En estos días, el presidente de la Nación, Javier Milei, celebró en Twitter una noticia que indicaba que las y los argentinos tienen que “vender dólares” ahorrados para sumar unos pesos y así tratar de llegar a fin de mes. Ante esta realidad acuciante de la economía doméstica cabe preguntarse, ¿qué pasó realmente con la capacidad de ahorro de las familias en estos últimos años?. Según datos recientes, en 2023 solo uno de cada diez hogares pudo ahorrar en nuestro país pero, además, la caída de la capacidad de ahorro de la sociedad es una tendencia que se mantiene, al menos, desde los últimos doce años ya que “con cada crisis, no sólo aquellos hogares en condiciones vulnerables intensificaron sus niveles de privación económica, sino que, parte de sectores medios bajos descienden en sus capacidades de consumo”, explicó el Observatorio para la Deuda Social de la UCA.

El panorama se agrava si se contrastan las realidades entre los diferentes sectores sociales: existe una brecha es de más de veinte puntos entre las posibilidades de ahorro del estrato social más alto y la población de menores ingresos del país. “El mayor esfuerzo productivo de los hogares y el incremento de la cobertura de la política pública -y no la calidad de los empleos, ni la evolución de las remuneraciones y prestaciones en términos reales- son los factores principales que han logrado atenuar o incluso por momentos revertir, la tendencia creciente de la indigencia y pobreza por ingresos”, advirtió el informe “Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)” que anticipó además que en enero de 2024 la pobreza alcanzó al 57,4% de la población y la indigencia al 15% del total, recrudeciendo una situación ya alarmante.

¿Quién puede ahorrar en Argentina?

“El ahorro equivale a la postergación o al diferimiento de ciertos consumos, por lo que la capacidad de ahorrar implicaría que las necesidades fundamentales se hallan en gran parte o totalmente cubiertas” aclaró, en primer lugar, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA que indagó qué sucedió con la capacidad de ahorro de la población desde 2004 a la fecha teniendo en cuenta el estrato-socioeconómico y las propias percepciones de las familias argentinas a fin de reflejar "la situación monetaria de los hogares y su capacidad de maniobrar en el contexto de una economía de mercado” así como “la persistencia o intensificación de la desigualdad”. En relación, el documento destacó que “las sucesivas crisis económicas deterioran la capacidad de ahorro de los hogares, dificultando cada vez más el retorno a los niveles previos existentes”, dejando “pisos” de ahorro cada vez “más bajos”, lo que se evidencia sobre todo en hogares con bajos ingresos y también en aquellos con “déficits educativos y mayor presencia de niños”. 

Según los datos relevados, entre 2004-2008 se observa “un incremento en la capacidad de ahorro de los hogares” al pasar de 7,5% a 15,6% del total e incluso llegar al pico del 17,7% de los hogares en 2011. Sin embargo desde entonces aparece "una tendencia decreciente y generalizada en la capacidad de ahorro”. En detalle, para 2019 el porcentaje de familias con capacidad de ahorro había descendido a 11,6%, cayendo incluso al 10% en 2020 en el marco de la pandemia por Covid-19. Si bien luego de ello comenzó una recuperación y en 2022 el guarismo se ubicó en 12,2%, los datos recientes de 2023 volvieron a ubicarlo en niveles similares a hace cuatro años atrás (11,1%). 

Una de las variables que analiza el informe de la UCA pone el ojo en las diferencias que existen por estrato social ya que “el estrato socioeconómico (incluye capital educativo, situación ocupacional, tasa de actividad del hogar, acceso a bienes durables y condición de la vivienda) es el que tiene mayor correlación con la capacidad de ahorro del hogar”. En detalle, en 2023, solo el 2,3% de los hogares del nivel socioeconómico más bajo tuvo posibilidad de ahorrar mientras que, en otro extremo, el 28,4% de los hogares de nivel medio-alto pudo ahorrar en nuestro país. “Cuando un hogar pobre declara que el ingreso no le resulta suficiente para afrontar sus gastos corrientes, está indicando que no puede adquirir bienes fundamentales para la subsistencia y la reproducción de sus condiciones de vida (alimento, calzado, alquiler mensual, entre otros)”, señaló el documento al que accedió este medio y agregó “por el contrario, cuando una familia perteneciente al estrato medio alto es la que señala que sus ingresos corrientes no le alcanzan, está haciendo referencia a que no puede sostener el nivel de gastos en bienes y servicios que le posibiliten responder a sus patones habituales de consumo o a los que desearía tener (entre los que posiblemente se encuentran bienes secundarios no esenciales para la subsistencia, servicios de esparcimiento, etcétera)”. 

