Esta semana se conoció el primer dato de inflación de la actual gestión de gobierno, que alcanzó el 25,5% en diciembre, un nivel mensual que no se registraba desde hace décadas. Antes de la difusión del mismo, el presidente Javier Milei manifestó en una entrevista que «si el número está cerca del 25%, será un éxito de la política económica del Gobierno». Sin embargo, vale preguntarse: ¿Es acaso un éxito que la inflación se haya duplicado en el primer mes de gobierno (aunque el recambio presidencial fue el 10 de diciembre), que los rubros de salud hayan aumentado un 32,6% y los alimentos y bebidas no alcohólicas un 29,7%? En aras de ese «éxito» el propio presidente afirmó: «Hicimos que la gente no tuviera pesos». Y agregó: «Aún debe haber un proceso de acomodamiento de precios relativos». Es decir, anticipa más sufrimiento para los sectores populares y las clases medias.
En rigor, acomodar los precios relativos significa que algunos precios de la economía suben y otros quedan retrasados, de lo contrario se estaría siempre en el punto de partida. En este contexto, como está ocurriendo, los salarios, las jubilaciones y otros ingresos fijos son los grandes perdedores de un esquema que ya está modificando de manera abrupta la matriz de distribución del ingreso y la riqueza.
La devaluación del tipo de cambio, de una magnitud inédita, fue la medida que más impactó en los bolsillos. Además de la señal que se les dio a los formadores de precios para que remarquen sin control, el fuerte incremento en el precio del combustible y los importantes aumentos tarifarios que se esperan. En resumen, la aceleración inflacionaria no es producto del «sinceramiento», sino un instrumento de las actuales políticas contenidas en el DNU presentado el 20 de diciembre y la ley ómnibus que se pretende sancionar.

Un debate sin tiempo

El Congreso Nacional es el ámbito donde deben expresarse los representantes del pueblo, lo que para este Gobierno parece ser una suerte de molestia. Mientras se proponen avanzar rápidamente con sus políticas de recorte de derechos, de ajuste y de desregulación, desde el oficialismo advierten que si el Parlamento no aprueba la ley ómnibus «vamos camino a otra crisis». El ministro de Economía, Luis Caputo, fue contundente: «En la medida en que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, y los argentinos van a sufrirlas más».
El tratamiento de proyectos como el de la ley ómnibus no admite un proceso «express», requiere el tiempo necesario para un estudio y debate profundos. Un ejemplo de temas muy conflictivos y a la vez trascendentes es el siguiente: en la reunión de las comisiones de Diputados, el secretario de Finanzas dejó en claro que «la propuesta de esta ley es que se liquide el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)». Las inversiones del FGS en títulos públicos se consolidarán (es decir, desaparecerán) y sobre las acciones de empresas privadas que posee el fondo citado, señaló que «revierten al Tesoro porque es el mismo Tesoro el que se está haciendo cargo de las jubilaciones por el déficit del sistema (de reparto)».

Vale recordar que cuando el Gobierno anterior propuso llevar a cabo un canje de bonos en dólares del FGS por bonos en pesos, la oposición de entonces salió a criticar la medida con vehemencia. Se dijo que «jugaban a la timba con la plata de los jubilados»; que se quería generar un «vaciamiento» del FGS que «se descapitalizaban los ahorros de los jubilados y trabajadores argentinos», entre otras expresiones de igual tenor. ¿Y ahora se pretende que en pocos días se convalide nada menos que la enajenación del FGS?
En el informe a las comisiones de Diputados, se indicó que el sistema de reparto cubre solo el 50% del pago de jubilaciones, y se resaltó que en el actual sistema (que remplazó a las AFJPs) el pago de las jubilaciones forma parte también del déficit del Tesoro. Si el objetivo es reducir al máximo el gasto público para eliminar el déficit, puede pensarse que el sistema de reparto está también en la mira de este Gobierno.

Si el Parlamento y parte de la sociedad convalidan estas políticas ultraneoliberales, nos encaminaremos hacia un país para pocos, en el marco de un modelo de exclusión.

Por Carlos Heller / Acción