“El mercado es un mecanismo de cooperación social; no existe fallas de mercado. El único contexto en el que puede haber un fallo es si hay coacción. Y quien posee la capacidad de hacerlo, es el estado”. Javier Milei arrojó datos inconexos, al voleo. Su discurso en el Foro de Davos duró 20 minutos. Algunos de los presentes lo tomaron en broma, otros quedaron sorprendidos o descolocados. Luis Caputo sonreía para contarle al mundo que “muchos están interesados en los cambios del país”. Una puesta en escena. Sin embargo, un dato para no perder de vista. El empresario con ínfulas de querer controlar el mundo, Elon Musk, aplaudió los conceptos del libertario desde su propia plataforma de comunicación (X).

El objetivo de Milei fue desplegar ante el mundo la base doctrinaria de su plan sistemático de transferencia de recursos hacia un conjunto de corporaciones bien definidas. Ese mandato incluye la eliminación de cualquier regulación pública que permita una distribución justa y digna de la riqueza y los ingresos. La vuelta a una suerte de Colonia. Esta vez, del capital privado.

En el país, empresas como Arcor, Molinos Río de la Plata, Techint, Telefónica, Telecom, el conjunto de las prepagas (lideradas por Claudio Belocopitt) anhelan un mundo sin reglas distributivas. Sin un Estado que piensa en el conjunto de la población. Siempre tuvieron la misma conducta. De poner lobistas en los diferentes gobiernos post dictadura cívico militar, se convirtieron en los redactores de la nueva estructura jurídica que los dejará hacer lo que quieran. Siempre en nombre de la libertad).

Sin embargo, el plan sistemático de miseria planificada de los libertarios consolida la influencia de la casta empresarial dentro de la estructura social y política del país.

Fuerte como el acero

El mercado no es una entelequia que funcionaría bajo las leyes de la naturaleza, como pregona Milei. Ni todos los empresarios podrían ser calificados de héroes, como afirmó el mandatario. El caso de Techint podría ser un buen punto de partida. El empresario Paolo Rocca nunca hubiera logrado tal emporio, radicado en el paraíso fiscal de Luxemburgo, sin haber gozado las buenas gestiones de Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico militar.

En 1973, este conglomerado contaba con 30 empresas bajo su control, ya sea de manera directa o a través de otras sociedades. Para 1983, pasó a controlar y manejar un total de 46 sociedades, tal como constataron Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu en su investigación “La siderurgia argentina en el contexto del ajuste, las privatizaciones y el Mercosur” (1995). Creció a la luz de un Estado dictatorial.

Sin el apoyo público, Techint, quizás, no sería lo que es. Rocca, alineado con los Estados Unidos, suele decirle a su cadena de valor, integrada por miles de pymes, que, si llegaran a tener algún vínculo comercial con empresas de China, los eliminaría de su nómina de proveedores. Lo dice Rocca en público. Sin eufemismos. Así funciona el poder de una corporación.

En épocas de alta inflación, como la atravesada desde 2019 en adelante, empresas con el poder de Techint pueden decidir cuando entregar mercadería a sus clientes; se stockean porque pueden; negocian licitaciones con los Estados, como fue el caso del Gasoducto Néstor Kirchner, y se  reservan el derecho de aplicar aumentos del 100% por si las dudas. ¿Alguien podría decir que Rocca es un héroe? 

Desconectados

Las empresas de telefonía e internet, Telefónica y Telecom, son criaturas que surgieron a partir del proceso de mega endeudamiento diseñado en Wall Street para avanzar con las privatizaciones en la década de 1990. Cuando el menemismo les repartió el país en dos, las telcos heredaron toda la infraestructura montada por la pública Entel. Durante diez años, mantuvieron el monopolio de la telefonía fija; y luego de la celular. Ahora, Telecom es Clarín. ¿En serio este conglomerado sería más débil que el Estado?

Para avanzar contra el Estado, primero hay que demonizarlo. Es lo que se hizo en los 90; es lo que hace Milei ahora. Si no existiera la presencia del Estado con el impulso de políticas públicas de comunicación, habría zonas del país que carecerían de cualquier tipo de red. “El privado solo se maneja por el negocio”, sostenía Ceferino Namuncurá, interventor de la CNC en 2012, cuando el Gobierno de CFK se aprestaba a lanzar el programa Argentina Conectada.

Desde la empresa Arsat, que ahora Milei pretende privatizar, se había ideado un programa de expansión de fibra óptica para llegar a todo el país; era la manera en que el Gobierno de entonces se proponía quitarle a Telefónica y Telecom el monopolio sobre “la última milla”, es decir, la entrada a los hogares. El plan era iluminar todo el país junto a cooperativas, pymes, etc. De ahí el plexo normativo sobre las comunicaciones y telecomunicaciones del gobierno kirchnerista.

