertan. Además, como en general se desempeñan en el sector informal, tienen menos acceso que ellos a las redes de seguridad social.

El segundo es el sesgo de proveedor masculino, que implica pensar estrategias bajo la premisa de que la sociedad se compone de familias nucleares en torno a una norma de participación laboral formal, full-time y “para toda la vida”. Aquellas personas cuya participación no se ajusta a esta norma suelen tener menos derechos (obra social, pensiones, cobertura en salud, beneficios tributarios, etc.), o bien sólo pueden ejercerlos como dependientes de aquellos que sí cumplen con la norma. El resultado de este sesgo ha sido la exclusión de muchas mujeres de los beneficios sociales, haciéndolas depender de los varones, especialmente durante los períodos de la vida en los que están involucradas en el cuidado de niños y personas adultas mayores.

El tercero es el sesgo de mercantilización, que ocurre cuando la política macroeconómica está diseñada para minimizar el papel de la inversión pública. No sólo hay presión para reducir el déficit fiscal primario, sino también para bajar los impuestos y el gasto público. Esto tiene implicancias profundas para la mayoría de las mujeres que de hecho proveen de manera desproporcionada el cuidado no remunerado en el que se basa la reproducción de toda la sociedad. En períodos de crisis, es más probable que las mujeres actúen como “proveedoras de última instancia”, pero un problema de este sesgo es que trasciende a las crisis: incluso en períodos de prosperidad es probable que el sesgo de mercantilización lleve a las mujeres, sobre todo a las pobres, a la sobrecarga de trabajo no pago y a distintas formas precarias de empleo y autoempleo.

Todos estos sesgos son consecuencia de la invisibilidad histórica del trabajo de cuidados, necesario para que las sociedades puedan reproducir las condiciones materiales de vida, para que se puedan llevar a cabo actividades cotidianas y participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio. En Argentina, si este trabajo estuviera remunerado, representaría el 16,8% del PBI, por encima del comercio y la industria. El trabajo de cuidados es usufructuado por el conjunto de la sociedad, pero aportado sólo por una parte de ella: las mujeres aportan el 70,2% de las horas destinadas a este trabajo en Argentina. Para cada mujer, esta suma representa un promedio de 6 horas y media diarias, que aumentan con la presencia de niños en el hogar, subiendo a casi 8 horas diarias con un niño a cargo y a más de 10 horas por día con dos.

Dos de las cuatro principales actividades de las mujeres son la docencia y la salud, y en ambas ramas el Estado, en sus distintos niveles, es un empleador importante.

 
Esta asignación social del trabajo de cuidados no se basa en una inclinación natural o en un sentido altruista que las mujeres traen en su información genética, sino que refleja las normas culturales de una sociedad, delineadas a través de la definición de roles y responsabilidades asignadas a varones y mujeres por los sistemas de bienestar. La mayor carga de cuidados que deben administrar las mujeres se traduce en una participación económica subordinada, con menos oportunidades, mayores niveles de inestabilidad, menores ingresos y menos acceso al crédito.

Antes de Milei

Esta división sexual del trabajo genera brechas estructurales en el mercado laboral. En el cuarto trimestre de 2023, las mujeres alcanzaron niveles muy elevados de empleo (49,3%) y actividad (52,5%), llegando al porcentaje más alto de empleo del que se tenga registro estadístico. Aun habiendo alcanzado este récord, las mujeres tuvieron una tasa de actividad de 18,6 puntos porcentuales por debajo de sus pares varones, y una tasa de empleo equivalente a 18 puntos porcentuales también por debajo de la de los varones. Este valor tan elevado de empleo tiene su correlato en el valor más bajo de desempleo para las mujeres de toda la serie de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (2).

Pero las desigualdades en el mercado de trabajo no se circunscriben al nivel de participación, sino también a la calidad del empleo. En efecto, el porcentaje de informalidad de las mujeres asalariadas es superior al de los varones. Si bien la brecha presenta un valor inferior a los años anteriores y a los valores inmediatamente posteriores a la pandemia, cuando rondaba los 5 puntos porcentuales, la misma sigue siendo positiva. Esto no sólo afecta su estabilidad y calidad de vida en el presente (acceso a obra social, seguro de salud, asignaciones familiares, etc.), sino también en el futuro: solo una de cada once mujeres en edad de jubilarse (entre 55 y 59 años) registra 20 de años de aportes o más. Por eso, las tres cuartas partes de las personas que accedieron a su jubilación a través de una moratoria previsional son mujeres, y 9 de cada 10 jubiladas lo hicieron vía moratoria previsional.

