El 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu, teniente general rudimentario y más o menos fascista, lideró el levantamiento contra el gobierno electo de Hipólito Yrigoyen. Como en el resto de los golpes que se sucedieron durante medio siglo, sus organizadores proclamaron un sólido respeto a las instituciones republicanas: “Hemos jurado observar y hacer observar fielmente la Constitución, por Dios y los Santos Evangelios”, afirmó el flamante ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, abogado de la petrolera estadounidense Standard Oil y enemigo declarado del nacionalismo petrolero de Yrigoyen.

Uriburu tomó por asalto el Poder Ejecutivo y clausuró el Congreso, pero no modificó la Corte Suprema. Inmediatamente después del golpe, el tirano respetuoso de la Constitución le envió una nota al presidente del tribunal, José Figueroa Alcorta. En apenas veinticuatro horas —una velocidad vertiginosa para nuestra Justicia Federal—, la Corte le contestó con una resolución impulsada por el procurador general Horacio Rodríguez Larreta, tío abuelo del candidato presidencial homónimo, en la que estableció la legitimidad de los gobiernos de facto. El texto de esa “Acordada de 1930” señala, entre otras cuestiones: “Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder”.

Al parecer, quien acababa de destituir un gobierno electo, violando la Constitución, era el más indicado para mantener su supremacía. En todo caso, los miembros de la Corte que firmaron la Acordada y el procurador Rodríguez Larreta que la impulsó pudieron seguir pavoneándose en sus espléndidos despachos, a diferencia del Presidente derrocado que sería encarcelado en la isla Martín García. En retribución, Uriburu delegó en la Corte la elección de su presidente, que hasta entonces era una atribución del Poder Ejecutivo.

Noventa y tres años más tarde y mientras se lleva adelante el juicio político en contra de sus cuatro integrantes, otra Corte Suprema, más escueta, ordenó frenar las elecciones en Tucumán y San Juan con una cautelar oportuna que hizo lugar a reclamos opositores en ambas provincias. Al hacerlo, desoyó la opinión adversa de la procuradora ante la Corte, quien consideró que el máximo tribunal no debía intervenir por tratarse de un tema de competencia de la Justicia provincial, tal como lo determinan la Constitución Nacional y la propia jurisprudencia de la Corte.

Por si quedara alguna duda sobre las razones políticas de la cautelar, un tuit de Patricia Bullrich —la ex ministra Pum Pum y actual titular del PRO—, tuvo la cortesía de despejarla: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”. La utilización de la primera persona del plural explicita tanto la alegre cofradía entre la actual oposición y la Corte Suprema, como la intención de arrebatarle al oficialismo dos seguras victorias electorales.

Luego de descubrir súbitamente después de quince años que la ley de reforma del Consejo de la Magistratura era inconstitucional y ordenar restablecer la ley anterior, derogada por el Congreso, es decir, luego de otorgarse el poder de legislar, el cardumen de la Corte se otorga el poder de frenar elecciones provinciales unos pocos días antes de que se lleven a cabo.

En la misma semana, durante el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio norteamericana (AmCham), el autodesignado presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció la “expansión incontrolada de la emisión monetaria” que sería contraria “al mandato constitucional de preservar la moneda”. En realidad, los datos del Banco Central desmienten dicha afirmación (la cantidad de dinero circulante se redujo en términos reales durante 2022), pero no deja de asombrar que la Corte considere que puede auditar la política económica, una prerrogativa del gobierno. Frente a las mayores empresas del país, Rosatti consideró que “las bases del programa económico que establece la Constitución desde 1853 (...) es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”. Nada dijo, en cambio, sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, o el acceso a una vivienda digna, mandatos todavía pendientes incluidos en el artículo 14 bis de esa misma Constitución que llama a respetar. Un olvido, sin duda.

En 1930 la Corte dio legitimidad a un gobierno ilegítimo y de esa forma preservó sus propios intereses. Noventa y tres años más tarde, para preservar esos mismos intereses, la Corte deslegitima a un gobierno legítimo.

Frente a esa realidad adversa, el oficialismo puede hacer muchas cosas, salvo no anoticiarse.

 

Por Sebastián Fernández