“Son los Copitos de Comodoro Py”. Con esta durísima definición, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner asimiló a los jueces de la Casación Federal con el grupito que intentó matarla el 1º de septiembre de 2022. La exmandataria hizo referencia a aquel título posterior al atentado “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, marcando que, tanto aquel grupo que vendía copitos de azúcar como estos magistrados, intentaron e intentan terminar con su vida física y política. Cristina dio a conocer en las redes sociales un texto antes de la audiencia prevista para este miércoles. El escenario será ocupado, a las 11, por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, en lo que la mayoría de los habitués de Comodoro Py consideran -irónicamente-, una sesión de fotos de los magistrados. Por lo que se sabe, se ratificará la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta, aunque CFK no irá presa dado que se presentará un recurso ante la Corte Suprema. 

Los Copitos y el delito imposible

En su texto, Cristina describe a los jueces que denomina Los Copitos de Comodoro Py. “Son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la magistratura. Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu, el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de los jueces… te la debo”. 

La expresidenta también hizo referencia a que un presidente no tiene, ni remotamente, facultades para intervenir en una licitación y adjudicación realizada en una provincia. “¿Por qué me condenan Los Copitos de Comodoro Py? --pregunta retóricamente CFK--. Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015. Tan es así, que ningún jefe de Gabinete de la Nación --constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país-- fue acusado y que el propio ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, siguió Cristina. 

Además, subrayó que la causa "empezó como un show y va a terminar de la misma manera". Recordó que la primera audiencia del juicio tuvo lugar el 21 de mayo del 2019, "en perfecta sintonía con el cronograma electoral" de aquél año, y que los camaristas "estiraron el juicio" otros cuatro años para repetir el procedimiento hasta llegar a marzo del 2023 --otro turno electoral--, cuando leyeron "los fundamentos de la condena". CFK remató esa línea argumental subrayando que el "show" de este miércoles volverá a coincidir con un hecho político, esta vez con su llegada a la presidencia del Partido Justicialista. "Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho", apuntó.

En varios pasajes de la carta, CFK remarcó que el fallo busca proscribirla "de por vida" para ejercer cargos públicos. En uno de esos pasajes compara esa pena con la que recibieron los verdugos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó un reguero de sangre. El entonces secretario de seguridad de Fernando de La Rúa, Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron la inhabilitación por 9 años y medio y por 8, respectivamente. "Osea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí", argumentó.  

Esa comparación, dijo, "ilustra mejor que nada el zafarrancho judicial" del fallo de hoy y que "el verdadero objetivo" es proscribirla. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", remató. "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder", concluyó. 

Otro capítulo bochornoso

Este miércoles se cerrará otro capítulo bochornoso de esta historia que nació con toda la intención de perseguir a la ex presidenta. Poco después de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri designó en Vialidad Nacional a un ultramacrista, Javier Iguacel. Su resolución número 1 fue ordenar una auditoría de las obras viales, no en todas las provincias ni en algunas, sólo en un distrito: Santa Cruz. El objetivo era, sin dudas, el kirchnerismo y Cristina en particular. 

Los tres auditores designados por el macrismo llegaron a las siguientes conclusiones:

* “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”

* “lo que figuraba como pagado estaba hecho”.

* "si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento".

O sea, la auditoría destrozó la publicidad puesta en marcha por Macri y los medios aliados: no hubo obras que no se hicieron; no se pagó nada que no estuviera construido; lo construido estuvo bien construido. 

Denunciar, como sea

Pese a semejantes conclusiones, el propio Iguacel hizo la denuncia en enero de 2016, cambiando las acusaciones con el correr de los meses.

* Por ejemplo, sostuvo que a Santa Cruz se le habían adjudicado demasiadas rutas, cuando la realidad es que las obras -como señala CFK en su texto- se votaron en el Congreso Nacional. Más o menos se construyeron un 12 por ciento del total de kilómetros adjudicados en todo el país, proporción muy similar a la extensión de esa provincia: 12 por ciento del territorio nacional.

* Después el argumento central pasó a ser que el gobierno de CFK favoreció a Lázaro Báez porque éste ganó 51 de los 81 tramos que se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz y se controlaron en Santa Cruz. Como declararon varios empresarios en el juicio, incluyendo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, era lógico que ganara Báez porque tenía el personal y las máquinas en Santa Cruz y porque contaba con el know how para trabajar en un terreno muy dificultoso. El mismo fenómeno se repetía en muchísimas provincias: las constructoras de la zona hegemonizan las obras, juegan de locales.

* En todo el proceso de la causa no se hizo ni una pericia. O sea, se llegó al juicio oral sosteniendo que había sobreprecios en las obras, pero en cuatro años no se había ordenado ni un solo estudio para sostener semejante acusación. 