La carga de trabajo no pago que realizan las mujeres no sólo obstruye su participación en el mercado laboral; también la condiciona: así, aquellas que logran un empleo se dedican, en la mayoría de los casos, a actividades que reproducen los roles y estereotipos de género y las tareas que realizan al interior de los hogares. Hacia fines de 2023, 3 de cada 10 mujeres con empleos remunerados se dedicaban a la enseñanza, al trabajo en casas particulares o la salud. Sumando a quienes trabajan en comercio, estas cuatro ramas constituyen la mitad del empleo asalariado de las mujeres. Estos sectores se caracterizan por tener salarios y niveles de productividad más bajos (enseñanza, servicios sociales y de salud) y/o de formalidad (comercio y en especial trabajo en casas particulares, que presenta los mayores niveles de informalidad de todo el mercado de trabajo, alrededor del 75%).

Las brechas laborales, consecuencia de las diferencias en la distribución del trabajo no remunerado, llevan a que, en promedio, las mujeres perciban menores ingresos que los varones. De hecho, el feminismo creó un concepto para designar el efecto que las tareas de cuidados tienen sobre los ingresos laborales de las mujeres: la “penalización por maternidad”, que mide la diferencia salarial entre madres y padres, contemplando el nivel educativo y la experiencia laboral, entre otras variables de control. En Argentina, esta diferencia es del 33,7%. Además de la carga de cuidados, la inserción laboral en las ramas más precarizadas e informales se traduce en mayores desigualdades: las mujeres presentan mayores niveles de pobreza y menores ingresos monetarios. El ingreso total individual incluye todas las fuentes de ingreso de una persona, tanto laborales como no laborales. En el cuarto  trimestre de 2023, la brecha de ingreso total individual fue de 25,8%, y la brecha en la ocupación principal fue de 25,4%. Estas brechas son mayores entre los trabajadores y trabajadoras informales, por la prevalencia de trabajadoras domésticas dentro de este sector (las trabajadoras domésticas, casi todas mujeres, representan la actividad con menor salario de la economía argentina).

Con Milei

La desigualdad de género es estructural, pero hay políticas que apuntan a reducirla y otras que la refuerzan. A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, ya se observan algunas tendencias (los datos de la EPH llegan hasta julio) y se pueden esperar otras. Por el lado de la política fiscal y los ingresos, el primer punto a destacar es el aumento de la desigualdad de género: la brecha de ingresos en la ocupación principal aumentó dos puntos en un trimestre, alcanzando el 27,4%.

Esto se debe, en parte, a la devaluación del 54%, que disparó la inflación en los primeros meses del año generando una pérdida del poder de compra del salario, en especial de productos básicos, y sobre todo entre empleados estatales. Si bien el salario real se viene recuperando lentamente luego de una caída de más de 20 puntos, esta recomposición es asimétrica entre varones y mujeres, por varios motivos. Primero, porque la caída fue mayor (30%) y la recuperación es menor en los salarios estatales. Y dos de las cuatro principales actividades de las mujeres son la docencia y la salud, y en ambas ramas el Estado, en sus distintos niveles, es un empleador importante, mayoritario en casi todas las provincias. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente profundizó esta disparidad. Por otro lado, la eliminación de los reintegros del IVA, especialmente a sectores vulnerados (titulares de Asignación Universal por Hijo, jubilación mínima y pensiones no contributivas) también amplió la brecha de ingresos, porque el 70% de los sectores identificados como “vulnerables” son mujeres. Además, el recorte en las transferencias a las provincias (de alrededor de 60%) contribuye a incrementar las desigualdades geográficas, también entre mujeres.

Todos estos datos son compatibles con una política fiscal extremadamente contractiva, que implicó una reducción del gasto del 29,8% en la que se destacan las transferencias corrientes (41,4%) y prestaciones de la seguridad social (26,8%), que explican casi el 70% de la caída. Obviamente, las mujeres son mayoritariamente beneficiarias de estas transferencias y prestaciones.

