El máximo tribunal del país asestó un nuevo golpe a la estabilidad institucional con un fallo brutal. Suspendió sin fecha las elecciones en dos provincias de la Argentina a cinco días de uno de los actos más trascendentes de la democracia. Esta nueva modalidad de dominación que ya no requiere tanques ni fusiles, no sorprende pero asusta. Y el temor es fundado sobre todo porque quienes deben elaborar respuestas a esas agresiones no están preparados para semejante desafío. Ello sucede porque ninguna Universidad del país ha incluido en sus programas de grado ni posgrado, la capacitación para actuar ante el absurdo. Hay que aceptar entonces que los espacios académicos en los que se capacitan quienes hoy deben responder, son también parte del problema. Michel Foucault decía hace décadas en una conversación con Noam Chomsky en un programa televisivo de Europa (1971), que “Todos los sistemas educativos reproducen modelos de dominación”. Y se impone aclarar que eso no se debe a malas intenciones de los profesores. Mayoritariamente obedece al atravesamiento que cada docente ha padecido en su propia formación previa (me incluyo). Y entonces, ni siquiera los educadores más progresistas han logrado preparar profesionales aptos para dar respuestas eficientes ante agresiones como las que motivan estas líneas. Aún con el aporte de los mejores intelectuales de cada disciplina, la enseñanza que desemboca en la reproducción de lo “establecido” ha sido inevitable. Tal vez, uno de los puntos más críticos de esa interminable reiteración, sea partir de la premisa de que tanto los sistemas de elaboración como de aplicación de las leyes, funcionan. De lo contrario, los mecanismos de control previstos permiten corregir esas desviaciones y restablecer lo debido. El problema es que se trata de una premisa que hoy no rige y que parte de un concepto de “justicia” concebido hace casi 2.000 años en la Roma de Justiniano de “dar a cada uno lo suyo”.

Hoy, el presidente de la Corte habla de política monetaria en la Cámara de Comercio Estadounidense. Hoy el Lawfare nos cachetea con fallos como el de Tucumán y San Juan. Nos enrostra que el sistema no funciona y los mecanismos de control, menos. Nos vomita el nuevo y brutal concepto de “posjusiticia” que consiste en “dar a cada uno lo que el poder real decide que se le dé”. De ese modo, a la “posverdad” por la que transitamos, consistente en que la verdad ha pasado a ser relativa, hay que sumarle que la justicia también.

Baste recordar uno de los mecanismos previstos en la Constitución para el control de la actividad de jueces de la Corte, que es el juicio político. Hace algunos meses, ante numerosas denuncias institucionales y particulares a los cuatro cortesanos, se puso en marcha la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Son catorce, de momento, los pedidos tratados. Todos graves, todos fundados. Frente a ello, con asombrosa rapidez, la extrema derecha legislativa comunicó públicamente que sus diputados no darían jamás y por ninguna razón, los votos para llevar a juicio político a los jueces denunciados. En sistemas que funcionan, esa afirmación pública y anticipo de voto negativo previo a la producción de la prueba, hubiera bastado para iniciar a su vez los mecanismos de control sobre esas diputadas y diputados.

La gravedad de lo sucedido se comprende al recordar que, para iniciar el proceso de juicio político a cortesanos, se requiere mayoría simple de diputados, pero para continuarlo, hacen falta dos tercios. Al no contar el oficialismo con esa proporción, la admonición de la derecha resulta por demás elocuente y dañina.

Sin embargo, para sorpresa de los saboteadores y gracias a la decisión del grupo de miembros responsables de la investigación en marcha, el proceso continúa. Y se hicieron públicas entonces, parte de las horribles falencias del máximo tribunal del país que incluyen desfalcos, amenazas, negociación de fallos, protección a genocidas y muchas otras miserias que degradan el sistema judicial del país.

Sumado a ello, el miércoles pasado, sucedió un hecho de extraordinaria importancia institucional. En reunión del Consejo de la Magistratura de la Nación, el autoelegido presidente del cuerpo, Dr. Horacio Rosatti, intentó abrir formalmente el acto. En ese momento, el diputado consejero Rodolfo Tailhade, se dirigió al presidente (Corte y Consejo) y le hizo saber su repudio y el de sus compañeras/os a las distintas actitudes asumidas por la Corte desde el discurso en AMCHAM hasta el fallo infame que suspendió las elecciones provinciales. Luego de ello, las consejeras y consejeros del Frente de Todos se levantaron y abandonaron el recinto.

Nunca un presidente de la Corte Suprema había sido repudiado de esa manera y con esas palabras.

Es evidente que los ideólogos de la “posjusticia” jamás imaginaron encontrarse con respuestas como las de las y los diputados. Se trata de un hecho histórico de dimensión política altamente esperanzadora. Un puñado de funcionarios valientes, desde la Cámara de Diputados y el Consejo de la Magistratura, están marcando el camino hacia aquellas respuestas que finalmente nos permitirán recuperar el concepto equitativo de justicia.

 

Por Carlos Rozanski /Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata. * La Tecla Eñe