Carla Pegoraro, la madre de Fabrizia, la niña de 10 años gaseada por la Policía Federal durante la represión a jubilados del 11 de septiembre, se presentó en la Justicia representada por el abogado Gregorio Dalbón y reclamó que se cite a prestar declaración indagatoria a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a los jefes policiales que estuvieron al mando del operativo en el que se atacó a su hija. El escrito se presentó este lunes como ampliación de una denuncia que había realizado el viernes Dalbón por el operativo del escándalo. Pegoraro solicitó ser tenida por querellante en la causa.

No fue la única ampliación de denuncia por la represión de aquella jornada, cuando el gobierno de Javier Milei logró en el Congreso que se sostuviera el veto al aumento de las jubilaciones. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también amplió una acusación que realizó el viernes y requirió que se investiguen las acciones de inteligencia que realizó la Policía Federal.

Bullrich quedó en el centro de la escena no solo por el operativo represivo sino porque funcionarios de su cartera montaron una operación en los medios hegemónicos de comunicación, donde sostuvieron que el ataque a la menor fue de los propios manifestantes. Bullrich se inmoló luego al defender a los policías involucrados tal como hizo con la Gendarmería cuando fue el caso de Santiago Maldonado. Las filmaciones de la agresión policial sobre la niña de 10 años son contundentes y dejan al descubierto el intento de encubrimiento.

Pedido de indagatoria de Bullrich y jefes policiales

Por lo que le sucedió a su hija durante la represión del miércoles pasado, Carla Pegoraro apuntó contra Bullrich; Alejandra Monteoliva, Secretaria de Seguridad de la Nación; Luis Rollé, Jefe de la Policía Federal; Gerardo Perillo Scampini, comisario a cargo del operativo y el agente “Rivaldi”. Solicitó que “se le reciba DECLARACIÓN INDAGATORIA” ya que “las imágenes acompañadas en el presente escrito y las que resultan de dominio público, y en función de las declaraciones y justificaciones inconcebibles brindadas por los aquí imputados, se tienen por acreditado con el grado de certeza requerido para esta instancia los hechos previamente relatados”.

Según relató la madre de Fabrizia, el 11 de septiembre, cuando se desató la represión en los alrededores del Congreso, “el efectivo de la Policía Federal Argentina identificado como Rivaldi, actuando bajo órdenes directas del Comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini a cargo del procedimiento, nos lanzó gas de manera violenta e inesperada a menos de medio metro de distancia”. Carla narró que el “ataque fue directamente dirigido hacia nuestros ojos, lo que nos provocó daños tanto físicos como psicológicos”. “Posteriormente, en un esfuerzo por encubrir el acto de represión, Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva y Luis Rollé se valieron de sus altos cargos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Jefatura de la Policía Federal Argentina para orquestar una maniobra mediática, que incluyó la difusión de un video manipulado con el objetivo de ocultar la brutalidad de los hechos”, agregó en el escrito que firmó junto a Dalbón.

Carla explicó que concurrió a la marcha con su hija porque aquella jornada “por ser el día del maestro, no se dictaron clases en las escuelas primarias del país”. Y contó que fue a manifestarse para “mostrar nuestro apoyo a los jubilados y, a su vez, dejarle a mi hija una enseñanza de solidaridad, justicia social y compromiso con las causas comunes”.

La madre de Fabrizia relató que “se trataba de una concentración pacífica a la que asistirían principalmente adultos mayores, jubilados y sus familiares” y que “fue en dicho contexto que, de manera intempestiva, violenta y sorpresiva, personal de la Policía Federal Argentina comenzó a reprimir a todas las personas que nos encontrábamos de manera pacífica en el lugar, incluyendo reporteros, jubilados y niños”.

“La infantería de la PFA avanzó rápidamente hacia el lugar donde nos encontrábamos con mi hija sentadas de manera completamente pacífica”, relató Carla en la ampliación de denuncia. El ataque a Fabrizia quedó registrado en diversas filmaciones donde se ve claramente como un agente de la Federal rocía con gas “irritante” a diversos manifestantes, entre ellos, a la niña de 10 años y su madre. Ni el grito de los manifestantes de que había una nena logró frenar el avance de los uniformados. En el escrito se agregaron imágenes que publicó El Destape, que reconstruyó cómo fue la agresión a la nena.

En medio de la represión Carla perdió de vista a Fabrizia: “Por el avance de la policía y la cantidad de gas que había en el ambiente, perdí de vista a mi hija quien se encontraba lastimada, desorientada y sin poder respirar. Yo solo podía escuchar sus gritos y su llanto, ‘Mamá, ¿dónde está mi mamá?’. A la policía seguía sin importarle nuestra situación, continuaron avanzando, continuaron tirando gas, continuaron golpeando a los jubilados, a las familias, ningún efectivo se detuvo a ayudarnos”, narró quien ahora pide ser querellante. Pudo reencontrarse con ella gracias a los manifestantes, periodistas y médicos que la ayudaron.

En pos de blindar a quienes debiera investigar, el gobierno, a través del ministerio de Seguridad, buscó operar sobre estos hechos. Tras culpar a la madre por ir a una manifestación con su hija afirmaron que la niña fue atacada por manifestantes y no por agentes policiales. Para poder sostener esa mentira difundieron imágenes falsas en distintos medios. “Hoy sabemos que fueron proporcionadas por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación y la cúpula de la Policía Federal Argentina”, afirmó Carla en su presentación sobre esos videos. “Es decir, mediante estas grabaciones falsas el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina, intentaron ocultar su accionar y culpar a otros ciudadanos que se encontraban en el lugar”, añadió junto a su abogado.