Hay también un aspecto de la gestión actual que va más allá de la política fiscal: el impacto sobre las mujeres de políticas que fueron eliminadas o reducidas por este ajuste. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, por ejemplo, tenía como principal programa el acompañamiento a víctimas de violencia de género a través de un apoyo económico, legal y psicológico. En general, las víctimas no cuentan con recursos propios, muchas veces no pueden ni siquiera pagar el transporte hasta una comisaría o fiscalía para hacer la denuncia. Este programa (llamado Acompañar) casi no registró nuevas altas este año. Otro ejemplo son los jardines y espacios de primera infancia. En 2024, no se construyeron jardines ni espacios nuevos (entre 2019 y 2023 se construyeron 400 nuevos jardines y espacios, y se refaccionaron más de 300). Se trata de lugares claves para que las mujeres que tienen hijos puedan trabajar de manera remunerada. Otro ejemplo: el programa Registradas, de subsidio a la registración de trabajadoras de casas particulares, que también fue dado de baja. Otro ejemplo: el plan de prevención del embarazo adolescente, que había logrado disminuir el embarazo adolescente en un 50% y que representaba un gasto insignificante en el Presupuesto Nacional.

En suma, la cantidad de ejemplos de este tipo muestra que el problema no es sólo el ajuste, sino también qué se ajusta y cuál es el costo de este ajuste: más allá de las preferencias sobre la autonomía sexual de las mujeres, ¿es “rentable” para el Estado que en un año se duplique el embarazo adolescente? ¿Es conveniente para Argentina? Las interpretaciones son claves para entender la política, pero el agua moja.

El “sesgo recesivo” del que hablaban Elson y Cagatay también está muy presente hoy, no sólo en términos salariales (con la docencia y la salud, áreas muy afectadas), sino también en relación a otros sectores. Las trabajadoras de casas particulares, especialmente en el primer trimestre, fueron el sector que más subió entre los nuevos desocupados, junto con la construcción, que actualmente se está recuperando. El comercio, principal actividad económica de las mujeres, también se vio afectado severamente.

Finalmente, el conjunto de estas políticas produce un efecto tiempo muy marcado sobre la vida de las mujeres: ¿Quién se encarga de los chicos cuando no se puede pagar más la cuota del jardín? ¿Quién cuida al abuelo si hay que recortar las horas de la cuidadora? ¿Quién sale a buscar precios, descuentos, promociones? ¿Quién tiene que moverse hasta otra ciudad para llevar a los chicos al médico cuando renuncian los profesionales del hospital más próximo? La evidencia disponible sobre uso del tiempo en Argentina arroja que más del 70% de las horas que se invierten en estas tareas las aportan las mujeres.

Pero no debería llamar la atención. Los comentarios de Milei y muchos de sus funcionarios y voceros sobre las mujeres han circulado ampliamente desde la campaña de 2023: que no existe la brecha salarial, que la interrupción del embarazo es una “agenda asesina”, que las mujeres “que no aportaron” no deberían poder jubilarse, que su lugar es el hogar y el cuidado de los hijos (de dos patas), que la perspectiva de género está “prohibida”, y varias cosas más. La política económica parece ser consistente con estas afirmaciones. Quizás por intuición femenina, según la consultora Zuban Córdoba, en la primera vuelta electoral sólo una de cada cinco mujeres votó a La Libertad Avanza; en el ballottage, esta proporción ascendió a dos de cada cinco, contra tres de cada cinco varones. La diferencia entre mujeres y varones en la opinión sobre Milei sigue siendo de unos 20 puntos, dando lugar a lo que podría convertirse en un nuevo clivaje político. γ

1. Diane Elson y  Nilufer Cagatay, “The Social Content of Macroeconomic Policies”. World Development, N°7, Vol.28, 2000.

2. Encuesta Permanente de Hogares, publicada trimestralmente por el INDEC.

3. Sol Prieto, “La inclusión subordinada. Las mujeres antes y después de 2001”, Después del terremoto, China Editora, Buenos Aires, 2021. Disponible en: https://bit.ly/3B3wR2t

Por Sol Prieto * Investigadora (CEIL-CONICET) y docente (UDESA-UBA). / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur