El último dato del índice general de precios para octubre evidenció una desaceleración de la inflación vinculada a la fuerte contracción del consumo de bienes esenciales, que cayó 20,4% ese mes. Sin embargo, el rubro "Vivienda y servicios" (electricidad, agua, gas) volvió a encabezar las subas por tercer mes consecutivo con impacto de los recortes de subsidios y el alza tarifaria. En tal escenario, los gastos fijos aumentaron su peso en las economías domésticas, dando cuenta de lo que realmente sucede con el costo de vida de las familias argentinas. Asimismo, crece la preocupación del sector de cooperativas de servicios públicos en alerta por las consecuencias para su propio funcionamiento y para cientos de localidades del país. 

Mientras se desacelera la inflación (2,7% mensual en octubre) el consumo no repunta compensando, en parte, los aumentos de tarifas en el bolsillo de las y los trabajadores. Tal como sucedió a lo largo del año, en noviembre volvieron a aumentar las tarifas de la electricidad (+2,5%) y de gas (+2,7%) dando lugar a un escenario donde, desde diciembre del año pasado al presente, el costo del conjunto de servicios públicos (gas, agua, transporte, electricidad) creció 370% (IIEP-UBA), muy por arriba de la inflación y los salarios, multiplicando por dos el peso en el ingreso promedio el hogar.

A su vez, en un contexto que combina aumentos sostenidos de tarifas, desigualdades regionales y decisiones políticas que afectan el día a día de la población, la necesidad de planificación en el sector de servicios y energético en particular vuelve a estar sobre la mesa, mientras crece la preocupación por la suspensión de inversiones que podrían agravar las interrupciones del servicio en el verano. 

Crecen los gastos fijos en el hogar

La inflación de servicios sigue en alza. El rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” del índice de Precios al Consumidor que releva el INDEC, fue el de mayor impacto en octubre (+5,4%), encabezando los rubros de más incremento en la segunda mitad del año y tras picos de dos dígitos entre enero y abril. Con respecto al mismo mes de 2023 creció 286%, superando ampliamente al nivel general (+193%). 

Al respecto, un informe de la consultora Empiria sostuvo que el continuo deterioro del consumo masivo se vincula con que, si bien los salarios recuperaron algunos meses parte lo perdido desde la mega devaluación de diciembre, el ingreso disponible de las familias sigue para atrás afectado por el mayor peso de los gastos fijos. En lo concreto, esos gastos que abarcan servicios indispensables como el transporte, energía, agua, gas pasaron de representar el 15,6% al 22,7% de la canasta familiar. Calculando ingresos menos gastos fijos la pérdida real (considerando inflación) de lo disponible se ubicaría en 14,5% entre noviembre 2023 y septiembre 2024, impactando directamente en el consumo masivo de la población: se derrumbó 20,4% interanual en octubre y 22,3% en septiembre, acumulando caídas en todos los meses de este año, según la consultora Scentia.

“Estudio en la Universidad y trabajo de administrativa en una empresa y además suelo cubrir horas en una pizzería. Actualmente el pago de los servicios e impuestos implica la mitad de mi sueldo, porque se incrementaron entre un 40 y un 60%, sobre todo la luz y el agua, y mi sueldo no aumentó eso”, dijo en diálogo con este medio Renata, quien vive en Mar del Plata. Según contó, “estoy pensando estrategias para poder llegar a fin de mes, tomarme los colectivos para ir a cursar y a trabajar y tener un plato de comida”. Sobre esto compartió, “dejé de consumir queso, lácteos en general y bajé la cantidad de carne”. Su realidad se inscribe en la de muchas familias del país, ya que datos sectoriales reflejan que el consumo de carne alcanzó en septiembre la peor cifra en casi 30 años a la par que la ingesta de leche se derrumbó un 12% en lo que va del año.

De acuerdo con las últimas estadísticas del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-Conicet, en octubre un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios gastó $134.414 pesos para cubrir una canasta básica de servicios que incluye energía, transporte, agua y gas. Con respecto a diciembre de 2023, el costo de esa canasta creció 369%.

“En enero pagaba 740 pesos de gas y ahora estoy en 5.800 pesos, y en agua pasé de 5.000 a 20.000 pesos. Después el internet y cable tuve una suba del 100% contando desde inicio de año y la prepaga pasó de 32.000 a 75.000”, detalló Ignacio, joven rosarino que actualmente también sostiene dos trabajos (administrativo y en una carpintería) para tratar de llegar a fin de mes. Sobre sus ingresos contó que “en seis meses pasamos 900.000 a 1.400.000 pesos, entre lo mío y de mi pareja, un poco más del 50%, contra aumentos de servicios de más del 100%”. La canasta básica que mide el INDEC para un hogar de dos adultos de hasta 29 años llega ya a 500.000 pesos, sin incluir el pago de alquiler y expensas. Esto último es uno de los factores que más preocupan a María Sol, también desde Rosario asegura que “el aumento del alquiler es lo que más sentí en este tiempo, a esto se suma que pasé de pagar en gas 2.500 a 30.000 pesos en la última factura”. La joven está anotada como empleada de comercio y acaba de ser mamá, según el INDEC el costo de la canasta de crianza ascendió en octubre a los $388.184 pesos para menores de un año. 

Su situación no es aislada, de acuerdo con los últimos datos de salarios medidos por el INDEC para septiembre “la recuperación salarial volvió a desacelerar”. Así lo analizó el especialista Luis Campos (Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A) quien indicó que “a partir de abril los salarios volvieron a crecer gracias a paritarias que miraban a la inflación pasada con un IPC que mostraba números decrecientes pero este fenómeno está llegando a su fin. En septiembre el aumento del salario real fue el más bajo desde entonces”. Así, “el sector privado registrado está en valores que se ubican casi 4% por debajo del promedio 2022-2023; el sector público, con una pérdida de casi el 20%. En promedio, el salario real de los trabajadores registrados tiene a cristalizar una caída de casi el 10% en comparación con el promedio de 2022-2023 (-25% contra fines de 2016)”. 

El mayor peso de las tarifas públicas tiene que ver con la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar un fuerte ajuste en el gasto público, incluso con recortes más fuertes que los que pide el propio FMI. En ese sentido, al interior de los gastos corrientes sobresalen por su magnitud los recortes en los subsidios a la energía y el transporte que, según el Centro de Investigación y Formación (CIFRA), cayeron 40,6% en términos reales entre 2023 y 2024, y 65,3% si se compara con 2015. Los Servicios económicos en Energía, combustibles y minería sumado a Transporte y Comunicación representaban el 4,6% PBI en 2015 mientras que con la actual gestión pasarían a representar solo el 1,2% del PBI en 2025.

Como resultado, el impacto de los servicios no pasa inadvertido en distintos puntos del país. Mateo tiene un restaurante en Posadas (Misiones) y sufrió en forma directa el desplome del consumo de la población: “las ventas bajaron 40% durante todo el año, recién este mes hubo un pequeño recupero, pero no estamos a niveles del año pasado que eran ya bajos. Pese a esto, de luz en el local pasamos de 100.000 pesos en noviembre 2023 a cerca de 500.000 pesos con baja de las ventas, o sea, con menor productividad por ende menor consumo. De agua pasamos de 10.000 pesos a 90.000 pesos, y lo que más aumentó fueron los insumos”. Por ejemplo, la mozzarella que hace un año atrás pagaba $2.250 el kilo, ahora está $7850/kg. También en Misiones, pero en la localidad de Montecarlo, la palabra de Mariel refleja el impacto del mayor costo de vida: “Tuve que volver a vivir con mis padres porque no pude hacer frente a fue la suba del alquiler más los servicios. Ahora lo que más noto es la deuda en tarjeta de crédito para comprar alimentos, porque somos tres en mi familia y de igual manera no nos alcanza. Trabajo de administrativa en un estudio jurídico, mi mamá es jubilada docente y mi papá está por jubilarse. En cuanto a salud, me pago una obra social que tuvo demasiados aumentos así que tuve que dejar de hacer otros gastos como actividades recreativas”, contó.

En Córdoba, la situación de Lucía no es muy dispar. “Estoy estudiando en Río Cuarto, tengo la ayuda de mis padres y sumo un trabajo propio. El año pasado, en este mismo mes, pagaba 2.500 pesos de luz y ahora llega a 17.800 pesos, en el caso del gas, gastaba 5.000 pesos y hoy estoy en 31.000 pesos. Tengo incluso compañeros de la Facultad que no tienen gas natural, porque no hay en toda la ciudad, y usan gas envasado, que es bastante más caro y los meses de invierno, han llegado a pagar hasta 100.00 pesos para calefaccionase”. La joven aclaró “muchos venimos de otras localidades y los alquileres aumentaron un montón, superan los 500.000 pesos, para que se entienda es un valor muy grande para esta zona, ya que hace un año atrás no había alquileres por encima de 100.000 pesos”. 

Casi un 20% de las personas en Argentina viven en hogares que alquilan, porcentaje que en la franja etaria de 30 a 45 años escala cinco puntos más, en el Gran Córdoba -por ejemplo- ya se encuentra en el 31%. El esfuerzo que representa el pago del alquiler para las economías domésticas es muy alto: el 90% de los hogares que destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler es pobre. Esto, además, se traduce en viviendas con mayores niveles de hacinamiento. En el AMBA el 20% de los hogares inquilinos vive en condiciones de hacinamiento. Porcentajes semejantes se registran en Rosario (21%), Córdoba (20%) y Mendoza (23%).