Cuando llegó Macri, desactivó cualquier atisbo de política pública. El Gobierno de Alberto Fernández tampoco se ocupó. El DNU 690/2020 jamás pudo aplicarse.

Sin regulación estatal, las empresas de telecomunicaciones manejarán uno de los servicios más esenciales que existen: Internet. La alianza Milei – Musk no es inocente.

El juego de la oca

Las grandes empresas que fabrican alimentos tampoco podrían ser catalogadas de benefactoras sociales; en los últimos años, incluso durante la pandemia, hicieron uso y abuso de la suba discrecional de precios para captar rentabilidad, frente a un Gobierno que eligió los pactos de caballeros antes que utilizar los pocos instrumentos con los que contaba, como por ejemplo la Ley de Abastecimiento. No por nada, las empresas nucleadas en la Copal dispararon de lleno contra esta norma en el DNU de Milei.

Cuando se trata de la comida de la población, el rol del Estado siempre será clave. Sobre todo, en los casos en que esas mismas empresas que producen para el mercado interno, también exportan. ¿Por qué la comida debe cotizar a su valor internacional? Frente a este debate, los derechos de exportación siempre fueron considerados un instrumento de política económica para desacoplar los valores internacionales de las materias primas y su impacto local.

La batalla cultural por este instrumento se libró en 2008. Luego, toda la dirigencia política kirchnerista y peronista se rindió ante la Mesa de Enlace y su diatriba en contra de los derechos de exportación.

Si por caso las retenciones no fueran el mejor instrumento, ¿qué otras herramientas podrían desplegarse desde el Estado cuando, por ejemplo, los frigoríficos optan por exportar toda su producción en detrimento del consumo local? El precio de la carne no se maneja solo. Lo mismo ocurre con el aceite de maíz. O los productos farináceos.

No por nada, el plan sistemático de miseria planificada de Milei avanzará contra las últimas regulaciones que podrían ponerle algún coto a la voracidad privada que le perjudica la vida a millones de trabajadores y trabajadoras: la ley de abastecimiento.

Regresividad

Durante los últimos años ocurrió el siguiente fenómeno, según describió el Centro de Investigaciones y Formación (CIFRA – CTA): una regresividad distributiva asociada a la pérdida relativa de los asalariados y el aumento de los márgenes de ganancia de amplios sectores privados.

El llamado costo salarial cayó 18,6% entre 2016 y 2022 en el marco de un descenso menor de la productividad (-5,5%). “Este hecho se profundiza durante el gobierno del Frente de Todos, cuando el costo salarial se reduce 4,5% y la productividad crece 0,8%. Dado que el salario es directamente proporcional al aumento de la participación de los asalariados en el ingreso y la productividad es inversamente proporcional, ambos factores -por distintas circunstancias en cada etapa- determinaron la reducción en el peso relativo de los asalariados en el valor agregado”, explicó CIFRA.

El conjunto de las principales empresas del país que se apropiaron de 88.000 millones de dólares que podrían haber quedado en manos de los trabajadores y trabajadores en calidad de salario. Ahora que se pretenden eliminar todas las regulaciones, ¿de cuánto será la transferencia?

Esto no es salud

La medicina prepaga, al decir del sanitarista Jorge Rachid, se parece más a un esquema financiero que a una cobertura de salud. Ni el DNU ni la ley ómnibus fueron ratificados por el Congreso. Así y todo, un grupo de seis empresas acordó aplicar aumentos exponenciales durante los dos primeros meses del año (70%).

La presencia del Estado es clave en este sector. O lo era. La existencia de un plan médico obligatorio, la posibilidad no excluir a nadie por cuestiones de edad ni salud, la regulación sobre las cuotas y la integración con todo el sistema de salud (obras sociales y público) fueron decisiones que morigeraron las pretensiones privatistas del sector. Milei lo hizo. Dato de aparte: desde la pandemia, fueron beneficiadas con una rebaja del IVA, que les reportó el último año cerca de 240.000 millones de pesos.

Con la retirada del Estado, las prepagas se encaminan a conformar una suerte de seguro privado de salud, captar a los trabajadores de mayores ingresos y abrir la puerta, nuevamente, a un esquema de seguros privados como alguna vez lo fueron las AFJP.

El Estado es falible y sus estructuras y normativas deben mejorarse para impulsar una más profunda distribución equitativa del ingreso y la riqueza. La construcción de un Estado fuerte es parte de una batalla cultural. No posee plazo de finalización. Del otro lado, o en el medio, estarían los privados concentrados, como el grupo de empresas que redactó el plexo normativo de La Libertad Avanza. Ellos tienen otros planes. Con o sin Milei.

Por Sebastián Premici / El Destape