La madre de Fabrizia también remarcó que fue atacada por Bullrich en redes sociales donde la responsabilizó por lo sucedido.

Por todo esto, en la presentación se pidió que se investigue a los acusados por “los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos y lesiones graves calificadas por alevosía”.

También se requirieron diversas medidas de prueba como allanamientos y secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y teléfonos. Entre las declaraciones testimoniales que se pidieron realizar para la investigación figuran la de la propia Fabrizia y la de los periodistas Jorge Rial, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Viale quedó involucrado en la operación mediática de encubrimiento denunciada mientras que Feinmann tuvo un cruce al aire con Bullrich por el montaje que se estaba realizando para proteger a la policía. El periodista de LN+ había llegado a pedir la renuncia de  la ministra de Seguridad.

El caso que se inició por la denuncia de Dalbón el viernes pasado está radicado en el juzgado federal Nº 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, la magistrada nombrada por Mauricio Macri que es cuestionada por no investigar a fondo el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. El fiscal interviniente es Eduardo Taiano. Por ser la de Dalbón la primera denuncia sorteada en Comodoro Py por este caso puede que actúe como polo de atracción con respecto a otras presentaciones similares.

Denuncian acciones de inteligencia en la represión

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió la denuncia penal por la represión del 11 de septiembre y pidió investigar “acciones de encubrimiento e inteligencia ilegal del ministerio de Seguridad de la Nación”.

La CPM había denunciado el viernes a la secretaria de Seguridad de la cartera que conduce Bullrich, Alejandra Monteoliva, y a la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público. Monteoliva, segunda de Bullrich, fue quien mintió en un canal de televisión sobre cómo fue el ataque a la niña para encubrir a la policía.

En una ampliación que realizó este fin de semana, desde la CPM se pidió que se investiguen “las acciones de inteligencia de la policía federal en los registros que realizan en las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, que reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizamos actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos”.

La CPM remarcó que “en el marco de los operativos hemos observado reiteradamente que múltiples agentes de las fuerzas federales, algunos no identificados, se movilizan junto con las columnas policiales, se encargan de obtener registros fílmicos de los hechos y las personas en el marco de las manifestaciones públicas”. “Se podrían estar construyendo registros que conforman una base de datos del Estado, específicamente en la cartera del Ministerio de Seguridad del cual dependen las fuerzas que obtienen los registros en las manifestaciones, alimentándose con criterios de clasificación prohibidas por la normativa en la materia”, se indicó. En ese contexto ubicaron las declaraciones de Monteoliva, quien “expresó que se habían analizado a las personas identificadas de ‘vestimenta naranja’, de una ‘agrupación de Derechos Humanos’ que las venían observando, identificando y a las que le atribuye la comisión de hechos delictivos en el marco de la manifestación”. Es decir, la operación mediática con la que se buscó encubrir el rol policial en el caso de la niña de 10 años puede haber dejado al descubierto otro accionar irregular de las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich.

En el nuevo escrito de la CPM se precisó que durante la represión del 11 de septiembre, “50 personas resultaron heridas, entre ellas niños y niñas, adultos mayores jubilados y jubiladas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos que se encontraban allí monitoreando y registrando los acontecimientos”. Además, se agregó, “se registraron dos detenciones por atentado y resistencia a la autoridad, que se llevaron a cabo cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrarse”.

En la ampliación de denuncia, que lleva las firmas del presidente de la CPM y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; de la también presidenta de la CPM, Dora Barrancos; y del secretario del organismos de DDHH, Roberto Cipriano García, también se hace foco en el caso de Fabrizia, la niña de 10 años gaseada por al Policía Federal. “En el momento previo a que la niña y su madre fueran agredidas, el equipo escuchó la voz de ‘avancen’, que emanó de quién oficiaba de responsable de ese sector del operativo. Fue en ese momento y de manera inmediata que se arrojó el gas sobre la niña”, se describió, por ejemplo. Integrantes de la comisión fueron de los primeros en asistir a Fabrizia.

La CPM tiene carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura por lo que estuvo monitoreando el accionar policial durante el operativo del 11 de septiembre. Con los registros fílmicos de esa jornada realizaron un trabajo de reconocimiento de los uniformados involucrados en el ataque sobre la menor. Por ejemplo, en la nueva presentación se precisó que “se logra identificar al Jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal, Comisario Inspector Gerardo Ariel Perillo, quien se encontraba coordinando el cuerpo de la Policía Federal al momento del hecho, dando la orden de avanzar”. “De los múltiples registros fílmicos y fotográficos, que permiten reconstruir de forma concordante y fiel los hechos, se deriva que el accionar no solo es contrario y violatorio de las normas que regulan el uso de la fuerza, sino que tuvo por intención causar severas lesiones a la niña”, se añadió. “No caben dudas que la conducta deliberada de arrojar un químico irritante del cual se conoce su efecto dañino, sobre una niña de 10 años, constituye sin dudas una acción reprochable penalmente. En igual dirección se inscribe el accionar los funcionarios con rango jerárquico que dieron la orden de intervenir”, se concluyó.

La denuncia que realizó este organismo de DD.HH. recayó en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Servini, la misma magistrada que investiga los disturbios que se produjeron en los alrededores del Congreso durante la represión del 12 de junio, cuando se votaba la Ley Bases.

Estas ampliaciones se suman a las diversas denuncias que se presentaron en tribunales y ante la Comisión Interamericana de DD.HH por la represión del miércoles pasado. Ahora se espera que la Justicia reaccione. ¿Estará a la altura de los acontecimientos?

Por Franco Mizrahi / El Destape