Montesquieu pretende construir un discurso científico sobre la política y, en ese intento, clasifica las formas de gobierno. Cada gobierno, dice, tiene su naturaleza y su principio. Su naturaleza es lo que le hace ser tal; su principio, lo que le hace obrar.

La naturaleza del gobierno remite a quién detenta el poder y a cómo lo ejerce. En el gobierno republicano, el poder lo ejerce el pueblo o una parte de él. En la monarquía, gobierna uno solo, pero por medio de leyes fijas. La naturaleza del despotismo también requiere que gobierne uno solo, pero sin leyes ni reglas.

Cuando Montesquieu se ocupa del principio de cada gobierno, parecería que alude a aquello que es necesario para que cada forma sea efectiva, para que funcione. Es la condición de existencia.

La república exige la virtud, la monarquía el honor y, el despotismo, el temor. En un texto escrito por Althusser sobre El espíritu de las leyes, este dice: “Falta de virtud, la república cae, lo mismo que cae una monarquía sin honor y un despotismo sin temor”.

No vamos a descubrir el talento de Montesquieu, nunca deja de sorprender la actualidad de sus estudios.

¿La falta de virtud de nuestra democracia hizo Presidente a Milei?

Si la clasificación descrita es aplicable, habría que establecer qué es la virtud como principio de la república en el siglo XXI. No sería sencillo, pero habría consenso si colocamos la eficacia, la rectitud y la buena comunicación como elementos relevantes. Y agregaría: la planificación.

Cuando me refiero a eficacia, pienso en mejorar la calidad de vida (salud, educación, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo social y económico). En Montesquieu, la virtud parecería que también debe estar en la población. En definitiva, es el pueblo el que gobierna, aun cuando modernamente sea por medio de representantes. Si esto es así, la cultura general y la calidad de la educación debería ser un programa central de los gobiernos democráticos, no solo por razones morales, sino también prudenciales, de auto preservación. Un antídoto contra el despotismo. Seguramente por eso en los gobiernos de Perón se asignaron muchos recursos a la educación.

Nuestra democracia, desde 1983 hasta acá, fracasó en el intento de regresar al sendero de crecimiento que la Argentina tuvo entre 1945 y 1975. No pudo revertir la declinación que la dictadura institucionalizó.

Objetivamente, se redujo la calidad de las prestaciones del Estado en educación, salud y seguridad. Y no se pudo delinear un programa de desarrollo económico, más allá de las intenciones de algunos gobiernos democráticos. Otros, con matices, adoptaron el modelo neoliberal.

Sin ingresar en el debate, necesario, de valoración de cada gobierno, algo faltó. De otro modo no hubiera habido un 30% y luego un 56% de electores que decidieron por un candidato como Milei, dueño de un discurso con aristas confusas y originales, pero claramente reaccionarias, contradictorio con el que reivindica el peronismo.

Termino este apunte sobre la virtud en la república, con una reivindicación de la planificación.

La Argentina no planificó seria e integralmente su desarrollo a mediano y largo plazo. Ni lo intentó.

Obviamente, no basta planificar, hay que acertar en el análisis, el programa y su ejecución. Pero sin siquiera suponer que es necesario planificar, solo un milagro podría producir efectos diferentes de los que hoy padecemos.[1]

Según dicen economistas que respeto, ningún país desarrollado (Estados Unidos, Japón, Corea, China, o de Europa, etc.) obtuvo sus logros sin planificar.

¿Clasifica la actual gestión de estos tres meses en la categoría de déspota?

En la clasificación recordada, tres son las notas: ejercicio casi individual del poder, no atenerse a reglas o leyes previas y el miedo como método.

Supongo que Milei no busca ser considerado déspota. Sin embargo, no es dudoso que pretende imponer su voluntad, que afirma que es la de la mayoría que lo votó en el balotaje, de quien se considera el único intérprete legítimo. La negativa y la descalificación grosera de legisladores y gobernadores como interlocutores y de todo el que manifiesta una idea disidente ratifica esta impronta.

Reglas de la política y el derecho

¿Se atiene a reglas prestablecidas de la práctica política y el derecho?

No hay dudas de que no sigue las reglas de la práctica política de negociación.

Esto, más allá de que algunas de esas reglas merezcan ser discutidas en el marco de la reflexión sobre la virtud de nuestra experiencia republicana. La negociación es parte de la virtud, si hay buena fe y búsqueda del bien común. La pregunta es cuánto de esas negociaciones entre 1983 y 2023 estuvieron guiadas por el provecho de particulares y cuánto por el interés general.

En cuanto a si cumple las normas del derecho, propongo mirar tres aspectos: 1) el uso del DNU; 2) las decisiones intempestivas que modifican las asignaciones presupuestarias, y 3) gobernar sin presupuesto.

DNU

Milei abusa de los DNU para legislar y gobernar sin atenerse a las reglas formales de la Constitución.

El abuso de los DNU (a lo que puede sumarse la calificación como decretos ejecutivos a lo que son decretos delegados y que por ello deben ser revisados por el Congreso: ej. la suba o baja de derechos de exportación o importación, modificaciones de la coparticipación de CABA, etc.) no es un invento de Milei.

El DNU es una herramienta extraordinaria, que solo procede cuando el Congreso no puede materialmente, aunque quisiera, sancionar la ley. Jamás cuando el Presidente cree que el Congreso no sancionará su proyecto de ley o que será renuente o aun perezoso.

