El caso de Javier Milei no es comparable al de ningún otro Presidente reciente de la democracia argentina, ni latinoamericana. Es un emergente político muy decidido a llevar adelante sus ideas liberales revolucionarias, y que no tiene vocación alguna por administrar las cosas tal como las recibió. Él vino para cambiar todo. No obstante, sus apoyos legislativos y territoriales son exiguos, por lo que las dos fuentes de su poder político, además de las facultades constitucionales del cargo que ocupa, son su propia voluntad, que es evidente, y su popularidad en la calle. Ambas, voluntad y popularidad, se basan en la creencia: él cree en sí mismo, y sus seguidores creen en él.

Este carácter volitivo del proyecto de Milei es clave para entender en qué consisten todos estos cambios en la economía cotidiana que los argentinos vivimos desde el 10 de diciembre de 2023. La inflación no es nueva, y el Presidente tiene razón cuando denuncia que él la heredó de sus predecesores. Pero lo que sí es nuevo es el cambio de los precios relativos. Algunos productos aumentaron un poco y otros multiplicaron su valor varias veces, lo que deja en la gente una sensación angustiante. Ese “enloquecimiento” de los precios es parte de un cambio de modelo económico, según el cual el Estado deja de regular ciertos mercados, vía subsidios, controles o intervenciones directas, para liberarlos a la decisión de los que ofertan y la paciencia de quienes demandan. Cambio de modelo que es resistido por la mayor parte de la dirigencia política, y que se motoriza en la voluntad presidencial y el apoyo popular que recibe.  

Este proceso, que de por sí es incierto, forma parte de un reacomodamiento político general.  No sabemos aún quienes saldrán perdiendo y quienes ganarán en la Argentina libertaria de Milei, aunque tengamos algunas sospechas, y tampoco sabemos cuál será la base social definitiva del experimento político. No sabemos siquiera cuántos lo apoyarán. El país se lanzó a un camino de búsqueda. Nada en aguas desconocidas. Sólo podemos esbozar algunas conjeturas, y esperar.    

El ajuste como medio para otro fin

La palabra “ajuste” tiene diferentes connotaciones. A veces se usa para hablar de las decisiones fiscales que toma un gobierno, otras para tratar de explicar cómo opera el equilibrio general de la economía, y algunos prefieren mezclar ambas apelando a lo “estructural”. Todas, y sobre todo cuando pensamos al ajuste como una decisión de la política, nos remiten a tomar medidas que sacrifican algo en nombre de un futuro mejor. Milei extiende esta última noción: pensando en lo fiscal, bajar el gasto público y equilibrar las cuentas del Estado son, para él, un medio para lograr un fin más grande. Lo dijo en más de una oportunidad, quizás sin ser correctamente escuchado, en la campaña y ya como Presidente: “Si no puedo avanzar con las reformas de primera y segunda generación, voy a sobreajustar el frente fiscal”.  

En este punto Milei se distingue de los economistas ortodoxos convencionales. Para ellos, que son mayoría entre los graduados de las facultades de Ciencias Económicas que participan de la conversación pública, el ajuste fiscal es una decisión política, valga la redundancia, “fiscalista”. Una decisión que ocurre cuando un gobierno pone la Secretaría de Hacienda a cargo de tecnócratas de lápiz rojo, orientados a reducir el gasto público en tantos “ravioles” del Estado como sea posible. Al economista fiscalista no le importan el qué ni el cómo, y en el fondo tampoco le incumbe si la economía a ser ajustada es la de una democracia liberal, un régimen comunista o una teocracia islamista. El ajustador ajusta. Se trata de un técnico del Excel cuyo objetivo es sanear las cuentas, convencido –y con razón– de que el déficit es el origen de innumerables males: endeudamiento, inflación, desinversión. Los economistas del Fondo Monetario Internacional son los típicos representantes de este arquetipo.

Milei se formó como economista convencional y comparte el principio de que el déficit es malo en sí mismo. Pero ahora no es sólo un ajustador. Su meta es más ambiciosa. Él no quiere equilibrar las cuentas de la economía tal como las recibió del gobierno anterior: su propósito es cambiar todo el régimen económico. El Antiguo Régimen del Estado regulador. Milei es, en este sentido, un revolucionario. Y aunque a muchos les incomode este término, porque consideran que la revolución es un ideal con un aura de santidad que no merece un líder libertario y derechista, lo cierto es que, en sentido estricto, Milei lo es. Revolucionario es alguien que se vuelca a la política para cambiar un sistema político o socioeconómico de raíz. Revolucionarios fueron Robespierre y también Napoleón. Revolucionario fue Perón, y también quienes lo derrocaron en 1955. Todos ellos, de hecho, hicieron lo que hicieron en nombre de una revolución. 

