En relación con el Estado deben contemplarse dos temas que no están necesariamente vinculados. Uno hace referencia al tamaño, que generalmente se mide en relación con la proporción del gasto público sobre el gasto total. En esta cuestión, el tamaño del Estado importa. El otro tema se refiere a la calidad del Estado, es decir en qué medida se adoptan decisiones políticas para que las tareas que generalmente están a cargo del Estado –salud, educación, seguridad social, seguridad pública, recaudación de impuestos, planificación del desarrollo, regulación de los mercados, corrección de los fallos de mercado, mejora en la distribución de la renta, etcétera– se presten de un modo eficiente y eficaz. Los partidos políticos de la derecha tradicional, que adoptan el neoliberalismo como dogma, y los nuevos anarco-capitalistas o libertarios, que adoptan posiciones más extremas, son partidarios de un Estado mínimo. El propósito que los vincula es reducir al mínimo el gasto público para de este modo reducir el peso de los impuestos sobre el sector privado. Generalmente utilizan como excusa para alcanzar sus propósitos la ineficiencia del Estado.

El símbolo de esta confusión interesada está representado por la motosierra. Aunque desde una perspectiva teórica se pueden desear ambas cosas –un Estado mínimo que al mismo tiempo sea eficaz– lo cierto es que para neoliberales y libertarios la calidad del Estado es un tema secundario y lo importante es acabar con el Estado del bienestar que surgió a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La lectura de los diez puntos del contrato de adhesión que bajo el pomposo nombre de Pacto de Mayo el Presidente Javier Milei hizo firmar a los gobernadores, permite apreciar que bajo la hojarasca retórica hay un solo punto relevante: reducir el gasto público al 25% del PBI. Sólo se puede alcanzar este objetivo privatizando la salud, la educación, y los sistemas de seguridad social. En definitiva, regresando al Estado gendarme del siglo XIX, un empeño que Milei proclama sin acudir a eufemismos. 

La cuestión del tamaño

Si atendemos al tamaño del Estado, comprobaremos que en el mundo la inmensa mayoría de los países desarrollados financian un poderoso Estado del bienestar. En los países europeos el gasto público como porcentaje del PBI es muy elevado: Suecia (48%), Alemania (48%) Noruega (46%) y España (46%), bastante superior al de Estados Unidos (36%) y al de la Argentina (37%). En todos estos países se ha impuesto un modelo mixto, es decir de un capitalismo basado en la economía de mercado, acompañado de un sistema de prestaciones que garantizan la igualdad de oportunidades. Generalmente el sistema es producto de un pacto entre los agentes sociales dirigido a garantizar un crecimiento económico continuado al mismo tiempo que una distribución equitativa de lo producido. Es un modelo derivado de las teorías de Keynes, que hacen del crecimiento del nivel de vida de todos los miembros de la sociedad el motor del crecimiento económico del conjunto. La idea de pacto indica que en este modelo la política está por encima de la economía y que la sociedad, a través de mecanismos de decisión democrática, determina los objetivos sociales y luego utiliza la economía de mercado para conseguirlos. Por otra parte, se asigna al Estado un cierto rol de dirección estratégica para garantizar la soberanía nacional en las decisiones de política económica y garantizar que el bienestar alcance al conjunto de la población.

Como señalan Tomás Fernández García y Manuel Marín Sánchez en Estado de bienestar y socialdemocracia (Alianza Editorial), “cualquier programa que se justifique por su eficacia en términos de beneficio, dejando de lado cualquier otro mecanismo de legitimación, es antidemocrático”. El neoconservadurismo de la ultra derecha argentina es profundamente antidemocrático, puesto que pretende que el mercado sustituya a los métodos democráticos de adopción de decisiones. Estamos asistiendo a la conformación de un nuevo autoritarismo, que utiliza las posibilidades de la revolución digital y la globalización para que un reducido grupo de privilegiados imponga sus preferencias al resto de la sociedad. Se apropian de las tesis del liberalismo clásico de un modo espurio, porque los primeros liberales reconocieron que para preservar la competencia era necesario regular el mercado como modo de evitar las posiciones de dominio que anularan esa competencia. Ese fundamentalismo de mercado es completamente anacrónico y la pretensión de implantarlo a golpes de motosierra está indefectiblemente destinada al fracaso.

