La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, producto del cambio en la política económica implementado por el gobierno de Javier Milei, representó la mayor caída mensual de los últimos 30 años. Sólo durante diciembre del año pasado, el salario promedio registrado se redujo un 11,4 por ciento. Si bien, en septiembre habían evidenciado una recuperación con respecto a ese primer desplome, el promedio de los primeros 10 meses de gestión (diciembre a septiembre, medido por el Sistema Integrado Previsional Argentino) evidencia una caída del 8,4 por ciento interanual en el poder adquisitivo, situándose en niveles similares a los de 2007.

Las caídas más significativas fueron en “los ingresos de las familias que dependen del Estado es una de las características salientes de los primeros meses de gobierno: jubilaciones, salarios públicos y programas sociales representan prácticamente el 50 por ciento del ajuste histórico que llevó adelante este gobierno”, según el borrador del informe de la Fundar que presentará este viernes.

Antes del salto devaluatorio de diciembre de 2023, el salario promedio del sector privado registrado se encontraba en su nivel más bajo de los últimos 14 años. De todos modos, el cambio de administración implicó un viraje importante en la política económica: el énfasis en la protección de los puestos de trabajo y el mercado interno en el marco de una inflación muy alta fue reemplazado por un programa que intenta desacelerar los precios por la vía de un fuerte ajuste fiscal. “La elección de un plan antiinflacionario basado en un ajuste ortodoxo tiene elevados costos sociales”, señala el documento elaborado por los economistas Sebastián Etchemendy, Federico Pastrana y Joan Manuel Vezzato.

La caída de los ingresos de las familias que dependen del Estado es una de las características salientes de los primeros meses de gobierno. Jubilaciones, salarios públicos y programas sociales representan prácticamente el 50 por ciento del ajuste histórico que llevó adelante este Gobierno. El ajuste fiscal tiene también otra consecuencia importante: refuerza la caída de la actividad y el empleo. “El contexto recesivo será un factor que no sólo impacta sobre la designación, sino también sobre la menor capacidad que tienen los ingresos de recuperarse, especialmente en los asalariados que están en sectores muy afectados por la recesión”, afirma el documento de Fundar.

Quienes aguantaron y quienes cayeron

El contexto macroeconómico adverso y los recortes en el Estado fueron complementados por ciertas reformas estructurales, que atacaron de facto las instituciones laborales que regían hasta el cambio de gobierno. Desde el vaciamiento de las instancias colectivas como el Salario Mínimo Vital y Móvil o el Salario Mínimo Docente, pasando por la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y los fondos destinados a las universidades (que repercuten en el salario de los docentes universitarios), hasta la fuerte contracción de los salarios de las trabajadoras de casas particulares.

La vigencia de la negociación colectiva permitió históricamente para estos sectores un rápido reacomodamiento que elevó la nominalidad de la discusión paritaria. En enero la variación nominal del promedio fue 23,1 por ciento frente a una inflación del 20,6 por ciento. Sin embargo, entre febrero y marzo el gobierno intentó una moderación salarial que se dio en el marco del cambio de autoridades de la cartera de Trabajo.

A partir de abril, con una desaceleración de la inflación, el salario promedio del sector privado registrado comenzó a recuperar parte del poder adquisitivo perdido, aunque con cierto retraso y siguen, en promedio, con una pérdida de poder adquisitivo de 3 por ciento. Por ello, este sector se convirtió en uno de los que menos deterioro sus ingresos y más rápidamente logró recuperar parcialmente la caída.

La existencia de instancias de negociación colectiva de las que disponen los trabajadores asalariados registrados genera una ventaja frente a los asalariados no registrados y a los no asalariados (principalmente cuentapropistas informales, trabajadores independientes de ocios y profesionales independientes). Durante el período analizado, los no asalariados experimentaron, en promedio, una caída del 13 por ciento en sus ingresos, mientras que los asalariados no registrados sufrieron un deterioro del 19 por ciento.

