El gobierno diseñó un plan para avanzar, de manera definitiva, sobre Aerolíneas Argentinas. Y, esta vez, parece estratégicamente diseñado para no fallar. Y al final del camino, terminar con la empresa de propiedad del estado argentino. Al menos tal como se la conoce hasta ahora.

La idea es avanzar seriamente con un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas (PPCE), según la ley de empleo 24.013 (artículos 98 a 105) y el decreto complementario 265/02. Con esto se generaría un conflicto de magnitud con todos los gremios importantes que derivaría en una especie de “guerra” que terminaría con la quiebra y cierre de la compañía. Y el posterior relacionamiento con otra empresa. El espejo que mira el gobierno es uno muy cercano en el tiempo: el de Alitalia, la histórica y legendario empresa aerocomercial Italiana, ya extinta y reemplazada por una nueva sociedad: ITA Airways. Hay quien aventura en la Casa Rosada que al final de la historia, repitiendo la experiencia del país europeo, habrá un renacimiento de Austral o la creación de una nueva empresa. Se verá.

La estrategia que varios asesores llevaron al escritorio de Javier Milei, y este avaló, es la siguiente.

En los próximos días terminarán de diseñarse los papeles correspondientes para avanzar en una PPCE. La base de la presentación no serán los conflictos gremiales, sino la imposibilidad de continuación de la operatoria bajo los actuales números contables de la compañía. Según el gobierno, a tiempos actuales, Aerolíneas Argentinas estaría perdiendo unos 2 millones de pesos mensuales o 24 millones anuales. Según el gobierno, en una Argentina en crisis, sin dinero y en plena reestructuración de su macro y microeconomía, no sería posible continuar operando Aerolíneas en las actuales circunstancias; ya que, en términos y lógicas privadas, sería una empresa con números imposibles de sostener. En este marco de dificultades, y para darle una oportunidad más a la empresa, el propio estado como accionista mayoritario, se presentaría ante la justicia para pedir el PPCE; una régimen diseñado para permitir tomar decisiones de despidos y suspensiones laborales, cuando una empresa tenga seriamente comprometida su continuidad. Se descarta en el gobierno que la justicia avalará los papeles y números que el estado presentará ante algún magistrado que le toque en suerte el caso; con lo que se abriría el espacio para el PPCE. Y, en consecuencia, el despido y la suspensión de empleados. De manera general y en todas las áreas.

El PPCE tiene normas y reglas que el gobierno debería respetar. En primer lugar, debe plantearse con el objetivo de continuar con la operatoria, y no como mecanismo de cierre. Se supone que la justicia le exigirá a directorio de la empresa, de mayoría pública, que explique el plan para garantizar que Aerolíneas Argentinas pueda seguir operando. Ahí el gobierno explicará que el único plan en carpeta es la privatización, y que para esto la intención ineludible es sanearla al máximo para equilibrar las cuentas todo lo que se pueda, no hasta una ganancia o si quiera un empate técnico en los balances, pero si reducir los 24 millones de dólares de pérdidas hasta un nivel razonable. Justificará el proceso privatizador en los dos proyectos que están en el Congreso, para que la posición ante la justicia del estado nacional sea creíble. Algo que seguramente no generará dudas en el magistrado de turno que trate el tema.

La presentación deberá incluir.

• Datos de la empresa: denominación, actividad, acreditación de la personería del solicitante, domicilio real y constituido ante la autoridad administrativa del trabajo.
• Relación de los hechos que fundamentan la solicitud.
• Las medidas a adoptar, fecha de iniciación y duración de las mismas en caso de suspensiones;
• La cantidad de personal que se desempeña en la empresa y el número de trabajadores y trabajadoras afectados, detallando nombre y apellido, fecha de ingreso, cargas de familia, área donde revista, categoría, especialidad y remuneración mensual.
• El convenio colectivo aplicable y la entidad gremial que representa a los trabajadores y trabajadoras.
• Los elementos económico financieros probatorios para acreditar la situación de crisis. Será obligatoria la presentación de los estados contables correspondientes a los últimos tres años, los que deberán estar suscriptos por contador público y certificados por el respectivo Consejo Profesional. Las empresas que ocupen a más de 500 trabajadores o trabajadoras deberán acompañar el balance social.
• En caso de contar con subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier especie otorgados por organismos del Estado nacional, provincial o municipal deberá adjuntarse copia certificada de los actos y/o instrumentos que los disponen.
• Efectos de la crisis sobre el empleo y en su caso, propuestas para su mantenimiento, movilidad funcional, horaria o salarial.
• Inversiones, innovación tecnológica, reconversión productiva y cambio organizacional.
• Recalificación y formación profesional de la mano de obra empleada por la empresa.

