Si algo no estaba en los cálculos de nadie es que, en el primer mes de 2024, que coincide con el comienzo del gobierno libertario de los hermanos Milei, la Iglesia Católica y el Ejército produjeran noticias de interés público, como lo fueron

• la renuncia al aporte estatal para el pago de sueldos episcopales y
• el pase a retiro obligatorio de dos docenas de generales.

Es importante entender qué significa cada episodio. 

Renuncio a la nada

La finalización del pago de salarios a obispos, sacerdotes y seminaristas fue presentada por la Conferencia Episcopal como una renuncia al aporte económico del Estado y fue saludada como un aporte a la austeridad por el vocero presidencial Manuel Adorni. Sin embargo, permanecen intactas las transferencias de la Nación y de las provincias para el funcionamiento de la enseñanza confesional, que son la verdadera clave de esa sangría.

La alegada renuncia se produce en medio de la confrontación más virulenta en un siglo y medio entre un jefe de Estado y la cabeza de la Iglesia Católica. Durante la campaña electoral, el Papa Francisco comparó a Javier Milei con Hitler, y el candidato respondió aun con mayor sutileza que el Pontífice era un "sorete mal cagado" y representante del Maligno en la tierra. "Residuos tóxicos" llamó en 1884 el presidente Julio Rocca al delegado apostólico Luigi Matera, embarcado a la fuerza hacia Montevideo por oponerse a la enseñanza laica.

Hasta el vocero oficioso de la Iglesia Católica, Sergio Rubin, reconoció que el aporte suprimido "no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales y significaba el 7 % del presupuesto de la Iglesia". Ese porcentaje está sacado con el mismo ábaco con el que Milei estima la inflación implantada por el gobierno anterior en 15.000% anual.

Cuando Carlos Menem dejó la presidencia, en 1999, la asignación era de 2.500 dólares mensuales por obispo, unos 2,5 millones actuales, es decir 45 veces más que ahora. Además, en 1998 Menem transfirió 29 millones de dólares adicionales a un pequeño grupo de obispos seleccionados. Pero las transferencias para la educación confesional oscilan entre los 700 y los 1.000 millones de dólares anuales.

En 2023 se pagaron a obispos, curas y seminaristas, apenas 190 millones de pesos. La renuncia a ese aporte estatal venía discutiéndose desde la década de 1990, cuando el responsable de Caritas, el obispo Rafael Rey, denunció haber rechazado un ofrecimiento del ministro Carlos Corach de 300.000 dólares "bajo la mesa". A medida que disminuyó su significación económica, creció su peso negativo para la imagen institucional.

 Francis Bacon, El Papa que grita

 
Secreto de confesión

La derivación de aportes para la educación hacia el financiamiento eclesiástico fue conflictiva desde que en 1947 Juan Perón promulgó la enseñanza obligatoria de la religión católica en los colegios del Estado y subsidió con fondos públicos los salarios de los docentes de escuelas religiosas. Pocos años después, el Presidente denunció que en los colegios estatales "el mayor número de las cátedras fueron adjudicadas a curas" que ocultaban su condición sacerdotal y en los colegios católicos el porcentaje de sacerdotes en el cuerpo docente pasó del 20 al 80%. Según Perón, firmaban pero no cobraban y los recursos que transfería el Estado para pagar sueldos de los maestros se desviaban hacia el financiamiento de la Iglesia. "Con firmas falsas y aun simuladas, se defraudó al Estado ingentes sumas", dijo.

Durante los gobiernos justicialistas de Cámpora-Lastiri-Isabel y Juan Perón, el ministerio de Educación volvió a detectar una fuga de recursos, que no se usaban para pagar salarios de los docentes sino diversas actividades de la Iglesia Católica. El recorte redujo las transferencias en un 20% del total y el Episcopado lo consintió porque la información oficial era irrefutable.

En 2015, recibían subsidios el 74% de las escuelas privadas confesionales del nivel primario, y el 81% del secundario. Qué porción de ello se aplica a la tarea educativa y cuál paga otros gastos es algo que ninguna autoridad eclesiástica revela, como si fuera un secreto de confesión. 

Prebendas

Los sueldos y los subsidios no fueron las únicas prebendas de la dictadura a los obispos adictos. En vísperas de la primera gran movilización gremial y política contra la Junta Militar, el gobierno cedió al Arzobispado de Buenos Aires grandes terrenos en distintas partes de la ciudad para que construyera iglesias, viviendas, instalaciones para actividades educativas, culturales, sociales y deportivas. Además, exime de impuestos todas las actividades vinculadas con la institución. También se hizo cargo de los pasajes para los viajes episcopales a Roma.

Días antes de dejar la presidencia, el dictador Jorge Videla transfirió al Episcopado en carácter definitivo y sin cargo los dos mil metros cuadrados del terreno y las edificaciones de la calle Suipacha al 1000, donde hasta hoy funciona la sede de su Secretariado General.

Esas transacciones darían lugar a una furiosa polémica interna. En 1983 el cardenal Antonio Quarracino reclamó el perdón para todos los militares acusados por Crímenes de Lesa Humanidad. El anciano sacerdote Hernán Benítez, que en su juventud había sido confesor de Eva Perón, le escribió a Quarracino que San Gregorio Magno “lo juzgaría a usted tan asesino como los asesinos que trata de apañar”. Quarracino le respondió que aquel Pontífice “no habría escrito eso que escribió si el emperador, por asesino que fuera, le hubiera estado construyendo gratis la basílica de San Pedro”. Indignado, el sacerdote replicó: “A aquel Papa y a aquellos obispos les interesaban más los templos espirituales de las almas que los materiales de ladrillo. ¿No le importa a usted minar la fe del pueblo humilde? ¿No le importa crea la gente que su defensa del Proceso es el precio de los sueldos jugosos a prelados, religiosos y seminaristas?”.

Antonio Quarracino y Hernán Benítez: templos materiales y espirituales

La alianza crucial del siglo XX

La alianza de la cruz y de la espada fue el núcleo básico del poder conservador en la Argentina del siglo pasado, determinante en las décadas que van desde 1920, cuando la Iglesia Católica eligió al Ejército como el instrumento para recuperar la influencia perdida bajo los gobiernos liberales de los cuarenta años previos, hasta la de 1990, cuando fue aplastada la rebelión del coronel fundamentalista Mohamed Seineldín.

En ese lapso, la Iglesia Católica suministró el fundamento dogmático de los golpes militares de 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, que se justificaron por la batalla del Occidente Cristiano contra la trilogía perversa del liberalismo, la cultura laica y el comunismo. Un ejemplo rutilante es el flamante jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. Durante la dictadura, como columnista del mensuario surrealista Cabildo, escribió que

• La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa.
• El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder.
• La “filosofía” del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Spinetta y Moris. Ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o un marica.
• El rock es anticristiano y transmite mensajes satánicos, cuando se pasan al revés ciertas canciones, como Congratulations de Pink Floyd.

Igual que Rodolfo Barra y Vicente Gonzalo Massot, Manfroni arguye que esos fueron pecados de juventud, que hoy es un hombre distinto. Ahora dirige una Fundación de Ética Pública y un curso en la Universidad Católica auspiciado por la embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción, es columnista del diario La Nación, reclama mano dura por la “hiperinflación de inseguridad”, objeta el criterio de la Corte Suprema sobre los crímenes de lesa humanidad y participa en las actividades del servicio de información de la embajada de los Estados Unidos, USIS. Entonces y ahora contra cualquier planteo nacional y popular.

El juicio a las Juntas Militares al concluir la última dictadura, las revelaciones sobre el rol en las violaciones a los derechos humanos de la Conferencia Episcopal y el Obispado Castrense, la condena a prisión perpetua del cura asesino Christian von Wernich, las revelaciones sobre los partidos de tenis del nuncio Pío Laghi con el dictador Massera, la muerte bajo proceso del obispo Oscar Justo Laguna, el enjuiciamiento de varios capellanes castrenses por asistir a sesiones de tortura, la promulgación pese a la resistencia eclesiástica de las leyes de divorcio vincular, matrimonio igualitario e identidad de género menguaron la incidencia de la institución confesional en las decisiones políticas. Esto va acompañado por un descenso del porcentaje de quienes se consideran católicos, que a mediados del siglo pasado se aproximaban al 100% y hoy rondan el 70%.

