“Modernización” es la definición por la que distintos proyectos de reforma laboral confluyeron desde bloques no oficialistas y entrarán en discusión este mes. Sin certezas sobre el tratamiento del DNU en Diputados, el principal apartado derogado del decreto por un fallo judicial encontrará cauce en un proyecto de ley que, si bien aún no fue consensuado en el Congreso, es sólo cuestión de tiempo para que obtenga mayoría en ambas cámaras.

“Si se incluye o no dentro de la Ley Bases lo definirá el gobierno”, aseguran desde el PRO, que presentó una propuesta que replica parte del decreto presidencial e intentará consensuar -en la recientemente conformada Comisión de Legislación del Trabajo- la mayor parte de ese documento con los bloques opositores pero con vocación de acuerdo.

La situación en que ingresan distintos proyectos no sólo tiene que ver con la iniciativa transformadora del Gobierno libertario y el impulso de las cámaras empresariales, sino también con lo que interpretan como una necesidad impostergable: para el tercer trimestre del 2023, el INDEC registró 5,4% de desocupación, la tasa más baja desde 1985; sin embargo, esa reducción vino aparejada del deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la informalidad creciente en la empleabilidad del sector de la población de menores recursos.
 
“La formalización laboral es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. La mitad de la población productiva está en una modalidad informal, llámese cooperativa de trabajo, monotributo, empleo en negro o nuevas modalidades laborales que no contemplan la seguridad social. Es necesaria una discusión de fondo, porque parte del problema son estos sobrecostos laborales”: quien declara para Ámbito es Agustín Domingo, diputado del bloque Innovación Federal y exministro de Economía de Río Negro. Sin embargo, su postura se replica en varios espacios que terminarán por aislar -o bien, empujar al acompañamiento parcial- de Unión por la Patria.

El consenso entre los parlamentarios para una reforma disolvió incluso el proceso de disidencias existentes dentro del radicalismo. El senador pampeano Daniel Kroneberger, uno de los que rubrica el proyecto del bloque de la UCR, lo expresa para este medio: “Esta reforma va a generar un salto cualitativo en relación a las situaciones precarias que tanto daño generan y que producen inestabilidad. Hay que lograr que el sector privado perciba un equilibrio que permita generar empleo y nuevas contrataciones. Argentina necesita una herramienta que corrija las distorsiones y que contemple a ambas partes, para potenciar al sector privado, modernizar la legislación laboral y beneficiar a los trabajadores”.

En contraposición, aparece el sector más confrontativo de la oposición, que ve con preocupación como la transformación del régimen de trabajo se introduce en medio de un proceso de despidos masivos en la planta laboral del Estado y vertiginosa caída del salario real promedio. “Creemos que todos los proyectos de reforma laboral tienen en común un fuerte contenido antisindical, aunque también es cierto que varían en su graduación”, reconoce para Ámbito un diputado de Unión por la Patria con trayectoria sindical, que califica al proyecto del PRO como “el más agresivo”: “Buscan optimizar las condiciones para la indefensión de los trabajadores, atacando principalmente lo que ellos suponen que es el obstáculo que se interpone en su búsqueda de precarización laboral y de mano de obra barata, que son los sindicatos”.

Los proyectos de ley de reforma laboral

Son tres los principales bloques que impulsan proyectos de reforma laboral. El PRO anunció el suyo a mediados del mes de marzo, con tres articulados que pretenden "simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico", reducir cargas sociales y multas (entre ellas, las de registración del trabajador), extender el período de prueba de tres a ocho meses y ampliar el listado de servicios esenciales que implicaría una reducción de los rubros que pueden ejercer el derecho a huelga. Este último punto será el más discutido dentro de las comisiones.

Existe acuerdo parcial con el incremento del período de pruebas: el radicalismo pide que pasen a ser seis meses. “Tener más margen en un período más extenso te baja un poco la negativa a contratar gente. Creo que eso de ninguna manera quita derechos, sino que incentiva a la contratación, que es lo que necesitamos”, piensa el diputado Domingo. Además de coincidir en la reducción de multas, la propuesta de los senadores del radicalismo -el segundo espacio con mayor cantidad de bancas en la Cámara Alta- promueve la generación de un Fondo de Cese Laboral que reemplace el actual esquema de indemnizaciones por despidos, proyecto que tiene similitudes con el que también presentó el nombrado legislador de Innovación Federal.

“Los resultados no son inmediatos, pero creo que fue fundamental sacar la reforma del DNU. [...] Si queremos dar previsibilidad y que un empleador -sobre todo las PyMEs- se animen a contratar, tienen que tener certeza de que ese cambio de reglas va a ser sostenible en el tiempo y sale producto de un consenso en el Congreso”, insiste Agustín Domingo. A eso, el senador Kroneberger añade: “Los resultados de las viejas recetas están a la vista: un país con fuertes caídas de empleo, con menos oportunidades y sin reglas claras, ni competitividad. Las que presentamos son herramientas muy necesarias. Acá lo que estamos priorizando es la finalidad de la reforma laboral”.

Reforma laboral: qué dicen los sindicatos

La Confederación General del Trabajo (CGT) viene protagonizando un período de intensa actividad, quizás el más activo dentro de los sectores de la oposición. La necesidad de negociación salarial por la espiral inflacionaria y las medidas de fuerza ante la falta de homologación paritaria y despidos están llevándolos al centro de la discusión pública. El capítulo de reforma laboral es un nuevo foco de debate que buscará dar. En ese sentido, ya sostuvieron este jueves una reunión de sus referentes gremiales en la sede sindical y convocaron para la próxima semana a senadores de Unión por la Patria.

Dentro de la central obrera conviven dos posturas. Una plantea la necesidad de tomar la iniciativa en la legislación laboral, que incluya las nuevas modalidades laborales mediadas por la tecnología -como fue en su momento el marco reglamentario para el trabajo a distancia, impulsado por el peronismo durante el confinamiento por la pandemia- y que tiendan a la formalización. Otra posición plantea un horizonte de resistencia: “Las reformas buscan terminar con los convenios nacionales, desmembrar las discusiones paritarias para reducir la negociación por el salario al ámbito de cada empresa, debilitar las organizaciones sindicales a través de sus desfinanciamiento. Toman al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial”, señalan desde una central sindical.

Por Fernando Brovelli / Ámbito Financiero