El jueves por la mañana, horas antes de que el expresidente Alberto Fernández monopolizara la atención de la sociedad y los medios de la forma más lastimosa y patética imaginable, había salido a la luz que la visita de seis diputados a militares presos por delitos de lesa humanidad en Ezeiza era solamente un capítulo de una trama más amplia que tiene como objetivo que los condenados por delitos de lesa humanidad vuelvan a sus casas; que el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, colaborador estrechísimo de Karina Milei, estaba al tanto y autorizó ese operativo y que la iniciativa contó con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien facilita el acceso a las cárceles a través del Servicio Penitenciario Federal. La trama completa de esa historia la viene escribiendo con lujo de detalles Franco Mizrahi en El Destape.

En el marco de esa investigación también se dio a conocer la fotografía que retrató a genocidas y visitantes en la capilla de la Unidad 31 de Ezeiza, lo que permitió conocer la lista completa de los trece militares que participaron de la actividad, todos miembros ilustres en el listado de los peores criminales de la historia de este país. Ellos son:

• Mario Marcote, condenado a perpetua por secuestros, torturas y violaciones en el Servicio de Inteligencia, el principal centro clandestino de detención de la provincia de Santa Fe.
• Carlos Guillermo Suárez Mason hijo, perpetua por 34 delitos de lesa humanidad en la ESMA.
• Gerardo Arráez, expolicía bonaerense, 25 años de prisión por secuestros y tortura de 285 personas.
• Julio César Argüello, también expolicía bonaerense, perpetua por más de 80 casos de homicidio, secuestro y tortura.
• Manuel Cordero Pacientini, condenado a 25 años por el secuestro de once ciudadanos uruguayos.
• Alfredo Astiz, condenado a dos prisiones perpetuas, infiltrado entre los familiares de los desaparecidos y responsable de la muerte de Azucena Villaflor, fundadora de Madres, y de las dos monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.
• Adolfo Donda, jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, con varias condenas por homicidios y secuestros y otra por la apropiación y el robo de identidad de su sobrina tras el asesinato de su hermano y su cuñada en ese centro clandestino.
• Miguel Brito, expolicía federal, perpetua por su actuación en el circuito ABO, por los centros Atlético, Banco y Olimpo.
• Juan Agustín Oyarzábal, perpetua por homicidio y privación ilegítima de la libertad, actuaba en centro clandestino D2, en Mendoza.
• Antonio Pernías, perpetua por lo su rol en el Grupo de Tareas de la ESMA, donde estuvo a cargo de interrogatorios bajo tortura, en muchos casos sexual, y del trabajo esclavo de detenidos en el sector La Pecera.
• Honorio Martínez Ruiz, perpetua por el secuestro y la tortura de dos niños, actuaba en el centro clandestino Automotores Orletti.
• Raúl Antonio Guglielminetti, exagente del Batallón de Inteligencia 601, condenado también por su actuación en Automotores Orletti en el marco del Plan Cóndor.

De los seis legisladores que hicieron la visita, sólo aparecen cinco en la foto. La sexta, Rocío Bonacci, se negó a posar ante la cámara y asegura que la llevaron engañada. En una entrevista, ella contó que Guglielminetti fue el encargado de entregarle a Beltrán Benedit, portavoz del grupo, un papel con la frase “ideas de prisión domiciliaria”. En los grupos de whatsapp donde se organizaban los tours carcelarios circuló el borrador de un decreto presidencial que, a través de argucias legales, permitiría que los militares dejen sus celdas.

De acuerdo al relato de dos  diputados oficialistas que no participaron, ni piensan participar, de esos grupos, el plan de impunidad contaba, antes de que saliera a la luz, con la bendición de la hermana del presidente, responsable de la última decisión en estos temas, que a Javier Milei (aparentemente) no le interesan. No todos los que las hacen, las pagan.

Queda por verse si los diputados que participaron pagarán por eso: este jueves en la cámara baja el bloque de Miguel Pichetto dejó caer una sesión en la que iba a discutirse la conformación de una comisión que investigue los hechos, consiguiendo en un solo movimiento hacer una demostración de poder ante el gobierno (justo cuando se están negociando cargos clave) y evitar que algunos de los miembros de su bancada tuvieran que levantar la mano para apoyar o defenestrar a otros legisladores. Sólo pueden demorar lo inevitable. La semana próxima habrá sesión y entre los temas que van a discutirse no solamente estará esa cuestión, sino que también se tratará el decreto que multiplicó por nueve el presupuesto de la SIDE. Si la UCR no protagoniza otro papelón histórico sobran los votos para rechazarlo y la caja de Santiago Caputo quedará a tiro de KO en el Senado.

Mientras tanto, el gobierno se ilusiona por enésima vez con un rebote estadístico de la economía, aunque ese relato encuentra su límite en la calle y en las fábricas. Los aceiteros comenzaron el martes pasado una huelga nacional por tiempo indeterminado para conseguir una compensación salarial equivalente al recorte que sufren por el pago restituido del impuesto a las ganancias. El conflicto afecta directamente el comercio exterior y, por lo tanto, el ingreso de divisas. En el puerto de Rosario suelen ingresar unos 2500 camiones por día y en la última semana el promedio estuvo por debajo de 300. El secretario general del gremio, Daniel Yofra, denunció que las empresas buscaron el conflicto para forzar una devaluación que lleve el dólar oficial a 1800 pesos. Las reservas siguen cayendo y esta semana salió un tercer cargamento de oro del país, según denunció La Bancaria.