Milei parte de un diagnóstico sistémico y radical sobre los males argentinos y propone soluciones igualmente radicales. No hay misterio acerca de sus ideas revolucionarias, porque las viene difundiendo obsesiva e incansablemente en los medios y las redes sociales desde hace al menos diez años. Para Milei, Argentina está infectada de colectivismo, un término genérico para englobar a varias formas de intervencionismo estatal, donde él ubica principalmente al socialismo y al keynesianismo. La solución es una revolución que libere a la economía de sus cadenas. En esta revolución liberal es más importante sacar que poner cosas. Hay que liberarnos del Antiguo Régimen. Por culpa de él, sobra Estado, sobran leyes, sobran reglas distorsivas.        

Obsérvese que el puntapié inicial del gobierno de Milei, que fue el plan de Luis Caputo, tuvo su centro en una medida de liberación. Abrió –parcialmente– el mercado cambiario, al llevar el dólar oficial a 800 pesos y reducir inicialmente la brecha con el paralelo. Esa medida, una devaluación, implicó un cambio en los precios relativos, que fueron acercándose a sus valores dolarizados. Algunas cosas subieron muchísimo, como la nafta y algunos alimentos, y otras no tanto. Los precios se enloquecen, el consumidor oscila entre la angustia y la confusión; avanza el mecanismo de mercado y retrocede el Estado regulador. De a poco vamos viendo los otros componentes de esa primera decisión de liberalización, como los aumentos de los precios del transporte y los servicios, que pasan a recibir menos subsidios estatales, con la expectativa de llevarlos a cero algún día.

Luego llegó el DNU, y días después se conoció el texto del proyecto de Ley Ómnibus. Con ellos, el Presidente puso todas sus intenciones sobre la mesa. Los frondosos textos de esas dos piezas constituyen en los hechos su programa de gobierno, o al menos una parte de él. Todos sus capítulos persiguen el mismo fin de cambiar el sistema y reconvertirlo hacia uno que se acerque lo más posible al ideal del Estado mínimo, con los mayores niveles disponibles de libertad económica. Una libertad que requiere, naturalmente, ser protegida de sus enemigos a través de las políticas de seguridad y defensa. Milei sabe hacia dónde quiere llevar a Argentina. Pero, como todo revolucionario, también sabe que las tácticas y las estrategias son adaptables al contexto. El instrumento puede ser un partido bolsonarista o una alianza con el PRO. Un decreto, una ley o una consulta popular. Se irá viendo sobre la marcha; los fracasos son temporarios mientras la llama siga viva. Milei tiene los principios y los valores, pero por definición no tiene plan. Construir un plan para realizar una revolución libertaria sería, en sus propios términos, una fatal arrogancia.       

Ganadores y perdedores

Todo cambio de régimen deja ganadores y perdedores, pero en este caso es difícil saber quiénes serán. Porque en la revolución no hay plan. Es el reino de los ideales. Y del caos. 

En teoría, en el paraíso liberal-libertario los ganadores deberían ser los perdedores del Antiguo Régimen del Estado regulador, y viceversa. Deberían ganar el campo, que disfruta el fin de las retenciones; los exportadores, que liquidan al nuevo dólar oficial de 800 pesos; los empresarios, emprendedores y trabajadores que pagan menos impuestos a las ganancias, y los vendedores que pueden fijar sus precios sin el control del Estado regulador. Inversamente, en este nuevo paraíso deberían perder los antiguos beneficiados: los subsidiados, la patria contratista, la casta política estatal, los consumidores de precios regulados. Ese esquema de ganadores y perdedores también se vería reflejado, por ejemplo, en el mundo del trabajo: los más productivos ganarían y los ineficientes o poco competitivos resultarían perjudicados, y el impacto alcanzaría a todos, desde el más encumbrado hasta la base de la pirámide. Por ejemplo, quienes manejan el negocio de las exportaciones agropecuarias van a ganar mucho más, del mismo modo que van a aumentar los salarios que cobran todos los integrantes de esa cadena. En el bando de los perdedores, en cambio, todos van a cobrar menos. El clivaje entre el Estado (“la casta”) versus el mercado (“los argentinos de bien”) se juega en la escala salarial. El mundo en que los estatales ganan más que los privados debe darse vuelta como una media.

Ahora bien, el proceso revolucionario es sinuoso e incierto. Hasta hace algunos días, todo indicaba que se reimponía el Impuesto a las Ganancias para los asalariados y se modificaba la fórmula de actualizaciones jubilatorias, con el acuerdo de un buen lote de gobernadores que iba a apoyar al gobierno en el Congreso. Pero no fue así, y la tabla de los potenciales ganadores y perdedores se reescribió. Bien para los trabajadores afectados por la cuarta categoría, mal para los gobernadores dependientes de las transferencias de la coparticipación. Y así. 

