Gerardo Morales maneja el pulso del conflicto en Jujuy de acuerdo a las necesidades de su campaña como candidato a vicepresidente. Es la vidriera del modelo de control social que ofrece en el cuarto oscuro para todo el país, codeándose con Patricia Bullrich, José Luis Espert, Javier Milei y otros candidatos por el voto de una minoría acérrima de la sociedad adepta a la violencia como solución a los problemas políticos, siempre y cuando se dirija en la dirección correcta, es decir: desde ellos hacia los otros.

Las protestas contra la reforma constitucional y para exigir aumentos salariales continuaron esta semana. El martes por la noche hubo una nueva marcha de antorchas. El miércoles por la mañana se realizó en el centro de San Salvador un verdurazo de pequeños productores de la UTT que entregaron bolsones de comida a familias y comedores. Ambos actos de protesta, al igual que los cortes de ruta intermitentes que continúan en nueve puntos entre La Quiaca y Purmamarca, se desarrollaron completamente en paz.

Ese mismo día, mientras tanto, en la legislatura provincial, los diputados oficialistas votaron dos proyectos sobre tablas y sin poner el texto a consideración de los demás legisladores. El primero modificó la ley 6350, actualizando el valor de las multas establecidas por el código contravencional. El segundo creó una comisión especial investigadora, con mayoría del oficialismo, para cuantificar los daños producidos al edificio durante las protestas. Entre las dos, podrán dar penas millonarias a los imputados por el hecho.

Entre el miércoles y el viernes se ordenaron más de cincuenta allanamientos y detenciones en Humahuaca y San Salvador. Se llevaron a cabo durante la madrugada. El paradero de las personas aprehendidas no se informó por más de seis horas. Entre ellos hay un docente, un trabajador de la Universidad Nacional de Jujuy y abogados críticos de Morales. Los acusan de desorden público, instigación a la violencia, sedición, ataque en banda, resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad. Piden hasta 25 años de prisión.

El viernes por la mañana detuvieron a Alberto Nallar, un abogado penalista crítico de Morales que asesora a las comunidades originarias respecto a los problemas que presenta la nueva constitución provincial. Estuvo más de cinco horas incomunicado y sin que se sepa su paradero. Lo acusan por instigación de la violencia. Aunque no pueden ubicarlo en el lugar de las protestas, le adjudican reuniones con personas que sí participaron. Es un modus operandi similar al que usaron para condenar a Milagro Sala.

El jueves hubo un intento de golpe institucional contra el intendente de La Quiaca, el peronista Blas Gallardo, uno de los más activos opositores a la reforma. El gobierno provincial no le envió los fondos coparticipables necesarios para pagar los sueldos, lo que generó protestas de trabajadores municipales. Ante la ausencia del jefe comunal y de su vice, que habían viajado a tratar de destrabar la situación, los concejales alineados con Morales intentaron sesionar para suspenderlos y reemplazarlos, pero no pudieron.

Esa misma tarde la policía jujeña ingresó al predio de la UNJU, violando la autonomía universitaria y el artículo 30 de la ley nacional de Educación Superior. Lo hicieron durante una reunión de Consejo Directivo en la que iba a votarse un repudio a la represión a las protestas por la reforma, a la detención de tres estudiantes y trabajadores de esa institución y a las declaraciones de Morales respecto a la posibilidad de expropiar el edificio que la Universidad de Buenos Aires posee en Tilcara.

La excusa fue que afuera del edificio donde se estaba llevando a cabo la reunión, un grupo de militantes sindicales se habían manifestado para presionar por la votación de esos puntos. La nueva constitución permite que la policía intervenga para dispersar cualquier reunión no autorizada de personas en el espacio público, sin embargo el propio Morales tuvo que desacreditar a los policías que participaron de ese operativo y mandar a la UCR jujeña, es decir a sí mismo, a emitir un comunicado condenando los acontecimientos.

Gerardo Morales no oculta, en cada discurso o entrevista, quién controla todos los resortes del poder en Jujuy. El hombre se jacta de haber decidido personalmente la prisión de la principal dirigente política opositora en la provincia para garantizar la gobernabilidad y hace pocas semanas asumió, por sí solo, el poder constituyente. Sin embargo nadie habla del gobierno de esa provincia como un régimen feudal, etiqueta que siempre está a mano de los comunicadores militantes del antiperonismo.