* Los fiscales sostuvieron que los Kirchner sacaban rédito de las obras, porque como le habían alquilado dos hoteles y oficinas a Lázaro Báez, esos alquileres eran una especie de coima que pagaba el constructor. El abogado de CFK ofreció que en el juicio oral se incluyera el expediente Hotesur-Los Sauces para tratar todo como un conjunto. Los jueces se negaron. Es que las proporciones no encajaban para nada: Báez hizo obras por 21.000 millones de pesos y los alquileres -concretados a precios de mercado- sumaron 10 millones de pesos, o sea el 0,04 por ciento. Obvio que no había proporción alguna.

*Un punto fundamental de la acusación contra Cristina es que la mandataria firmó el decreto 54 de 2009 que habilitaba a usar un fideicomiso, armado en función de un impuesto a los combustibles, para pagar las obras viales. En realidad, el decreto habilitó el mecanismo para las obras de todo el país: unas 500. 

Pero el punto central es lo que marca CFK en su pronunciamiento: la mandataria de entonces no intervino en nada, no hay una firma -ni podría haberla- de la presidenta en ninguna de las licitaciones, adjudicaciones o pagos.

El juicio eterno

Las audiencias de la causa Vialidad se desarrollaron a lo largo de tres años y medio. Nada menos. En ese tiempo, el abogado Beraldi pidió el apartamiento del fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Gimenez Uriburu porque jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, y también recusó al juez Jorge Gorini por reuniones con la ministra de Macri, Patricia Bullrich. El letrado sostuvo que había fundadas sospechas para dudar de su imparcialidad. 

*En todo el juicio no se pudieron demostrar sobreprecios en las obras. Los tres especialistas convocados no se pusieron de acuerdo y los dos peritos oficiales, del tribunal y la fiscalía, naufragaron de manera estrepitosa. De manera insólita, los propios jueces se constituyeron en peritos y dijeron que el estado fue perjudicado en 646.000 millones de pesos, un cálculo arbitrario que hicieron en base a cinco de las 81 obras viales de Santa Cruz. Nadie sabe cómo se hizo ese cálculo.

*A lo largo de todo el juicio, ni los fiscales ni los jueces pudieron explicar por qué los competidores de Báez, es decir otras empresas constructoras, no objetaron las licitaciones, no judicializaron las adjudicaciones. Los magistrados dijeron que todos fueron cómplices de la maniobra, algo imposible porque los demás empresarios, nucleados en la Cámara de la Construcción, odiaban a Báez. Por otra parte, nadie fue acusado de cómplice. 

*Un punto central es que en los tres años y medio de audiencias -presenciadas por este cronista- ni un solo testigo nombró a Cristina, señaló alguna intervención de la entonces presidenta, no se presentó un correo electrónico, un mensaje algún elemento mediante el cual la mandataria indicara que se le de alguna ventaja a Báez.

*Al final del alegado, huérfanos de prueba, los fiscales Luciani y Diego Mola alegaron que en el celular de José López, aquel secretario de Obras Públicas sorprendido tirando millones de dólares en un convento, aparecieron mensajes en los que se pactó una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, en noviembre de 2015. Se argumentó que en ese encuentro se pactó un pago a Báez de millones de pesos. La reunión no existió y no hubo pago alguno. Aun así, eso se llamó la operación Limpiar todo, antes de dejar el gobierno. Puro marketing persecutorio. 

La trama de la persecución

El fallo del Tribunal Oral fue revisado por la Sala IV de la Casación. Los tres jueces fueron recusados por Beraldi y su socio, Ari LLernovoy. Como relata Cristina: Mariano Borinsky por haber estado 18 veces con Mauricio Macri, en algunas oportunidades jugando al tenis en Olivos. Gustavo Hornos porque fue seis veces a la Casa Rosada, siempre en vísperas de fallos importantes, y se encontró en esas visitas también con Macri. Barroetaveña porque ya había opinado contra Cristina en otra causa igualmente deplorable -la llamada Ruta del Dinero, donde no apareció nunca una cuenta o sociedad de los Kirchner- y, además, encabezó listas de magistrados alineadas con el macrismo. Respecto de Hornos pesan también las acusaciones por violencia de género de sus dos parejas, lo que incluye una violación. Cualquier juez con semejantes imputaciones se aparta de todas sus causas hasta que haya una definición. Lo cierto es que todas las recusaciones fueron rechazadas. Por lo tanto, lo que ocurrirá este miércoles, era previsible. 

Finalmente, no deja de ser simbólico la impactante visita de funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano a Comodoro Py en el mediodía de este martes. Todos saben desde hace dos meses que el fallo contra Cristina se dictaría el 13 de noviembre. La visita de la troupe de Washington a la Casación, un día antes, no deja de ser un respaldo público a una política -el lawfare, el uso de la justicia para la persecución- que no tiene un diseño original argentino: se usó contra Lula, en Brasil; contra Rafael Correa en Ecuador; contra Evo Morales en Bolivia; contra Fernando Lugo en Paraguay. El guión está dictado desde el norte y va contra cualquier mandatario o dirigente progresista.

Por Raúl Kollmann / P12