Tras conocerse el nuevo dato de inflación de abril desde el ministerio de Economía apresuraron un conjunto de medidas para contener la brecha entre los dólares, incentivar el consumo y atender algunas demandas empresariales, no obstante sigue sin definición la posibilidad de implementar una suma fija como herramienta que mejores los ingresos de las y los trabajadores. Al marzo de este año los salarios del sector privado se ubican 3% por debajo de hace solo un año atrás y, medida en términos de precios de los alimentos, la capacidad de compra salarial es 23% inferior a la de diciembre de 2015. Para alcanzar el poder adquisitivo de entonces el refuerzo de ingresos debería rondar, al menos, los $40.000. 

Se agrega que la suba de precios de la canasta básica de alimentos no da tregua, en abril creció 7,3% y llegó a $94.148 el monto necesario para que una familia no caiga por debajo de la línea de indigencia en el país. En este marco organizaciones sindicales vienen reclamando, y esta semana se coló también en la agenda del acto del PJ provincial, la implementación de una suma fija que incremente el piso salarial y se incorpora directamente al sueldo de los trabajadores.

Entre las razones que se plantean sobresale la brecha cada vez más grande que existe entre el promedio de los salarios registrados y la mediana, que contabiliza los salarios de la mitad para abajo del total, y cuya evolución se ubica actualmente 10 puntos por debajo que de la canasta básica (CBT), así como el efecto favorable que una medida similar tuvo en diciembre de 2019 al permitir una recuperación del 9% en los ingresos al inicio del año siguiente.

Qué implicaría esta medida

De acuerdo a datos del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) los acuerdos paritarios compensaron parte de la pérdida salarial del tercer trimestre de 2022, cuando se había disparado la inflación por la corrida cambiaria de mitad de año y de esa manera permitieron que “en el primer trimestre de 2023 los salarios registrados le ganen a la inflación”.  Sin embargo se advierte que “la leve mejoría trimestral no alcanzó a evitar que el salario de marzo sea 3% más bajo que el de un año atrás y 8% más bajo que el del último año de Macri”. 

Lo anterior forma parte de un proceso de reducción de la participación de los asalariados en el reparto del ingreso que comenzó en la gestión de Juntos por el Cambio, ya que “considerando el período 2018-2022, cuando se desmorona la participación de los asalariados en el ingreso, la transferencia del trabajo al capital alcanzó aproximadamente a 87.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial”, analizan desde CIFRA sobre el aumento de 6 puntos en la apropiación del excedente empresarial estos últimos años. En relación, un informe del CEPA para fines del 2022 advertía que para recuperar lo perdido desde 2015, una medida como la suma fija para las y los trabajadores registrados “debería rondar los $40.400” para lograr “el promedio salarial equivalente a ese año e implicaría recuperación de 20,3% respecto a diciembre de 2019 y de 18,5% respecto del promedio de 2019”. 

A su vez un documento de trabajo presentado esta semana por la facultad que dirige el economista Eduardo Basualdo, apunta que “el principal desequilibrio que exhibe la economía argentina es la regresiva distribución del ingreso”, por lo que “es prioritario llevar a cabo desde un principio un shock distributivo que contemple un conjunto de medidas de política económica”. En esa línea se propone, “un incremento de emergencia mediante una suma fija para el conjunto de los asalariados del sector privado, un incremento salarial para los trabajadores del sector público y de los haberes jubilatorios, financiado este último a partir de la recuperación de algunos puntos de los aportes patronales según el tamaño de la empresa, la modificación de las escalas del impuesto a las Ganancias con una mayor imposición sobre las grandes empresas y una línea nacional de crédito subsidiada y masiva en función del nivel de ingresos, otorgada por parte de los bancos estatales para la adquisición de viviendas con el propósito de garantizar la vivienda, impulsar la demanda agregada y disminuir el nivel de los alquileres”. A lo anterior entienden que debería agregarse además “un acuerdo de precios relativos que sostenga la recuperación salarial y, en forma posterior, de un riguroso congelamiento de precios por seis meses en el que se despliegue todo el poder de policía con el que cuenta el Estado (incluida la aplicación de la Ley de Abastecimiento) y que podría estar articulado, eventualmente, por una reforma monetaria que imponga, entre otras cosas, un cambio de la denominación monetaria”. 

El Destape