La nueva etapa política tiene a los interesados en la cosa pública abocados a desentrañar los insólitos paquetes de decretos y leyes con los que el nuevo presidente intenta cambiar de raíz las relaciones económicas, supuestamente llenas de privilegios y prebendas para los sectores medios y bajos, pero no para el gran capital. 

Para algunos el programa de Milei sería un “plan de negocios”. Hay razones para afirmarlo. Muchas de las modificaciones legislativas parecen tener en letra indeleble el nombre y apellido de sus beneficiarios inmediatos hasta el punto del escándalo, si es que escandalizarse todavía existe. A ello se le suma la interpretación de que son una forma de comprar apoyos entre los sectores dominantes. Una segunda interpretación tiene que ver con tiempos y capacidades. El ex columnista televisivo devenido jefe de Estado carecía de cuadros técnicos y del tiempo necesario para formalizar la magnitud de las reformas que hoy emprende. Es evidente que le llevaron el paquete y, en el vértigo de haber llegado a la presidencia, lo compró llave en mano por razones de afinidad ideológica.

Hasta en el video que difundió el “ministro sin cartera” Federico Sturzenegger el día del anuncio del mega decreto puede escucharse que le estaba mandando el bodoque a “Patricia”. En síntesis, había equipos del poder económico trabajando desde hace tiempo en el “plan permanente en busca de ejecutor”. No hay clase con más conciencia de clase en la Argentina que su alta burguesía. El plan de desregulación fue tarea de Sturzenegger y el macroeconómico de Carlos Melconian. Quizá por inseguridad profesional, el presidente distópico se llevó solo la mitad y le dejó la macroeconomía a un trader multimillonario famoso por emitir bonos a 100 años. Quizá, también, no tarde en lamentarlo.

En una segunda línea de críticas se encuentran los reparos de quienes también se escandalizan por la dimensión formal, por la conducta desaprensiva del nuevo autócrata que, literalmente, intenta pasar por encima de la República y hacerse con la suma del poder público. La preocupación por las formalidades institucionales es más que atendible. Formalmente todo el paquete, DNU + Ley ómnibus, esta viciado de inconstitucionalidad hasta el límite de la “infame traición a la Patria” (Artículo 29 de la C.N.) Las sociedades que funcionan lo hacen sobre reglas claras, no sólo institucionales, pero el discurso del republicanismo siempre importó exclusivamente para ser usado en contra de los gobiernos populares, no de los reaccionarios. Además, el final de los tropiezos institucionales iniciales parece cantado. Para disgusto de los juristas, las reglas no dependen de las normas escritas, sino de la voluntad del poder real. Y viceversa: sin el respaldo de la voluntad del poder las normas son letra muerta. La aparente torpeza de los decretos y paquetes de leyes es en realidad estrategia para hacer pasar las reformas más importantes. Los poderes judicial y legislativo se ocuparán, con sus tiempos, de ordenar las desprolijidades. Vaya como ejemplo la ley espejo del mega DNU ya presentada en el Senado y el rápido reagrupamiento de los legisladores sueltos en Diputados nada menos que bajo la conducción de Miguel Pichetto, el gran constructor de la gobernabilidad macrista 2015-19. Y finalmente también se destaca en la misma línea el tiempismo de la Corte Suprema que postergó, no sólo por espíritu vacacional, sus primeros pronunciamientos hasta la post feria. En el camino avanzará la crisis, la económica y la social, con paro general de la CGT incluido. En febrero el panorama de relaciones de fuerza y el nuevo ánimo social serán mucho más claros.

Ambas visiones críticas, la del plan de negocios de la clase dominante, es decir la lucha de clases y las transferencias de ingresos, y la del antirrepublicanismo son atendibles, pero también insuficientes. Las dos variables están presentes, pero el patrón común de las acciones de la nueva administración está en otra parte: en la “híper ideologización”. En este punto no existen disonancias entre el Milei columnista televisivo y el Milei presidente. El atisbo de pragmatismo que el Milei candidato al bolotaje mostró después de las elecciones generales, cuando hasta “se rebajó” en asistir al domicilio del líder del PRO para sellar la alianza que le daría el triunfo, parece haber desaparecido por completo.

Del análisis general del programa de gobierno solo surge como dato dominante una creencia absoluta y casi infantil en que la completa desregulación de la economía, la retirada del Estado, y el alineamiento servil a los intereses internacionales de Estados Unidos funcionarán de llaves para el bienestar económico. Salvo que el destino del programa sea una genialidad sorpresa guardada bajo siete llaves, no parece haber nada más que una extrema ideologización. No existe hilo alguno entre jorobar a una suma de profesiones liberales y el rechazo a sumarse a los BRICS, ni entre limitar el derecho de huelga y disciplinar a los trabajadores y tratar de complacer a la ultraderecha israelí. Tampoco hay relación entre el libre blanqueo de capitales hasta para familiares de funcionarios y la hostilidad hacia el Mercosur. Y a un nivel más general, más allá de la creencia en las virtudes de la liberalización, tampoco hay señales de estabilización para la macroeconomía. Combatir la inflación con una disparada inflacionaria que ya en marzo se habrá comido el shock devaluatorio, pero habiendo licuado salarios y jubilaciones parece más bien una fuente de inestabilidad de alto impacto. Si hay algo que no está claro es hacia dónde va el plan del gobierno.

La convertibilidad de los ’90, admirada por el neomenemismo mileísta, se sostuvo en la entrada de capitales, primero por las privatizaciones y luego por endeudamiento externo, y no por recursos propios del comercio exterior. La estabilidad que logró conseguir por algunos años ahogó los efectos negativos de la mayor desigualdad y la exclusión de una porción creciente de la población. Hoy no está claro que el patrimonio público privatizable alcance para el mismo fin, a lo que se suma que la vía de un mayor endeudamiento parece vedada. No debe olvidarse también que pronto finalizarán los períodos de gracia en los pagos de capital conseguidos por Martín Guzmán en las renegociaciones con privados y organismos internacionales. Resulta probable que un nuevo acuerdo con el FMI refinancie vencimientos, pero menos que aporte recursos nuevos.

En este escenario, las proyecciones del gobierno parecen estar en la normalización de las exportaciones del agro tras la sequía y en la promoción de la explotación de los recursos naturales, desde los hidrocarburos a la minería, una tarea tan necesaria como urgente, pero que demanda tiempo, inversiones, un sector público eficiente y dinámico y, un detalle nada menor y todavía no asegurado: paz social y confianza de los mercados en un escenario de estabilidad. Por ahora solo el agro, si acepta liquidar al dólar del próximo abril, será una fuente segura de divisas. El gran interrogante de mediano plazo es sí con la híper ideologización se come, se cura y se educa. Para estabilizar seguro no alcanza.

Por Claudio Scaletta / P12