“Vivo en barrio muy humilde y aún así pagamos muchísimo de luz, las últimas cuatro boletas fueron de 200.000 pesos por mes, solo vivimos tres personas en una casa particular, y dos trabajamos todo el día afuera”, comentó Daiana de Corrientes sobre el aumento drástico de los precios de la energía y la presión financiera para las familias. La joven es abogada y junto a su pareja trabajan de forma independiente, y su papá, que es jubilado de la mínima cobra, cobra 250.000 pesos por lo que “no podría vivir solo en esta casa porque pagaría la luz y se quedaría sin nada cuando tiene todos los meses casi 100.000 pesos de gastos de farmacia con el PAMI, ya que los medicamentos que le cubrían al 100% terminaron reduciéndolos hasta el 50%”. Según compartió con este medio, “los ingresos que tenemos van para el pago de impuestos y algo de mercadería, casi nada de carne. Tenemos 29 años, hace no mucho terminamos la facultad y empezamos a buscar un trabajo que nos alimente, que nos dé la posibilidad de ahorro, pero todavía seguimos haciendo malabares y los pocos ahorros que juntamos hace dos años, los estamos usando ya para poder comer”. 

Alarma en las cooperativas y localidades del país

En los diferentes puntos del país, son las cooperativas las que juegan un rol clave. En el caso particular de los servicios públicos, los datos oficiales muestran que más de 4 millones de familias argentinas reciben servicios públicos a través de éstas, que proveen agua, gas, electricidad, internet, telefonía y otros. En diálogo con El Destape, Luis Castillo, titular de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (CONAICE) señaló que “al contrario de lo que mucha gente cree que este tarifazo favorece a las cooperativas, lejos estamos de eso. Lo que ha aumentado son las tarifas para los generadores de electricidad, no para los distribuidores que sería nuestro caso. Estamos sin ninguna posibilidad de crédito, sin financiamiento, pese a que somos elementos indispensables para brindar el servicio y garantizar calidad a miles de personas porque ni el Estado y mucho menos el capital privado ha ido a instalarse en una pequeña comunidad”. En ese sentido indicó que muchas cooperativas están implementando planes de pago para las familias, que no están llegando a cubrir las facturas o para las propias pymes. 

En diciembre pasado se publicó el DNU 55/2023 que declaró “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, hasta el 31 de diciembre de 2024.”. El decreto, que intervino los entes reguladores, allanó el camino para que el gobierno avance con los aumentos de tarifas mediante la “revisión de precios” y la premisa de “libre competencia y acceso”. Desde entonces, la Secretaría de Energía aplicó en el año aumentos en el precio mayorista de la energía eléctrica.

“Si bien nuestros socios y usuarios de las 14 provincias donde estamos hacen un esfuerzo enorme para responder a los aumentos de tarifas, lo cierto es que para que esa ecuación vaya cumpliéndose necesariamente se tiene que, primero, acomodar el bolsillo de quien paga”, indicó a este medio José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) y valoró que “la gente está haciendo un esfuerzo, por lo menos en la parte del interior del país, para cumplir con las facturas pese a las dificultades, lo que también nos obliga a hacer el máximo a nosotros que estamos distribuyendo la energía y en eso estamos trabajando”.

Las cooperativas son el primer mostrador ante una parte importante de la población de la Argentina, tanto usuarios residenciales como productivos, y se enfrentan a la necesidad de mantener la calidad del servicio a pesar de los retos económicos y las decisiones políticas que a menudo afectan las tarifas y el acceso a recursos.

“La energía de compra aumentó 1000% y el valor de la distribución, que es lo que cobramos las cooperativas, con suerte, aumentó el 80%. Entonces, ahí tenemos un problema grave desde el punto de vista tarifario”, advirtió Omar Zorzenon, coordinador de la comisión de política energética de FACE. Asimismo, agregó “el problema es la distribución de la riqueza porque los sueldos están caídos y la gente no puede pagar en las provincias el servicio”. Otro punto que destacó tiene que ver con “la falta de inversiones, que es responsabilidad de todos los gobiernos, y ocurre tanto en la generación, como en transporte y en la distribución” a la vez que advirtió que “podemos tener problemas en el verano por esto”. Finalmente cuestionó que las cooperativas “quedamos en el medio de una pelea política por el tema de las tasas e impuestos en las facturas, se han generado un montón de problemas por el desconocimiento además de cómo funciona el día a día de la dinámica en las localidades del país”, cerró.

Por Eugenia Rodríguez / El Destape