La designación de Luis "Toto" Caputo al frente del Ministerio de Economía por parte del presidente electo, Javier Milei, abrió el camino de solución al "problema de las Leliqs" a través de la toma de deuda externa. Aunque todavía no hubo anuncios sobre negociaciones exitosas, el nuevo gobierno puede encontrar trabas impuestas por el Frente de Todos para concretar nuevos préstamos. A diferencia de lo sucedido en la gestión de Mauricio Macri, La Libertad Avanza tendrá que validar la búsqueda de dólares en el Congreso. 

Carlos Rodríguez, exasesor de Milei, afirmó en la semana que tomar deuda externa para pagar las Leliqs y Pases del Banco Central no será una medida compulsiva para los bancos, pero sí para el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos para pagar los nuevos préstamos. En esa línea propuso "que se haga un plebiscito no vinculante sobre la conveniencia de tomar deuda externa para rescatar las Leliqs/Pases". Y sostuvo: "Lo primero que hay que preguntarse es quiénes son los tenedores de las inversiones que respaldan esas Leliqs/Pases".

Es que Caputo parece encomendado en negociar los fondos necesarios para avanzar en el plan de Milei durante el primer tramo de gestión. Pero en el caso de que consiga las bases y condiciones de un nuevo capítulo para la deuda externa, el "blindaje" a este tipo de políticas es un poco más sofisticado. Esa traba nació luego del megapréstamo que el FMI le otorgó a Macri. 

La traba de Guzmán a Milei

En febrero de 2021, el Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, una estrategia ideada por el exministro de Economía Martín Guzmán en medio de la negociación con el Fondo. El mismo establece que las negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso.

La iniciativa determinó en su artículo primero que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio". La propuesta también fija que "toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.

En el transcurso del debate en Diputados, el bloque de legisladores del Frente de Todos incluyó un artículo que aclara que las divisas que ingresen al país como parte de un acuerdo de crédito no pueden ser utilizadas para gastos corrientes.

La modificación establece que "la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción de ley extranjera, así como los programas acordados con el Fondo, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes". Este apartado critica de modo indirecto el acuerdo que el gobierno de Macri cerró con el FMI en 2018.

Esto fortalece el rol institucional del Congreso en la definición y autorización de las políticas de endeudamiento público nacional en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa y en la aprobación de toda operación de crédito público y/o programa de financiamiento que formalice el Poder Ejecutivo con el Fondo. También endurece mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y la ejecución de planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean políticas de Estado. 

El Ministro de Economía, Sergio Massa, informó el mes pasado que el FMI enviaría una comisión a los efectos de investigar cual fue el destino de los fondos enviados al país como consecuencia del Stand By. Llama la atención que el organismo a cargo de Kristalina Georgieva se decida a hacerlo recién ahora, cuando desde siempre tuvieron a su alcance todos los elementos suficientes para determinar que se hizo con el dinero prestado a la Argentina. De acuerdo a los compromisos firmados en 2018, el Fondo era informado diariamente sobre los movimientos que realizaba el gobierno de ese momento.

El artículo V Convenio Constitutivo del FMI reglamenta que si la institución considera que los recursos que presta se están utilizando indebidamente, y en forma contraria a sus fines deberá pedir explicaciones al gobierno, y si advierte que se están utilizando esos recursos para hacer frente a una salida de capitales, podrá pedir que se adopten pedidas para terminar con la situación. Y si el gobierno no lo hace, el FMI se encuentra habilitado para suspender los desembolsos e inhabilitar al país para seguir recibiendo los recursos del Fondo.

En 2020, el Banco Central reveló que entre los años 2016 y 2019 se habían fugado 86.000 millones de dólares, no informando quienes eran las personas o sociedades que intervinieran en esa operatoria. Ahora regresa un hijo pródigo de aquel periodo.

Con esta red de impedimentos y los antecedentes frescos, Milei debería sacar a relucir una astucia política que aún desconoce el país. Tejer vínculos con el peronismo más proclive al "acuerdismo" podría ser una vía de escape, descontando el apoyo de Juntos por el Cambio. La única certeza es que nadie menciona el costo social de las consecuencias de la operatoria de un nuevo endeudamiento.

 Por Rodrigo Nuñez / El Destape