Las armas de fuego, en el centro de la campaña

Actualidad 03 de mayo de 2023
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Los medios de comunicación nos muestran a diario hechos de violencia en Rosario que invariablemente involucran armas. El tema central de la campaña electoral en Santa Fe es el combate a la violencia y el tráfico de drogas. En este marco, distintos precandidatos a la gobernación manifestaron su posición en relación con las armas de fuego. El precandidato radical y ex ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, afirmó, por ejemplo, que llevará un arma de fuego durante la campaña, como consecuencia de las amenazas sufridas y luego de rechazar el ofrecimiento de custodia policial, mientras que su competidor en la interna del radicalismo, Dionisio Scarpin, lanzó su campaña con el eslogan “Menos balas, más escarpines”. Sus afiches exhiben una pistola de la cual sale disparado un escarpín. La diputada provincial Amalia Granata, en tanto, apareció con un chaleco antibalas falso en una entrevista televisiva.

“Para explicar la violencia en Rosario hay que mirar el mercado de armas antes que el de las drogas ilegales”, explica la investigadora Eugenia Cozzi, autora del libro De ladrones a narcos.

Pero la situación de Santa Fe es parte de una escena más amplia. Por primera vez en la historia, la cuestión de la posesión de armas se ha convertido en uno de los temas de la campaña electoral, a partir de las declaraciones de Javier Milei, quien se pronunció a favor de la libre portación de armas unos días después de la masacre en una escuela en Texas en la cual murieron 19 niños y dos maestros. El candidato de Milei a gobernador de Tucumán, Ricardo Bussi, lanzó un spot en el que se lo ve disparando un arma: “Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas”.

Aquellos que pregonan y han implementado la liberalización del acceso a armas forman parte de la nueva derecha radical populista, que se ha apropiado de la palabra “libertad” y la ha convertido, en parte, en un concepto económico. No es de extrañar que el fundamento de Milei sea su adhesión a las teorías del economista estadounidense Gary Becker.

El caso de la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, es más sinuoso. En noviembre de 2018, cuando ejercía el cargo de ministra de Seguridad de la Nación, se había manifestado a favor de liberar la tenencia: “El que quiera andar armado, que ande armado”. Sin embargo, en recientes declaraciones moderó su discurso: “No recomiendo que la gente vaya armada”.

América Latina

Es evidente que, en contextos de hastío social, aumento de la violencia y avance de la inseguridad, los discursos de “mano dura” adquieren una profunda penetración. Basta analizar la aceptación que han alcanzado las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A pesar de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y de los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a restablecer las garantías suspendidas bajo el régimen de excepción, la popularidad de Bukele no deja de crecer. Otros países de la región, como Honduras, implementan medidas similares: territorio militarizado, régimen de excepción y construcción de megacárceles.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró, en una entrevista en la que se hacía referencia a la situación de Rosario, que Bukele “copió” lo que él tenía pensado, que esas medidas constituían “música” para sus oídos y que la “solución para Argentina es el camino que llevó adelante Bukele”. El candidato a Presidente por el Partido Laborista, Santiago Cúneo, se muestra en un afiche de campaña con una foto del líder salvadoreño.

Junto a las políticas de mano dura, también se multiplican los países latinoamericanos que liberan la portación de armas. Ya en los años 1980, Perú facilitó por ley el acceso a armas a los Comités de Autodefensa (CAD), grupos surgidos en las comunidades más aisladas para defenderse de los ataques de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que en algunos casos se transformaron en bandas paramilitares. Más recientemente, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la autorización de la tenencia y portación de armas de fuego (prohibidas desde 2009) para defensa personal, como una de las medidas destinadas a combatir la delincuencia.

En Brasil, el tema siempre ha estado presente en la sociedad, aunque nunca había adquirido importancia hasta la última campaña presidencial. Durante su gobierno, Jair Bolsonaro liberó, mediante 30 decretos y resoluciones, el acceso de la población a las armas, flexibilizando las restricciones, aumentando el número de armas que los civiles pueden adquirir, permitiendo el acceso a armas de mayor calibre y habilitando las importaciones. “Un pueblo armado jamás será esclavizado”, solía argumentar Bolsonaro, que además creó un régimen legal especial para aquellos policías acusados de “gatillo fácil”.