Con la entronización de un obispo argentino en la silla apostólica y la necesidad de aggiornar el mensaje papal para recuperar penetración social e influencia política, luego de los reinados disciplinarios de Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger, un episcopado argentino que el Papa Francisco reformateó a voluntad también procura restablecer contacto con la sociedad. Le amplía el espacio para ello la política del Presidente Javier Milei, de agresión a las necesidades populares y abominación de la Justicia social. En Europa, luego de la derrota del comunismo, la Iglesia Católica conducida por Bergoglio se ubica a la vanguardia de la impugnación a las consecuencias tanto de las políticas liberales como de la ultraderecha que allí llaman populismo. 

Hijos de

Menos previsible fue la designación como jefe de Estado Mayor del general de brigada Carlos Alberto Presti, que implicó el pase a retiro de 23 generales más antiguos. Ex director del Colegio Militar, Presti es hijo de uno de los represores de la última dictadura. Como jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, al producirse el golpe de 1976, el coronel Roque Carlos Presti se hizo cargo de la jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires. A cargo de la correspondiente Área de seguridad 113 incorporó al esquema represivo a la organización de la ultraderecha peronista CNU. También dependió de Presti el Centro Clandestino de Concentración que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata y la Unidad Penal 9 de La Plata, de donde fueron extraídos para ser fusilados los detenidos Dardo Cabo y Ángel Georgiadis.

Presti fue uno de los oficiales que a fines de 1986 hicieron saber que no se someterían a la jurisdicción de la Cámara Federal, que de todos modos lo procesó en la causa 450. Estos escarceos fueron el prolegómeno del alzamiento de la Semana Santa de 1987 y de la ley de obediencia debida, por la que el padre del actual jefe del Ejército quedó en libertad. Falleció impune en 1993, ocho años antes de que se declarara nula la ley que lo benefició.

Su hijo es el primer jefe de Estado Mayor del Ejército que ingresó al Colegio Militar una vez finalizada la dictadura, en los primeros meses de la presidencia de Alfonsín.

Carlos Alberto Presti. El primer jefe del Ejército que ingresó al Colegio Militar después de la dictadura

El hermano del nuevo jefe, Daniel Presti, fue secretario del juzgado federal a cargo de los sucesivos jueces Jorge Urso y Guillermo Montenegro. Los tres fueron firmantes en serie de arrestos domiciliarios para los militares procesados por su actuación en la dictadura. Cuando Montenegro asumió como ministro de Justicia de la Capital Federal, durante la intendencia de Maurizio Macrì, Presti fue su subsecretario de Justicia. En 2011 fue acusado de presionar a la jueza María Cristina Nazar, para que exonerara a la policía porteña por las muertes causadas durante el desalojo del Parque Indoamericano. También fue electo como Legislador porteño, entre 2011 y 2019. Se retiró como presidente del bloque y en su despedida agradeció “a Horacio y a Diego [Santilli]” por ese cargo. En los últimos cuatro años de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, fue auditor general de la Capital.

Presti no es el único hijo de un autor de Crímenes de Lesa Humanidad convocado por el nuevo gobierno. El interventor seleccionado para Fabricaciones Militares es el ex CEO de Monsanto, Hugo Pascarelli. Su padre, el coronel Hugo Hildebrando Pascarelli, ex jefe del Área de Seguridad 114, fue condenado a prisión perpetua por los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Centro Clandestino El Vesubio. Es el autor de una de las definiciones más precisas del plan de exterminio de la dictadura: “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”.

Además, el ministro de Defensa Luis Petri, designó como Secretario de Estrategia y Asuntos Militares al general Claudio Pasqualini, jefe del Ejército durante el gobierno de Maurizio Macrì. Pasqualini es yerno del coronel Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, y su esposa, Laura Renés, es muy activa entre quienes militan por la anulación de esas condenas.

