En el mismo ámbito judicial donde hace poco menos de cuatro años se detuvo a una médica por garantizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la ciudad de Tartagal, una nena de 11 años de edad se encadenó para reclamar que se le permita continuar con su embarazo.
La niña, integrante de una comunidad originaria de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), protestó el miércoles junto a su padre y su madre, que apoyan su decisión ante la presunta presión para que se sometiera a una ILE (Interrupción Legal del Embarazo), una cuestión que al parecer pudo haber surgido también de un malentendido.
En el caso interviene el asesor de Menores e Incapaces de Tartagal, Juan José Andreu, a quien le llegó por denuncia de la madre de la niña.
Según la información oficial aportada por el Ministerio Público Pupilar a Salta/12 “en primer lugar solicitó todas las medidas de resguardo, para garantizar los derechos de la niña. Pidió a los organismos correspondientes tomar las medidas necesarias en protección de la menor de edad. Además, solicitó a los responsables del área de salud que se garanticen todas las prestaciones para resguardar la salud física y mental de la nena, y que informen si existe riesgo vital, ya que tanto la niña como la madre manifiestan voluntad de continuar con el embarazo. Por supuesto, la Asesoría realiza el seguimiento de todas estas acciones. Estas medidas se solicitaron independientemente de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía”.
Detectado en territorio
En octubre último, la directora de Materno Infancia de la provincia, Patricia Leal, detectó el embarazo de la nena en uno operativo sanitario realizado en territorio.
En ese momento, la niña tenía ya una gestación de 8 semanas. “Lo que se hace legalmente es comunicar a la Justicia para que sepa que hay un embarazo de esta edad”, dijo la funcionaria en Radio Nacional. Añadió que también se comunicó la novedad a la Secretaría de la Niñez y la Familia.
Tanto Leal como Marcela Calermo, referente wichí de la zona, indicaron que la niña ya estaba en concubinato con un adolescente de 14 años. Esta convivencia fue avalada por la familia. Y de allí surgió el embarazo que hoy lleva ya cinco meses.
Según Calermo, este miércoles hubo una insistencia con la posibilidad de realizar una ILE, por la edad de la nena y los riesgos que esto conlleva, y esto provocó que se encadenara.
“No pueden decir que es violación. Violación es otra cosa. La nena no ha sido violada”, sostuvo Calermo.
Este diario pudo constatar que en los pedidos de informes realizados por distintas dependencias del gobierno provincial se indica que la niña es “víctima de ASI”, o sea, de abuso sexual infantil.
Distintas perspectivas
Una visión legal de la situación sostiene que en este caso la decisión sobre si la niña debe abortar o no, es “médica”, en tanto la vida de una nena de 11 años puede estar en riesgo por el embarazo, dado que el cuerpo todavía infantil no está preparado ni para un parto natural, ni para una cesárea.
A ello se agrega la necesidad de que se acompañe también el acto de maternar en sí mismo, dado que también por su edad se acrecientan las dificultades de hacerlo sin un acompañamiento adulto.
Por su parte, Patricia Leal aseguró que el equipo interdisciplinario de su área acompaña desde el primer momento a la niña y que en la evaluación realizada se determinó que el embarazo avanza bien y la chica está bien de Salud. La misma información fue brindada por integrantes del equipo que atiende a la niña, que sostuvieron que desde un primer momento y pasando por los profesionales de distintas áreas que la entrevistaron, manifestó su decisión de llevar a término el embarazo.
La chica está escolarizada y “hay compañeras que ya tienen hijos y están viviendo con la pareja”, añadieron al comentar el contexto en el que vive.
“Imponer una moralidad unilateralmente es como estar colonizando”, reflexionó por su lado la antropóloga Norma Naharro al ser consultada por Salta/12.
Indicó la necesidad de centrar la interpretación de la ley según el caso y el contexto en el que sucede.
En este punto, Naharro advirtió con respecto a la ILE, que “hay algo paradójico en el término de protección de niños y niñas a la vez que se les resta la voz limitándola a un número de edad”. Y es que la ILE se aplica para menores de 15 años y la IVE, para mayores a esa edad.
“No hay que perder de vista nunca a la subjetividad de la persona que atraviesa esa situación”, añadió. Dijo que entiende que “la nena está siendo violentada” por lo que se pudo ver con el hecho de que se encadenara.
Fuente: Pagina12
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