Si se mira lo sucedido en los últimos veinte años, se hace evidente que la enorme brecha entre sectores registrada en 2023 no fue una situación excepcional, sino que es un comportamiento que acompañó la evolución regresiva de los ingresos, la mayor fragmentación y heterogeneidad del mundo laboral, las políticas económicas y las crisis sostenidas. Siguiendo la división de estratos por cuartiles que propone el informe, el estrato más bajo (25% inferior) tenía en 2004 una capacidad de ahorro del 3,5%, que escaló al 9,8% (pico máximo) en 2008, y desde entonces comenzó a caer para ubicarse en 6,1% en 2011, seguir bajando al 2,2% en 2019 y tocar el piso de 1,7% en pandemia, para luego recuperarse levemente y ubicarse en el 2,3% de 2023. En sentido opuesto y con una distancia de más de veinte puntos, aparece la realidad del estrato medio-alto (25% superior): la capacidad de ahorro de estos hogares era de 22,1% en el 2004 y llegó al máximo de 41,4% en 2011, luego se redujo unos diez puntos y fue de 31,3% para 2019, cayendo a 26,2% en 2020, para recuperarse al 28,4% en 2023 (igualmente bajó tres puntos en relación con 2022). 

También es posible analizar diferencias dependiendo de si las y los integrantes de cada hogar tienen o no secundario completo: en 2023 quienes contaban con dichos estudios finalizados registraron una capacidad de ahorro en torno al 17% frente al 3,6% del segundo grupo familiar, diferencia que también persiste desde el inicio de la serie analizada. Se agrega, como otro factor, la presencia o no de menores en el hogar: en el caso de aquellos sin niños la capacidad de ahorro fue de 15,5% en 2023 mientras que en los demás se ubicó en 6,7% en 2023 (los máximos fueron de 23,2% en 2007 y 12,4% en 2011, en cada caso). 

La otra cara: el endeudamiento

“El crecimiento de la pobreza es generalizado partir del año 2017, y se profundiza con la crisis sanitaria por el COVID-19”, explicó el documento de la UCA y agregó que “las estrategias familiares de vida, caracterizadas por una intensificación en la búsqueda de recursos económicos -tanto en el mercado laboral como a través de programas de transferencias de ingresos- adoptan durante la post- pandemia un papel relevante”.

En relación, durante estos años se profundizó la problemática del alto endeudamiento familiar. Una de las herramientas que encontraron las familias para financiarse en un marco de crisis de ingresos es a través de las compras con tarjetas de crédito que confirman, junto con otros canales de endeudamiento doméstico, un dato alarmante: el 54% de los hogares recurre a financiamiento en nuestro país, y el 70% destina esa deuda a la compra de comida y medicamentos. En la misma línea, un informe sobre vulnerabilidad financiera elaborado en el marco de la segunda ola de la pandemia en 2021 por parte de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAN), destacó que “el 40% de la población presentaba una alta vulnerabilidad financiera afectando de manera particular a los hogares con niños, de bajos ingresos, cuyos jefes o jefas de hogar poseen empleos informales o no trabajan, son beneficiarios de asignaciones como la AUH y que habitan en las regiones más pobres del país” al tiempo que “tiene efectos sobre la disposición de los hogares a endeudarse en un ciclo donde se destina mayor cantidad de sus ingresos para pagar deudas y sacar nuevas deudas para pagar las anteriores, cuyo principal destino es financiar gastos básicos de alimentación y la salud”. 

Lo anterior se agudiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres. En nuestro país el 60% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos. En ese sentido, las desigualdades laborales y socioeconómicas que afectan a las mujeres también se manifiestan en un acceso diferencial a servicios financieros. Según un informe del Banco Central, sin contar las cuentas sociales o previsionales, la brecha en el acceso a servicios financieros entre hombres y mujeres es de 19,4 puntos porcentuales, en tanto que ellas representan en todas las entidades de financiamiento menos de la mitad del crédito total otorgado, con montos promedio por persona que están al menos 30% por debajo de los varones.  

Por Eugenia Rodríguez / El Destape