El presidente Javier Milei envió al Congreso el mentado proyecto de ley ómmibus y, tal como el megadecreto de la semana anterior, contiene una cantidad significativa de proyectos con alta relevancia social, económica y política. Además de declarar la emergencia pública y delegar en el Ejecutivo la potestad de legislar, suspende la movilidad jubilatoria, lista las empresas públicas sujetas a privatización, lanza un régimen de incentivo para las grandes inversiones, plantea una moratoria y un blanqueo, modifica y reduce Bienes Personales, elimina las PASO y apunta a la reinserción laboral en el sector privado para empleados públicos, entre otras.

El proyecto que deberá ser debatido y aprobado por el Congreso se tituló "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". El texto tiene un total de 664 artículos contenidos en 351 páginas y una cantidad masiva de proyectos de nuevas normas para la economía y política que vienen. Entre ellas, la suspensión del artículo de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que declara la movilidad de los ingresos. Al respecto, el proyecto autoriza al Gobierno a dar aumentos vía decreto: "Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos".

Uno de los puntos claves y más polémicos de la ley es que declara la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", con posibilidad de extenderla dos años, lo que implica delegar en el Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar, algo que está inicialmente prohibido por el artículo 76 de la Constitución Nacional, salvo para casos de, justamente, emergencia pública.

Pero el proyecto, en términos de polémica, también plantea una lista de las 41 empresas públicas que pasan a ser sujetas a privatización, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Télam, la TV Pública, Radio Nacional, Ferrocarriles Argentinos, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Banco Nación, Casa de Moneda, BICE, AYSA, ARSAT y la Administración General de Puertos. Cabe recordar que la privatización de empresas ayudó en los '90 para generar el ingreso masivo de dólares que le permitió al gobierno garantizar durante varios años el precio fijo del dólar, lo que fue clave para el control de la inflación. Una vez agotado ese recurso finito, se generó una dependencia financiera que no pudo ser subsanada hasta la salida del régimen, en 2002.

La cantidad de medidas a tratar por el Congreso será masiva. El proyecto plantea la creación de un fondo de reconversión laboral del sector público "que tendrá por finalidad capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos", además de crear un régimen de promoción para la reinserción laboral de agentes públicos en el ámbito privado.

El proyecto también propone cambios en Bienes Personales, con una baja progresiva de la alícuota que llevaría a que en 2027 todos paguen 0,5% y la introducción de un régimen que permite pagar cinco años en un solo movimiento, así como también fija las retenciones para el sector agropecuario, dispone las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de gas y de electricidad e impulsa una modificación en la Ley de Biocombustibles.

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