La Constitución establece que el jefe de Gabinete debe “personalmente” presentar el DNU ante la comisión bicameral, como una escenificación de la deferencia hacia el Poder Legislativo —titular de la competencia que ejerció el Presidente— y de la voluntad de explicar la emergencia y la decisión adoptada.

Lejos de ser deferente, Milei trata a los legisladores de ratas y traidores.

Los gobiernos anteriores también abusaron de los DNU usándolos para casos donde no había necesidad ni urgencia en los términos referidos. Por ejemplo, para temas poco relevantes o para asuntos importantes, pero donde lo que se buscaba era evitar el debate público. Esto fue agravado por la sanción de una ley que estimula el abuso del DNU ya que no le pone plazo de validez si no es aprobado y no respeta la regla constitucional que prescribe que, para que haya ley, el proyecto debe ser aceptado por las dos cámaras y por el Ejecutivo.

La consecuencia es que se naturalizó la poco virtuosa práctica del Ejecutivo legislando, de la que hoy pretende aprovecharse Milei.

Los anteriores gobiernos pudieron haber sido más cuidadosos, sin afectar la eficacia, ya que tenían mayoría en el Congreso. Curiosamente, este punto marca una diferencia formal y sustancial entre Milei y sus predecesores. Los anteriores Presidentes dictaban DNU por comodidad o para evitar debates o trámites más complejos, pero tenían asentimientos tácitos y muchas veces expresos en las cámaras [2].

Milei sancionó el decreto 70/2023 porque presumía que el Congreso no lo iba a sancionar. El fracaso de la Ley Ómnibus confirmó la presunción.

Decisiones intempestivas y gobernar sin presupuesto

Queda referir a dos políticas del Ejecutivo.

Una es la adopción de decisiones intempestivas que modifican flujos de fondos de nación a las provincias, como la interrupción de los recursos previstos para los subsidios al transporte del interior, para el servicio de seguridad en la provincia de Buenos Aires o el salario de los docentes, o aun la ejecución de la garantía sobre la coparticipación de cierta deuda (poco relevante para los números de la administración central) de la provincia de Chubut, etc.

Esto se une a la segunda política: gobernar sin presupuesto.

Formalmente, hay un presupuesto, que es el establecido para el año 2023, prorrogado por decreto. Pero las prescripciones de las normas prorrogada pierden significación ya que las partidas fueron previstas a fines del año 2022, cuando no se esperaba una inflación de más del 200%.

Si se aplicara de buena fe el criterio del Congreso al sancionar la ley (de presupuesto para 2023) cuyas normas ahora son prorrogadas, se debería mantener el valor de las partidas o su proporción respecto del total de los ingresos y egresos.

Modificar las políticas de envío de fondos con fines específicos en represalia a conductas de los gobernadores no es compatible con la idea de gobernar conforme a las reglas establecidas.

Temor

¿Por qué, ante tanta violencia y políticas que muchos gobernadores, intendentes y legisladores creen que nos conducen al desastre, la resistencia es, tal vez, suave, aunque de a poco va aumentando?

La explicación es que “hay que dejarlo gobernar”. ¿Es razonable si el gobernante local cree que nos lleva al desastre?

La estrategia del Ejecutivo es la del temor. Ante la disidencia, amenaza con provocar un “debate” de agresiones y quebrar las cuentas provinciales.

Pero tal vez el mayor temor de los gobernantes locales sea la supuesta popularidad del disparatado ajuste en marcha. La pregunta es si el temor es a las encuestas o a que los residentes en sus territorios le crean más a Milei que a ellos porque, en definitiva, parecería que en el corto plazo de eso se trata la política: de popularidad y del consenso social.

Tal vez una raíz común del déficit de la república y de la crisis actual esté en la falta de programas en los partidos políticos que históricamente se reivindicaron democráticos, y, por ello, en la poca convicción en esos programas o ideas. De otro modo, tal vez no dudarían respecto de que el plan de Milei tiene el rumbo equivocado que, como se escucha decir, contiene un ajuste “innecesario e inútil”.

 

 

 

 

[1] El déficit de la falta de programa económico puede ser parcialmente atribuido a un triunfo intelectual de la idea neoliberal respecto de que la planificación económica no es necesaria.
Tal vez, la idea liberal fundada en que basta con acomodar las variables macroeconómicas para generar el “ambiente de negocios” y liberar la creatividad del capital, que a su vez desarrolle las fuerzas naturales, fue tomada por los gobiernos progresistas, suponiendo que ese mismo acomodamiento de las variables, pero en sentidos inversos, generaría espontáneamente desarrollo industrial, justicia social y reducción de la pobreza.
Hubo buenas intenciones y correctos discursos. Adecuadas políticas sectoriales y decisiones relevantes (recuperar YPF, la ley de medios, poner fin a las AFJP, etc.) pero, creo, no hubo planificación a mediano y largo plazo.
[2] Discutir si el ejercicio por el PEN de competencias legislativas sin necesidad y urgencia, pero sin cuestionamiento del Congreso o con ratificación posterior, es o no una práctica conforme con el texto constitucional exigiría varias consideraciones, máxime ante las reglas de la Ley 26.122 que contienen el modo en el que el propio Congreso reglamentó el ejercicio de su competencia de control.

Por Enrique Hidalgo / El Cohete