La CGT prevé arrancar la semana con la cosecha de los primeros frutos de la acumulación política que consiguió con el paro y la movilización del miércoles, con el inicio de una campaña de "cacería de traidores" al mejor estilo Mario Ishii. El primer apuntado será el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionado por la central obrera por haber sido el facilitador del dictamen de mayoría que logró el Ejecutivo para su ahora recortado proyecto de ley ómnibus. Pero también habrá una labor de la "mesa chica" sindical sobre diputados y senadores sindicados como eventuales colaboradores de La Libertad Avanza.

El "Operativo Ishii" como le denominan puertas adentro en la organización -en recuerdo de la promesa del intendente de José C. Paz de salir a la caza de traidores tras la derrota electoral del peronismo en 2009- promete incluso una consecuencia institucional en la provincia de Tucumán: la CGT buscará forzar la renuncia del secretario de Trabajo de la provincia, César Torres, secretario general del gremio local de Camioneros. Un jerárquico de la central obrera aseguró que le cusarán el pedido a Pablo Moyano.

El cierre de la semana fue exultante para los gremialistas de la organización mayoritaria. Analizaron el paro y sobre todo la marcha al Congreso como un triunfo político sin precedentes. En un primer momento dieron a conocer una cifra de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país aunque durante el fin de semana afinaron números y aseguraron que sólo en las inmediaciones del Parlamento hubo más de medio millón. Y destacaron la casi ausencia absoluta de incidentes, en particular los que hubiese podido aprovechar Patricia Bullrich para publicitar su malogrado protocolo antipiquetes.
 
Pero la mayor satisfacción dijeron haberla situado en las implicancias políticas de las medidas de fuerza: en la CGT se atribuyeron por completo el endurecimiento de los bloques del Congreso respecto de las iniciativas del Gobierno y el posterior retiro del capítulo fiscal de la ley "Bases" por parte del oficialismo. "Ahora todos se le animan a Javier Milei" se ufanó ante este medio un triunviro de la central. Los dirigentes ya venían henchidos por haber forzado el freno al capítulo de reforma laboral del DNU en la Justicia y que se evitara la concentración de amparo en la órbita de Contencioso Administrativo, el fuero preferido por Rodolfo Barra.

Dudosos

Con esas medallas en mano la central retomará su raid parlamentario. No lo hará, como durante las reuniones de comisión para el debate de los proyectos con bloques enteros (el de Miguel Pichetto, la izquierda, Innovación Federal y los radicales de Facundo Manes) sino de manera más focalizada. El objetivo será disuadir a legisladores afines al PJ o radicales dudosos de facilitar el trámite en el Congreso para el eventual tratamiento en el recinto. Y exhibirán para ello el hostigamiento retórico que pondrán en macha contra Jaldo y sus diputados disidentes que formaron un bloque aparte de Unión por la Patria luego de haber permitido el dictamen Ómnibus.

Cuando se les consulta a los jerárquicos del Consejo Directivo por otros ítems pendientes prefieren sostener que será mejor centralizar la atención en el debate en el Congreso. Por caso la convocatoria del Consejo del Salario, el órgano que debe actualizar el piso de ingresos formal y, por lo tanto, del valor de los planes sociales y las jubilaciones mínimas, quedó en suspenso en teoría por la declaración del paro por parte de la CGT, tal como adelantó este medio en exclusiva. Fue, de paso, una excusa oportuna del Ejecutivo para evitar la definición sobre el enganche de ese instituto con los planes sociales, que Economía prefiere desacoplar.

Los sindicalistas mantienen la idea de que el Consejo del Salario es una instancia en gran medida ajena a la CGT porque apenas si define salarios formales (la inmensa mayoría está por encima de ese valor) y sólo depende de decisiones económicas del Gobierno, también distantes de las cámaras empresarias que participan. No obstante reconocen que no podrán obviar el tema por mucho tiempo más: no sólo los beneficiarios de planes sociales -en general representados por organizaciones piqueteras- están pendientes de la discusión del salario mínimo sino también los jubilados y pensionados.

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