Es casi un lugar común a esta altura recordar que tampoco recae esa sospecha sobre el municipio de San Isidro, gobernado por la misma familia, los Posse, desde 1983. El intendente actual, Gustavo Posse (seis mandatos), heredó el cargo de su padre Melchor (cinco mandatos) e intenta dejárselo, ahora, a su hija Macarena, de 28 años, doce menos que la dinastía familiar. Y sin embargo se escucha y se lee que es feudal el riojano Ricardo Quintela, que apenas está concluyendo su primer mandato.

Otro ejemplo es el de la ciudad de Buenos Aires. Allí gobernó ocho años el jefe de un partido, luego ocho años su lugarteniente y ahora se retuercen las interpretaciones legales para habilitar ocho años del primo del primero, que hasta hace poco gobernaba otro distrito. El poder judicial y la legislatura responden dócilmente al poder ejecutivo. Las reglas electorales se alteran en pleno año de elecciones para imponer mecanismos de dudosa transparencia. La oposición muchas veces resulta funcional al gobierno. Pero no es feudal.

En realidad lo único que determina si corresponde esa etiqueta es simplemente el peronismo. No importa si lleva solo un mandato, como Quintela; si viene de otro partido, como el santiagueño Gerardo Zamora, de la UCR; si acata los fallos, como hizo el tucumano Juan Manzur cuando fue excluído de las elecciones; o si hace buena letra como el sanjuanino Sergio Uñac. Si no quedás del lado correcto de la línea roja imaginaria que trazan ellos, sos feudal, descartable, proscriptible, sospechoso y seguramente culpable.

La idea de feudalismo, sin embargo, sí puede resultar útil para comprender y cuestionar otros asuntos cuya importancia está dotada de la máxima actualidad. El feudalismo es una época particular de la edad media cuya característica más sobresaliente fue el establecimiento de la institución de la servidumbre. Un siervo era una persona libre, es decir no esclava, pero sometida a un régimen de explotación que no le dejaba márgenes de libertad más que trabajar a destajo para garantizar la subsistencia.

En ese período, la tierra pertenecía a un señor feudal y permitía a los siervos habitarla a cambio del fruto de su trabajo en función de un tributo que muchas veces excedía la capacidad de producción, lo que hacía que cayeran en una suerte de deuda permanente e imposible de saldar que reforzaba el sometimiento. Por otra parte, esa situación no tenía ningún horizonte de salida ni había expectativas de progreso. Toda su vida sería igual y la de sus hijos también, excepto que llegara una guerra o una peste a poner fin al asunto.

No es un escenario muy distinto del que tiene, hoy en día, alguien que debe trabajar diez o doce o más horas para pagar el alquiler y tener un poco de comida en la alacena, sin tiempo ni plata para hacer otra cosa que trabajar, muchas veces en negro, sin cobertura social, en trabajos plataformizados que no ofrecen ninguna expectativa de progreso, ni de proyecto de vida, ni de casa propia, ni de ascenso social. Ahora, además, a través de las pantallas, son testigos privilegiados del lujo de quienes no están sometidos a ese yugo.

Otra palabra de moda en la política hoy en día es libertad. Y este tipo de deudas atentan contra la libertad. Trabajás para estar al día en lugar de ser libre de elegir tu proyecto de vida. A medida que crece, te toma cada vez más tiempo y ocupa, cada vez, más espacio en tu cabeza. Por cada cosa que hacés para saldarla dejás de hacer algo para vos. La contingencia no deja lugar a lo importante. Son millones de argentinos que todos los meses arrancan de abajo, laburando sólo para levantar deudas. Y al mes que viene, otra vez.

Esa misma dinámica de restricción de la libertad y trabajo a cuenta de una deuda impagable puede reconocerse en otro asunto de estricta actualidad. La relación del país con el Fondo Monetario Internacional responde, también, al mismo patrón. Resignar recursos cuantiosos para el pago de un pasivo que hace las veces de cadenas y someter decisiones estratégicas a un árbitro desinteresado en el desarrollo nacional a partir de obligaciones contraídas por necesidad es también una forma de servidumbre.

Allí hay un punto respecto a lo feudal (en sentido figurado). El capitalismo que se pone como modelo hoy en día, ese capitalismo de bienestar que da oportunidades a los que emprenden y seguridad a los que trabajan y ofrece, a todos, la ilusión del progreso, ya no existe. Y cuando existía era todo lo opuesto a lo que plantea ahora el neoliberalismo: tenía impuestos altos, la economía planificada desde el Estado y sindicatos poderosos. El sistema que proponen la oposición y el FMI es otra cosa: es feudalismo de mercado.

Por Nicolás Lantos