Hacía días que desde el entorno de Javier Milei la responsabilizaban por el escándalo que se desató con la visita de seis diputados a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Le atribuían que la libertad de los criminales de la última dictadura era “su agenda”. Victoria Villarruel no se amilanó ante las críticas de su propio espacio y demostró que su plafón pro-impunidad es más ambicioso aún. En un acto en el Senado, la vicepresidenta anunció que buscaría reabrir todas las causas contra los militantes de los años ‘70 –léase aquellas y aquellos pocos que sobrevivieron a los campos de concentración o los vuelos de la muerte que ejecutaban los represores a quienes visitaba en prisión. Desde el movimiento de derechos humanos denunciaron que, una vez más, Villarruel hizo una reivindicación del terrorismo de Estado.

Villarruel organizó un acto en la Cámara alta por el Día del Terrorismo. Se guardó para el final su intervención en la que dijo que desde los 28 años se había dedicado a la “memoria completa”. La fecha coincide con la llegada al poder de Néstor Kirchner, cuando se impulsó la anulación de las leyes que impedían el juzgamiento a los perpetradores de la dictadura. Por aquellas épocas, Villarruel deambulaba con Cecilia Pando e iban juntas a increpar al Presidente.

En su discurso, la vice no se ahorró expresiones de la derecha más rancia: habló del “trapo rojo” y dijo que los militantes montoneros eran protegidos del kirchnerismo. Se refirió al país como un “nido de impunidad” y, desde un estrado, anunció: “Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años”. 

Para sepultar los sueños de quienes se entusiasmaron con acercarla al peronismo, Villarruel dijo con voz chillona: “Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación”.

Todo el acto de la vice fue un mensaje al Poder Judicial. El evento fue inaugurado por Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado en 1973. Villarruel justificó sus críticas al juez Ariel Lijo –candidato del gobierno para la Corte– en el hecho de que el magistrado sostiene que no se trata de un caso de lesa humanidad, pese a que le atribuyó responsabilidad en el hecho a Montoneros.

También habló Gloria Paulik, hija de un policía muerto en la bomba de Coordinación Federal, el lugar que era sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionaba como centro clandestino. Hay un intento por reabrir esa causa que está a estudio de la Cámara Federal porteña. En el tribunal, dijeron a este diario, no se unificaron posturas y no está previsto que haya un pronunciamiento inmediato. Entre quienes impulsan su reapertura está el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua. 

En la sala estaba también Arturo Larrabure, actual funcionario del Ministerio de Defensa, que impulsa la reapertura de la causa por la muerte de su padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure. Ese caso es emblemático: fue allí que el procurador general dio su instrucción sobre qué podía considerarse crímenes de lesa humanidad. La justicia en todas las instancias –incluida la Cámara Federal de Casación Penal– rechazó que fuera un delito contra la humanidad y, por ende, imprescriptible. El tema espera desde hace seis años resolución de la Corte Suprema.

¿Villarruel o La Libertad Avanza?
 
Página/12 consultó sin éxito con voceros del Ministerio de Justicia si la iniciativa de Villarruel iba a ser impulsada desde esa cartera y si respondía a una propuesta del Poder Ejecutivo. Según trascendió, el impulso sería motorizado desde la ONG que preside Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). De ser ese el caso, no sería una política estatal.

La idea de abrirles causas a los sobrevivientes de los años ‘70 no es novedosa: se gestó a principios de este siglo como respuesta a la reapertura de las causas contra los genocidas. Lo que buscaban era un “empate” y, de esa forma, forzar una amnistía general. No tuvieron eco. Los tribunales condenaron a 1187 personas por crímenes contra la humanidad. Villarruel continuó en su intento: lo que no pudo explicar cuando declaró en un juicio en Tucumán fue por qué se acordaron de desempolvar esos expedientes una vez que volvieron a moverse las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura. 

“Al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo. Mientras, sigue sin contar qué le dijo (Jorge Rafael) Videla y qué piensa de la reunión con represores”, marcaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra”, añadieron.

Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que Villarruel hace una “glorificación del terrorismo de Estado” y que no se puede negar lo que los tribunales juzgaron y condenaron: los crímenes de lesa humanidad.

Por Luciana Bertoia / P12