Cuando uno trata de entender la posible deriva del modelo económico que impulsa el actual Gobierno, surge un paralelismo con la Argentina de 1991-1994.

En 1989-1990 una sociedad muy golpeada por la hiperinflación convalidó un modelo de exclusión social a los efectos de conseguir estabilidad económica. Con el tiempo los beneficios de la estabilidad fueron menos valorados ante la desarticulación productiva, el desempleo y el crecimiento de la pobreza y la indigencia.

Si bien la Argentina en 2022 y 2023 pasó a un régimen de inflación muy elevada y no a una hiperinflación, el hastío social habilitó esta experiencia política disruptiva con lo conocido.

 

En 1989 la ruptura con lo conocido se dio gradualmente y en cabeza del peronismo y de Carlos Menem que mutó de consignas del peronismo clásico a un neodesarrollismo con el Plan Bunge y Born, hasta el neoliberalismo de 1990-1991.
Lo cierto es que ni Milei es Menem, ni la LLA es el, peronismo, ni la sociedad es la misma y mucho menos como analizamos en diversas notas el mundo de aquella época (caída del Muro y “fin de la historia”) es el mundo de la competencia hegemónica proteccionista entre China y Estados Unidos.

No obstante, el Gobierno impulsa un modelo de crecimiento cuya piedra angular es el RIGI, el régimen para grandes inversiones, que remite en el marco de la ley Bases a la emergencia económica, reforma del estado y privatizaciones de aquellos años.

Se podría argüir que a diferencia de un modelo en los años 90 que privilegió inversiones en servicios no transables, el actual modelo prioriza inversiones en minería y petróleo transables, lo que evitaría incurrir en déficit de cuenta corriente que fue el talón de Aquiles de la Convertibilidad.

Las privatizaciones de los años 90, incluyeron actividades no transables (telefonía, correo, agua) y actividades parcial o totalmente transables (electricidad y especialmente petróleo y gas), que por el marco regulatorio de las privatizaciones y la macroeconomía de la época (tipo de cambio atrasado y apertura) agravaron el problema.

El mundo ha reflejado diversas experiencias negativas en países subdesarrollados de economías extractivistas de enclave en oro, plata, caucho azúcar, etc. que terminaron en agotamiento de recursos naturales, desastre ambiental, crisis externa y encadenamientos nulos con el desarrollo del país. La dicotomía no es no explotar los recursos o generar enclaves de extractivismo irracional, sino una explotación racional en un marco de desarrollo del país.

Un ejemplo actual de “El Dorado” es el caso de Guyana. El descubrimiento de petróleo se concretó en una gran explotación desde fines de 2019. Así uno de los países más pobres de Sudamérica triplicó su PBI y generó un crecimiento espectacular del PBI de 62,3% en 2022, con un crecimiento esperado según el FMI de 38% en 2023 y 20% de 2024 a 2028.

Guyana tiene una población pequeña de 805 mil habitantes y se encuentra en el puesto 95 en el ranking de desarrollo humano 2022, estaba 108 en 2019, una pobreza del 48%, desempleo del 12% y una expectativa de vida de 65,7 años, solo por encima de Haití si se consideran las economías de Centroamérica y el Caribe.

Si bien la Argentina es muy diferente a Guyana, el Gobierno y empresarios petroleros se entusiasman con las perspectivas del petróleo y una evolución similar. Según Paolo Rocca empleando la tecnología de fracking, la producción de Vaca Muerta podría alcanzar 1,5 millones de barriles diarios en los próximos 6 a 7 años. Este nivel de producción, supondría que Argentina produciría más petróleo que Venezuela, e incluso de Guyana, cuya producción máxima estaría en los 1,2 millones de barriles diarios. Incluso para Rocca la Argentina podría llegar a producir 2 millones de barriles diarios superando a Libia y Nigeria. Un factor clave que determina la factibilidad de las inversiones es la evolución futura del precio del petróleo.

Lo cierto es que el modelo actual sobre la base del RIGI, puede generar un período de flujo de divisas positivo, pero generará un déficit estructural a partir del tercer año.

Esto es así porque el RIGI permite no ingresar el 100% de las divisas de las exportaciones a partir del tercer año, además de no establecer un mecanismo de compre nacional ni un esquema de proveedores locales. Los cambios de redacción en el dictamen del Senado no garantizan que los insumos que empleen las concesiones petroleras y mineras sean de origen nacional y de no existir se fabriquen en el país.

El potencial agravamiento del sector externo se producirá por las mayores importaciones y la libre distribución de utilidades y dividendos que no garantizan un balance de divisas positivo.

Otro riesgo potencial tiene que ver con la fluctuación del precio de los “commodities”. En 2024 se verifica un boom del precio del cobre y el litio por la fuerte demanda de los países desarrollados y especialmente China para desarrollar tecnologías limpias. Como vimos a lo largo de la historia los términos de intercambio son oscilantes y no aseguran que se mantengan precios que compensen las importaciones crecientes con el agravante de que las empresas no están obligadas a invertir las divisas. Las perspectivas respecto al petróleo son diversas pero muchos expertos esperan una caída en 2025 si no se agravan las tensiones geopolíticas.

En los años 90, Brasil no experimentó una crisis estructural como Argentina en la convertibilidad, más allá de la citada corrección de su atraso cambiario en 1999 por el ingreso de capitales financieros, luego del Plan Real.

Esto fue porque Brasil en su marco regulatorio impuso el desarrollo de proveedores locales en las privatizaciones y normas de compre nacional, por fuera de tener un Banco de Desarrollo y políticas industriales que atenuaron el sesgo neoliberazante y sus efectos negativos en el sector externo y en la actividad económica.

El hecho de que el modelo actual no garantice un balance de divisas ni encadenamientos productivos, generará con el RIGI tal como está formulado una economía de enclave extractivista que tampoco reproduce desarrollo regional, mayor empleo ni mejores salarios.

Así se dependerá de altos precios de los commodities o un tipo de cambio muy alto para garantizar el equilibrio externo y el desarrollo productivo, que la apertura comercial y financiera a ultranza, genera las condiciones de déficit estructural, luego de la fase de auge como vivimos en diversas épocas de implementación de un modelo similar.

Muy diferente sería si en lugar de exportarse litio, se negociara la producción de baterías de litio en el país y así para cada mineral, petróleo o gas. La clave es la generación de encadenamientos productivos con valor agregado para fomentar la producción y el empleo, además de minimizar importaciones, garantizando uso de insumos y tecnología local, en el marco de disponer de políticas productivas, un proteccionismo acorde con el que lleva a cabo el mundo en la actualidad y un tipo de cambio que concilie estabilidad y desarrollo.

Así como bien señala la Cátedra Abierta Plan Fénix en su documento “Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI): Hacia la formación de enclaves sin beneficios para la Argentina (...) El RIGI se erige en un instrumento incapaz de promover un proceso de desarrollo en profundidad. Conlleva en cambio la conformación de enclaves que poco reportarán en términos de divisas, de eslabonamientos y de creación de capacidades. Estos enclaves, en la medida en que se concentren en actividades extractivas, significarán además un prematuro y estéril agotamiento de nuestros recursos naturales y serias consecuencias ambientales”.

La experiencia histórica y la coyuntura global exigen una discusión amplia del modelo económico y productivo para evitar las crisis que nos provocaron experiencias similares y en todo caso analizar de qué manera otros países estimularon el ingreso de nuevas inversiones, pero garantizando soberanía y desarrollo.

Por Alejandro Vanoli / Ámbito Financiero