Los ingresos de asalariados no registrados representan alrededor del 43 por ciento de los ingresos de los registrados. Sin embargo, producto de una mayor caída de los no registrados en el último trimestre, esta relación pasó a ser menor al 40 por ciento en este período. Los ingresos de asalariados no registrados representan alrededor del 43 por ciento de los ingresos de los registrados; sin embargo, producto de una mayor caída de los no registrados en el último trimestre, esta relación pasó a ser menor al 40 por ciento en este período.

Públicos versus privados

“La segunda heterogeneidad está vinculada al sector en el que se encuentra el trabajo asalariado y, en consecuencia, quien es la contraparte en la negociación colectiva”, destaca el informe de Fundar. En el sector público, en cambio, la negociación involucra a los sindicatos, pero tiene como contraparte de la negociación al Estado.

Con el arribo del gobierno de La Libertad Avanza, el gasto operativo en salarios del sector público fue objeto de un importante recorte explicado tanto por la importante cantidad de despidos, como por una negociación salarial que no se ajustó a la nueva nominalidad de la inflación. Esto implicó que la caída de los salarios del sector público, según la medición del INDEC, fuera del 22,1 por ciento entre noviembre y enero, mucho mayor que la del sector privado (12 por ciento). “La recuperación también fue mucho más débil”, advierten los economistas en su informe.

Hacia adentro del sector público, incluso, encontramos mayores disparidades. El salario de los docentes universitarios sufrió un recorte aún mayor que el promedio. La caída del poder adquisitivo entre noviembre y enero para este segmento de trabajadores fue del 30,3 por ciento y, si bien tuvo una leve recuperación a posterior, fue tan débil como en el promedio del sector público (21,9 por ciento).

La heterogeneidad hacia adentro del sector privado también fue elevada. Si bien todos los sectores caen durante el período de análisis, algunos lograron prácticamente empatar el poder adquisitivo. Tal es el caso de bancarios (-0,3 por ciento), alimentación (-2 por ciento) y comercio (-2 por ciento). De los dieciséis convenios más relevantes, doce tuvieron caídas promedio mayores al 5 por ciento, encabezando la caída por transporte urbano (-21 por ciento), gastronómicos (-19%) y encargados de edificios (-18 por ciento).

Los desempeños más contractivos se explican por el retraso en la firma de los acuerdos, así como por incrementos intermitentes a lo largo del período que no alcanzaron la inflación pasada).

Último, las jubilaciones

Las jubilaciones no fueron la excepción al ajuste y en su desempeño se evidenciaron dos trayectorias negativas diferenciadas. Por un lado, las jubilaciones que perciben el monto mínimo (47 por ciento del total) transitaban hasta el cambio de gobierno por un sendero de empate frente a la aceleración inflacionaria. Este segmento de haberes estaba regido por la fórmula de movilidad vigente (relacionada con la evolución de los salarios imponibles y de la recaudación).

No obstante, estos ingresos componían también un bono compensatorio otorgado de manera discrecional por el Poder Ejecutivo que permitió conservar el poder adquisitivo de los haberes mínimos, el cual llegó a representar prácticamente el 35 por ciento del haber total.

Con la nueva fórmula, la actualización de los haberes respecto de la inflación pasada logró una rápida recuperación del poder adquisitivo, el congelamiento del bono impidió que esa recuperación llegue a los niveles previos al salto devaluatorio. En junio los haberes mínimos se encontraban todavía un 1,4 por ciento por debajo del nivel de noviembre del año previo. En promedio la caída de la jubilación mínima entre diciembre y septiembre comparado con el mismo período del año anterior fue del 16,1 por ciento, resalta Fundar. En promedio la caída de la jubilación mínima entre diciembre y septiembre comparado con el mismo período del año anterior fue del 16,1 por ciento.

El resto de las jubilaciones, sin estar afectadas por el congelamiento del bono y regidas únicamente por la fórmula de movilidad, tuvieron una recuperación más acelerada, que les permitió en septiembre aumentar un 10,4 por ciento su poder adquisitivo frente a los haberes de noviembre. Sin embargo, si se compara el promedio del período, la caída de este segmento de jubilaciones fue mucho más abrupta, llegando al 24,5 por ciento.

Por Cristian Carrillo / El Destape