El porqué de la purga

La pregunta que se hacen todos los expertos gira en torno de las causas de esta purga. La afinidad política de Presti es obvia. Aparte de sus relaciones familiares, durante su desempeño como jefe de la brigada de paracaidistas de Córdoba, el 1° de mayo de 2022 usó cuatro camiones militares y otros implementos de logística para cocinar y servir un locro durante un acto de campaña del candidato Luis Juez. Por el contrario, la mayoría de los oficiales más antiguos que dejarán el servicio activo son señalados por su proximidad con la gestión anterior, que les permitió obtener ventajas presupuestarias. En esos años se adquirieron camiones y ambulancias, de acuerdo con la concepción de la dualidad, de modo que todo el equipamiento debía ser útil no sólo para la guerra, sino también para las tareas de apoyo a la comunidad. El presupuesto del Ejército casi duplicaba el de las otras fuerzas. Además, incorporó soldados, lo que le permitió contar con unidades completas en mayor grado que las restantes fuerzas.

Si bien la Fuerza Aérea incorporó aviones de transporte de pasajeros para LADE, el Ejército, por sus características, puede funcionar con equipamiento algo menos costoso que el de las otras fuerzas, cuyo estado era mucho peor, explica un especialista. En cambio la Fuerza Aérea carece de capacidad de combate y la Armada tiene la mitad de la flota fuera de servicio. El fuerte apoyo que las tres fuerzas armadas dieron a Milei, se evidenció en el resultado de las elecciones en las bases antárticas, sorprendente para quienes descontaban el apoyo a la gestión patriota. La Armada y la Fuerza Aérea se acercaron a Villarruel, quien exigió que se les asignara un rol mayor en el control del acto electoral.

Distintos especialistas consultados para esta nota, incluyendo funcionarios de gobiernos anteriores, coinciden en que el gobierno quiere generales más jóvenes y atemorizados, que no protesten por el remate de los bienes inmobiliarios y fabriles del Ejército, que recomendará la auditoria dispuesta en el DNU. Un ejemplo ostensible son las magníficas hectáreas de Palermo que ocupa el Regimiento de Patricios. Sería un gesto de autoridad y de ahorro, preparando la conversión de las Fuerzas Armadas en una guardia nacional, como planeó Fulvio Pompeo durante el gobierno de Macrì. 

El contrato social

No obstante, no hay indicios de que por ahora el gobierno contemple la participación militar en tareas policiales, algo que prohíben las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional, promulgadas por los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa. A lo sumo, podría revivir el plan de López Murphy-De la Rúa, de mandar más efectivos militares a las fronteras y traer gendarmes a los centros urbanos.

Tampoco se aprecian pasos en dirección a liberar al millar de militares, policías y penitenciarios condenados desde que se anularon las leyes de impunidad, en 2001, lo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2005. De allí el agrio reclamo a Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, formulado por Cecilia Pando y de un grupo de familiares de los que llaman presos políticos.

Según la nota dirigida a la fórmula electa en el balotaje, que fue publicada en el diario La Nación, la hermana y la madre de Ignacio Alfredo Astiz, las esposas de Guillermo Barreiro y Adolfo Donda, entre otras les preguntaron “¿por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”.

 Cecilia Pando,  derecha, primera fila. Villarruel, centro, última fila. Altri tempi. Foto: Enrique García Medina

 

A diferencia de lo que ocurre con las medidas económicas contenidas en resoluciones, decretos y proyectos de ley, Milei y Villarruel advierten que no contarán con el apoyo legislativo indispensable para modificar la determinación de investigar y castigar esos crímenes, tal como exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti esto “no depende de una coyuntura, de una elección, ni de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté”, ya que “forma parte, hoy, del contrato social de los argentinos”. ¿Hoy quiere decir que en algún momento podría cambiar?

En esta edición del Cohete, los ex directores en el Ministerio de Defensa de Planeamiento y Estrategia (Luciano Anzelini) y de Formación (Sergio Eissa), sostienen que Milei podría intentarlo, en ejercicio de la declaración de emergencia en Defensa contenida en el artículo 1° de la ley ómnibus y la consecuente delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Pero si el gobierno conserva algún contacto con la realidad, sabe que se expondría a una reacción tan inmediata como la que obligó a revertir el fallo judicial del 2x1 durante la presidencia de Macrì. En el caso más optimista, debería esperar a las elecciones legislativas de 2025, de modo de robustecer sus escuálidas bancadas de diputados y senadores.