Milei no quiere equilibrar las cuentas tal como las recibió sino cambiar todo el régimen económico.

Tampoco sabemos a ciencia cierta hasta qué punto la inflación afectará a los trabajadores formales. Ya sabemos que los precios suben por ascensor y los salarios por la escalera, pero también que el sindicalismo es el actor más eficaz y experimentado de la política argentina. Los gordos cegetistas, en especial aquellos que llevan décadas al frente de sus gremios, no pudieron ser vencidos por ningún gobierno, ni siquiera por los revolucionarios. Fueron los que más rápido se movieron ante el DNU y los ganadores morales de la movilización del 24 de enero. No hay que descartar, entonces, que los trabajadores sindicalizados consigan recuperaciones salariales razonablemente buenas, aun en este contexto de pérdidas constantes de ingresos por una inflación del 25% mensual que no va a ceder en el corto plazo. 

Otro actor relevante a considerar es el Ministerio de Capital Humano creado por Milei. El único que, de acuerdo al propio Presidente, tiene billetera abierta en esta fase del ajuste. La indicación que recibió la ministra Sandra Pettovello de su jefe es mantener, e incluso aumentar, el flujo de transferencias a los beneficiarios de todos los planes sociales.

Entonces, si los trabajadores en blanco van a poder defender sus ingresos gracias al sindicalismo, los millones que reciben ayuda social del Estado no perderán totalmente la protección y los jubilados van a seguir cobrando poco pero no van a estar necesariamente peor que antes… ¿quienes serán los perdedores? La respuesta es la clase media, los trabajadores informales y los jóvenes. 

La clase media, sobre todo aquella que venía consumiendo productos de mayor calidad, está más expuesta a los cambios en los precios relativos, porque tiene más para perder y porque en su canasta de consumo hay más productos dolarizados. Por ejemplo la salud privada, que se encareció por encima del 25% de inflación, consecuencia de la devaluación del dólar oficial, que disparó el precio de los medicamentos, los estudios de laboratorio y los insumos hospitalarios (y de la decisión del gobierno de desregular las tarifas de las prepagas). Algo similar ocurrió con el precio de la nafta, que hace que mucha gente piense dos veces antes de sacar el auto o programar un viaje a la costa. Prepagas, vacaciones, educación privada: todo lo que construye el ideario aspiracional clasemediero aumentó por encima del promedio. Y aún no sabemos si la demanda acomodará los números o si habrá que abandonar para siempre algunos de esos lujos argentinos.

Los trabajadores informales y los cuentapropistas también van a sufrir, porque dependen más del nivel de la actividad económica que los trabajadores formales, y tienen menos protección. Estanflación significa menos plata en la calle, y eso significa menos salidas a comer, menos arreglos en el hogar, menos visitas al kiosco, menos viajes en Uber y membresías a gimnasios que no se renuevan. Y con la demanda cayendo cuesta aumentar el precio de estas economías de servicios. Y a los jóvenes, en este contexto, se les complica aun más insertarse en los mercados formales de trabajo; los que tengan suerte serán, a lo sumo, absorbidos por la informalidad de ingresos bajos.

Para Milei esto es un problema evidente, ya que en estos tres segmentos afectados se concentraron muchos de sus votantes. Y, como dijimos, su proyecto es altamente dependiente de su popularidad. No puede romper el contrato que lo une a sus adherentes, y no tiene mucho que ofrecerles, más allá de la promesa de un capitalismo popular de consumo y crédito que no llegará mientras estemos dominados por la estanflación. 

Por supuesto, es probable que su núcleo duro, ese 30% que lo votó en las primarias y la primera vuelta, esté dispuesto a esperar. Milei siempre les dijo que lo bueno está muy por delante –en el paroxismo, prometió bienestar irlandés para dentro de… 45 años– y lo votaron igual. Muchos de los creyentes del Presidente adhieren a su ideal revolucionario, y lo van a sostener siempre y cuando se mantenga genuino y leal. Así funcionan los núcleos duros: piden todo lo contrario a la moderación.

Pero también está el 26% que se sumó a la ola mileísta en la segunda vuelta. Esos no son revolucionarios, ni particularmente pacientes. Son casi todos votantes cambiemitas, antikirchneristas, “mejoristas” que votaron contra Massa y sus socios ocultos, y van a ser los primeros en evaluar al Presidente. Milei sumó a Patricia Bullrich y a Luis Petri a su gabinete porque tiene clara la necesidad de mantener un lazo con esos votantes, pero tal vez no alcance. No puede perderlos por culpa de la insatisfacción económica. Deberá liderarlos hasta que llegue algo de la prometida reactivación. Si la popularidad se desvanece, todo se le hará cuesta arriba y dependerá más que nunca de su voluntad personal. 

Por Julio Burdman * Politólogo. / El Diplo