La pretensión de Javier Milei de reducir el actual 37% de participación del gasto público en la economía al 25% supone la desaparición del endeble Estado de bienestar de la Argentina, mediante la privatización de la educación, la salud y regresando al sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Es difícil imaginar que el actual Congreso pueda avalar ese tipo de medidas, pero dado el nivel de hipocresía en el que estamos envueltos –nada mejor para recordarlo que el punto 6 del Pacto de Mayo que anuncia “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias” firmado por unos gobernadores aterrorizados–, no sería descartable que la realidad nos presente escenarios impensables en la actualidad.

La calidad del Estado

Cualquier ciudadano que reivindique las políticas públicas como instrumento de cambio social, oponiéndolas a la mera gestión tecnocrática, debería, por coherencia intelectual, ser partidario de un Estado eficiente y eficaz. No es posible alcanzar determinados fines en una sociedad compleja si no se cuenta con una palanca institucional que pueda desempeñar acabadamente el rol asignado. Para ello es fundamental conseguir que el reclutamiento del personal del Estado en todos los niveles –nacional, provincial y municipal– se verifique a través de sistemas de admisión basados en la capacitación previa para el desempeño de las funciones asignadas. Esto supone terminar con el spoil system, es decir las designaciones realizadas por motivos políticos o por simple nepotismo. Se trata de conseguir una administración pública profesional como modo de legitimar la acción del Estado ante la ciudadanía.

El nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que contempla implementar un examen de ingreso a la función pública. “La agenda de transformación es acompañar la reforma del Estado usando las facultades de la ley Bases. También desarrollar una carrera administrativa cuyo aspecto esencial será un examen de ingreso a la función pública como la que se usa en los países con servicio civil profesional”, sostuvo Sturzenegger. Respecto a la evaluación, aseguró que permitirá “dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aclaró que esa forma de ingreso ya está establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional aunque en la realidad no se aplica, como lo prueba el conocido caso del hermano del portavoz presidencial Manuel Adorni.

El diputado de la oposición Carlos Heller ha señalado que “la Argentina debe avanzar en una estrategia de crecimiento económico, de expansión de su mercado interno, de protección de la producción nacional, de construcción de un Estado eficiente, bien administrado, con personal competente, que regule, asigne recursos, que establezca prioridades y que no resigne los avances logrados en áreas como Ciencia y Tecnología, entre muchas otras”. Por consiguiente, pareciera que existe un cierto consenso acerca de la necesidad de profesionalizar la administración pública, muchas veces anunciada por diferentes gobiernos. El problema es que luego, en la práctica, se hace todo lo contrario. Con la necesidad que tiene Karina Milei de conformar un nuevo partido, es difícil imaginar que en esta ocasión se quebrará esa inercia. Lo confirma una investigación de José Luis González en la revista Noticias que señala que la hermana presidencial, y su mano derecha Eduardo Lule Menem, cerraron acuerdos para entregar el ANSES y el PAMI en cada provincia a los referentes políticos de cada localidad o, aún más grave, regalándolas como si fueran cajas para que miembros de LLA hagan negocios.

Por otra parte, también es necesario asumir que existen restricciones a las políticas públicas que no permiten gastar de modo ilimitado. Como señalan los autores citados anteriormente, “existe la posibilidad de endeudarse con déficit público, pero hacerlo de una forma sistemática año tras año tiene consecuencias negativas para la estabilidad macroeconómica y las perversidades que un fuerte endeudamiento genera en la marcha de cualquier economía y en el saneamiento financiero del propio sector público”. Ahora que sabemos que la inflación persistente tiene consecuencias políticas nefastas, dado que abre paso a la llegada de fuerzas reaccionarias conservadoras que buscan la destrucción del Estado de bienestar, es necesaria una reflexión autocrítica que evite recaer en esos errores.

La visión libertaria, que ve en el Estado un problema y en el mercado la solución, es completamente anacrónica. Las sociedades modernas han logrado eliminar las condiciones de pobreza en las que se encontraban, combinando la acción del Estado con la modernización de los procesos productivos y mejoras continuas de las empresas que compiten en el mercado consiguiendo aumentar la productividad del conjunto del sistema económico. La fórmula de combinar la búsqueda de mayor eficiencia con el reparto equitativo de las mejoras de productividad ha permitido el incremento general del nivel de vida en las sociedades modernas. No parece posible retroceder en este aspecto y menos aún encontrar en el tarot la solución de los complejos problemas actuales.

 Por Aleardo Laria Rajneri / El Cohete