Además, el Poder Ejecutivo designó como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al brigadier general Xavier Julián Isaac, ex agregado aeronáutico en Estados Unidos, donde coincidió con el nuevo jefe de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi. El sucesor de Isaac en la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Luis Mengo, fue agregado en Londres, lo cual conforma una cúpula de estrechos vínculos con la conducción de la OTAN. Estas designaciones se atribuyen a la jefatura de gabinete y, más específicamente al brigadier retirado Jorge Antelo, Secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo titular, Nicolás Posse proviene, como el presidente, de la Corporación América, de Eduardo Eurnekián.

En absoluta coherencia, Isaac se declara en favor de la compra de los aviones caza estadounidenses F-16, y no de los Thunder chinos, por los que se inclinaba el ex ministro de Defensa Jorge Taiana. Los F-16 están en poder de Dinamarca y tienen casi 40 años de antigüedad. El argumento es que los 24 F-16 son algo más baratos que los 15 JF-17. Pero pasa por alto que China los vende con amplio financiamiento y años de gracia y que los F-16 no sirven para disuadir al único que la Argentina necesita disuadir, que es Gran Bretaña, como aprecia Taiana. Su incorporación obligaría al Reino Unido a tener en las islas más aviones y mayores gastos en Defensa.

Los F-16 de Dinamarca. Cuarenta años de atraso, que no disuadirán a Gran Bretaña.

El decreto y la ley

Mientras, el gobierno tiene por delante la validación en la justicia del DNU 70/23 y su tratamiento en el Congreso, además de la ley ómnibus. El DNU ingresó al Congreso, pero aún no está constituida la Comisión Bicameral que debe estudiarlo y dictaminar. También está en litigio la integración de las demás comisiones en ambas cámaras, dado el relegamiento del peronismo acordado por Villarruel y Menem con los bloques minoritarios, que también podría judicializarse.

Un fallo en San Juan, dos de la sala de feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y uno del juez federal en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico fueron los primeros troncos en la ruta que el Poder Ejecutivo pensaba recorrer a toda marcha, a partir de la decisión de su juez adicto Esteban Furnari de convertir en un imán de atracción para todos los amparos a su juzgado del mismo fuero que Lavié Pico. Los camaristas del trabajo José Alejandro Sudera y Andrea García Vior suspendieron la vigencia de las disposiciones laborales del decreto hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, en dos expedientes iniciados por la CGT y la CTA. Y Lavié Pico decidió que cada amparo que se presente puede tratarse en el fuero que corresponda, anulando el registro único que había abierto Furnari, en el amparo del Observatorio de la Ciudad, que dirige el columnista del Cohete, Jonatan Baldiviezo.

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, anunció que apelará esas decisiones, pero ha comenzado a vacilar su fe en el resultado. Su contacto fundamental con el camarista Sergio Fernández, quien integra la sala de feria junto con Carlos Manuel Grecco y Guillermo Treacy no garantiza un fallo favorable. Este año, Fernández ya sufrió un fuerte revés, cuando junto con Jorge Eduardo Morán intentaron poner en práctica una acordada de superintendencia sobre presencialidad, pero el resto de los camaristas se negaron y exigieron la realización de un plenario que resolverá por mayoría.

La flexibilidad de Milei tiene sus límites. Ya no promete que en 45 años la Argentina repetirá el cacareado milagro irlandés. Ahora aclara que tres cuartas partes del cambio se sentirán en 15 años. Es decir, en 2039. Su aversión al keynesianismo le impide saber que en el largo plazo todos estaremos muertos.

Todo terminará en la República Autónoma del Cuarto Piso, donde los peronistas conservadores Horacio Rosatti, José Maqueda y Lorenzetti tendrán la oportunidad de darle una lección de derecho constitucional al Peluca. Ya están seleccionando sus citas de Alberdi.

Por Horacio Verbitzky