A partir del lunes se reactivará el conflicto universitario en todo el país, con paros de 24 y 48 horas previstos para esta semana y la próxima. El reclamo es por un aumento de los salarios docentes, que cayeron incluso más que el de otros empleados públicos y perdieron un tercio de su poder adquisitivo desde que comenzó el gobierno de Milei. Según datos que difundieron desde CTERA, hoy cuatro de cada cinco trabajadores en universidades públicas no tienen ingresos por encima de la línea de la pobreza y, a partir de la aplicación de ganancias, el mes que viene serán apenas el cinco por ciento los que ganen por encima de una canasta básica. El ojo no solo está puesto en este año sino en el presupuesto para 2025, que el gobierno debe presentar el 15 de septiembre. Días antes convocarán a una nueva marcha nacional, luego de la que juntó a millones de personas en abril. 

El jueves, un juez de Misiones decidió utilizar por primera vez la ley de bases para negarle a una persona contratada en negro y despedida sin causa la aplicación de multas laborales en un juicio contra su ex empleador. El magistrado Juan Francisco Vetter, de Puerto Iguazú, tomó esa decisión aplicando de forma retroactiva la nueva legislación, porque el despido fue en 2016 y el juicio comenzó dos años más tarde. Se trata de una novedad que hace retroceder décadas la legislación en la materia y pone en situación de precariedad extrema a más de diez millones de trabajadores en condiciones irregulares. La CGT, que primero apostó a resolver la cuestión ganancias negociando y luego a través de los tribunales, empieza a evaluar un conflicto a mayor escala, sobre todo después de escuchar los planes de Federico Sturzenegger para reformar la ley de asociaciones sindicales.

El recorte del subsidio a colectivos en el AMBA que anunció el gobierno nacional responde a las dos lógicas que dominan el pensamiento estratégico en la Casa Rosada: ahorrar gastos y perjudicar a los territorios gobernados por adversarios políticos, sean por izquierda, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, o en la disputa por la hegemonía de la derecha, como Mauricio Macri. El gasto puede pasar de mil a cuatro mil pesos diarios para quien combina dos medios de transporte para ir y volver de trabajar. Tendrá una brutal repercusión en el bolsillo de los que dedican varias horas, todos los días, a viajar en condiciones muchas veces inhumanas, para asistir a trabajos a cambio de un salario que, en el mejor de los casos, garantiza apenas la subsistencia; pero también los dueños de pequeñas industrias o comercios, ya en crisis, que deberán absorber al menos parcialmente el aumento. 

El clima social comienza a reflejar hartazgo. Dos episodios enlazados tuvieron lugar también este jueves (un día más en la Argentina) en la estación de trenes de Constitución, que conecta la ciudad de Buenos Aires con la zona sur del conurbano bonaerense. Primero, los trabajadores de seguridad privada contratados para evitar que los pasajeros salten los molinetes dejaron sus tareas en protesta porque no les habían pagado. Para reemplazarlos se montó un operativo policial y quisieron detener a un chico que intentó viajar sin su boleto el resto de las personas reaccionó y casi lincha a un agente policial. El enojo es una forma de energía y cuando esa energía se acumula sin una válvula de escape, si no se canaliza, tarde o temprano estalla y en el estallido se lleva puesto todo, pero primero que nada a los que menos tienen y están más expuestos a la violencia y a las carencias.

Una nueva constitución provincial fue la excusa que encontró el gobernador Ricardo Quintela para convocar al peronismo en un acto ante 14 mil personas en La Rioja. La invitación a Kicillof para compartir el protagonismo puso en escena una sociedad que intentará encabezar la reconstrucción de un peronismo que encontró un nuevo piso histórico a partir de las graves denuncias por corrupción y violencia de género contra el expresidente Fernández. Está claro que esta o cualquier versión que pretenda tener potencia política y electoral deberá ofrecer algo sustancialmente distinto a la experiencia de los últimos años, dando cuenta, en los hechos y no con palabras, de una profunda y sobre todo creíble autocrítica. Si la línea, en cambio, es culpar de todos los males a una figura caída en desgracia para dar vuelta la página, será difícil reconstruir de esa manera un vínculo con la sociedad.

El encuentro en La Rioja reviste especial interés por tres factores. El primero es que la nueva constitución significa, por primera vez desde la derrota del año pasado, la presentación de una propuesta de gobierno alternativa y radicalmente distinta a la de Milei. Seguramente no reúne consenso en todo el peronismo pero en todo caso pone el debate sobre la mesa e invita a quienes tengan otras respuestas a que las presenten, fomentando, en un escenario ideal, el debate de ideas. El segundo es que Quintela ya gobernó cuatro años, resultó electo y logró aprobar la reforma con amplias mayorías. Como Kicillof en Buenos Aires, puede mostrar los resultados de su gobierno y la aprobación mayoritaria del electorado en sus distritos. La forma más eficiente de ganar nuevos votos que se conozca hasta ahora, en todo tiempo y lugar, es dejar contentos a quienes ya te votaron.

En tercer lugar porque apunta a fortalecer a la oposición en una zona que resultará clave en las próximas elecciones para definir el destino del peronismo y del gobierno: el norte grande argentino. Aunque a menudo se lo soslaya en los análisis electorales, contra zonas con más prensa, como el conurbano y el centro del país, es probable que ninguna otra región explique como el norte el triunfo de Milei. En octubre pasado, Unión por la Patria perdió más de 600 mil votos en las diez provincias que conforman el norte del país, un bastión que, con algunas excepciones, había constituído su fortaleza electoral en las últimas décadas. Esa sangría fue capitalizada por La Libertad Avanza, que muchas veces sin hacer campaña, ganó varios distritos en la primera vuelta y terminó imponiéndose en todos excepto Formosa, Chaco y Santiago del Estero a la hora del ballotage.

Por Nicolás Lantos / El Destape