Cuando la propuesta del empleador para superar la crisis incluya reducciones de la planta de personal, la presentación inicial deberá:

• Indicar el número y categoría de los trabajadores y trabajadoras que se propone despedir.
• Cuantificar la oferta indemnizatoria dirigida a cada uno de los trabajadores y trabajadoras afectados.

Si todo esto está en orden, se procederá al PPCE. Supone el gobierno que inmediatamente que se avance son los despidos, comenzará la guerra total con todos los gremios; conflicto que derivará en alguna acción de fuerza extrema, que incluso puede tratar una toma de la compañía. Y hasta un conflicto generalizado con paros del transporte en todo el país. Será en ese punto donde el Ejecutivo tiene pensado el golpe final: presentar la compañía en quiebra, bajo el paraguas del fracaso del PPCE. Y, en ese momento, cerrar Aerolíneas Argentinas, sin mayor costo que la liquidación de activos para pagar indemnizaciones generales. En este punto hay que mencionar algunos datos que surgen desde los balances oficiales de la compañía aérea: no son tanto, más bien casi nulos, los bienes que pueden liquidarse. De hecho, Aerolíneas casi no tiene ni aviones ni oficinas, ya que ambos rubros operan bajo alquileres. En otras palabras, no sería tan complicado el cierre ya que la compañía aérea de bandera casi no tiene activos; lo más importante en el momento de hablar de quiebras. Se calcula que estos no llegarían a los U$s 300 millones, lo que implicaría no mas de un 50% de las cargas indemnizatorias, un paso ineludible para que la justicia avale y ejecute un paso del PPCE a una quiebra con posterior cierre. El fin de Aerolíneas Argentina se haría además con la llegada de otros operadores que cubrirían las rutas más importante y de manera casi inmediata; con lo que la “incomunicación” duraría sólo algunas semanas o meses en casos puntuales. Siempre según la visión oficial.

El gobierno ve esto como una oportunidad además para cerrar un foco de déficit fiscal imposible de reconvertir en azul, y en un 2026 sin poner dinero; teniendo en cuenta que el proceso de cierre demande el 2025.

Ni Javier Milei ni su Gabinete le tiene miedo al cierre de Aerolíneas. Y tienen sobre la mesa un ejemplo de los últimos años: el de Alitalia, hoy reconvertida en ITA. La histórica aerolíneas italiana dejó de operar en octubre del 2021, al no poder sobrevivir de la crisis generada por la pandemia y la imposibilidad de continuar con el negocio en azul y de encontrar operadores interesados en la empresa. Había sido puesta bajo administración estatal en 2017 para salvarla de la quiebra, pero el gobierno de entonces de Mario Draghi consideró que el estado nacional no podía hacerse cargo más de la compañía. El problema era entonces como encarar el proceso de cierre de una aerolínea histórica, que además empleaba a unos 10.000 operarios. LA decisión del economista fue dura. Abrió un Procedimiento de Crisis que derivó en un cierre definitivo. Y la posterior creación de una nueva aerolínea que sólo retomó a 1.800 personas. Y con un nuevo convenio colectivo de trabajo. El resto, fue indemnizado.  Este proceso lo comenzó Draghi y lo terminó Giorgia Meloni en 2021. Ambos se encontrarán entre el 18 y el 19 de noviembre en Rio de Janeiro en la cumbre del G-20 y luego en una bilateral en Buenos Aires. Ya tienen tema de que conversar.

Perfil