La campaña electoral de 2022 encontró en la posesión de armas por parte de la población uno de sus ejes. Eduardo Bolsonaro, diputado nacional e hijo del ex Presidente, hizo un llamado por las redes sociales para que aquellas personas que habían adquirido armas se convirtieran en voluntarios de campaña. También circuló el video de una diputada cercana a Bolsonaro persiguiendo y apuntando con una pistola a un hombre. En contraste, Lula prometió que, en caso de llegar nuevamente al gobierno, implementaría políticas para facilitar el desarme de la población. De hecho, apenas asumió, firmó un decreto para suspender la política de flexibilización de adquisición de armas.

El modelo de Estados Unidos

Lo que tienen en común los defensores del acceso libre a las armas es que pretenden imitar el modelo de Estados Unidos, donde poseer un arma es interpretado como un derecho personal –respaldado en la Segunda Enmienda de la Constitución y concebido en el momento de la formación como Nación–, asociado a valores como el patriotismo y la libertad. En un país en el que se estima que hay 393 millones de armas sobre 331 millones de personas, se han contabilizado, en estos primeros tres meses de 2023, 161 masacres.

Cada vez que en Estados Unidos ocurre una masacre, el debate sobre el control de armas vuelve al centro de la escena. Aunque los intentos del Partido Demócrata de impulsar iniciativas en ese sentido venían fracasando, la citada masacre en la escuela primaria de Uvalde, Texas, la más mortífera ocurrida en un ámbito educativo, permitió un acuerdo con un sector del Partido Republicano para aprobar en el Congreso una ley que impone algunas restricciones al uso de armas, un hecho histórico.

No hay ninguna evidencia de que la delincuencia disminuya si la población se arma.

Pero la libertad con la que circulan las armas en Estados Unidos no sólo afecta a ese país. El gobierno de México demandó a 11 empresas armamentistas estadounidenses por “prácticas comerciales negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, ante la Corte Federal de Massachusetts. La demanda fue rechazada en primera instancia y está en proceso de apelación. De acuerdo con los datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entre el 70% y el 90% de las armas confiscadas en México provienen de Estados Unidos vía contrabando, es decir, unas 500.000 al año. Hay una demanda similar ante la CIDH y otra realizada contra cinco comerciantes de armas del estado de Arizona.
Las demandas se basan en la evidencia de que las armas ingresan de forma ilegal y luego son utilizadas en actividades criminales en México, y que los fabricantes lo saben. De hecho, ciertos modelos están diseñados para resultarles atractivos a los integrantes de los carteles mexicanos, como el caso de la pistola calibre 38 “Colt Emiliano Zapata”, que lleva el nombre y la imagen del héroe de la Revolución Mexicana, así como otras pistolas que llevan la inscripción “El Jefe”, grabada en dorado sobre la corredera, o “El Grito”, en alusión al inicio de la lucha por la independencia.

Armas y muertes

Veamos, a modo de pantallazo, la situación de distintos países de América del Sur con respecto al número de muertes violentas intencionales que registraron, las tasas de homicidios y el porcentaje o número de casos en el que el tipo de arma utilizada ha sido un arma de fuego.

De los países que presentan mayor tasa de homicidios, el primero es Colombia: 27,7 homicidios cada 100.000 habitantes en 2021, lo que representó la tasa más alta desde los 29,4 de 2014. Las muertes violentas intencionales fueron 13.873, de las cuales 10.473 fueron con armas de fuego. En ese país hay un total de 4.971.000 armas, de las cuales 706.210 se encuentran registradas y 4.264.790 no lo están, dando un estimado de 10,13 armas cada 100 personas.

La segunda tasa de homicidios más alta de la región se encuentra en Brasil, con 22,7 cada 100.000 habitantes en 2021. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública realizado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2021 se registraron 47.503 víctimas, de las cuales un 76% fue con armas de fuego. En Brasil hay en circulación 17.510.000 armas, de las cuales 8.080.295 se encuentran registradas y 9.429.705 no lo están. Esto da un aproximado de 8,29 armas cada 100 personas.

En contraste, Argentina registra, junto con Chile, la tasa de homicidios más baja de la región: 4,6 cada 100.000 habitantes en 2021. En el Informe de Homicidios Dolosos de ese mismo año, se observa que los asesinatos fueron 2.093, 52% de ellos con armas de fuego. Y de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2021 se registraron en Argentina 251 femicidios. Esto da un promedio de una muerte cada 35 horas. El 25% de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego, es decir uno de cada cuatro. En Argentina hay 3.256.000 armas, de las cuales 1.562.332 se encuentran registradas y 1.693.668 no están bajo el curso legal. Todo esto da un estimado de 7,36 armas cada 100 personas.

Mas allá de las particularidades de cada país –uno con un conflicto que duró más de 40 años y que aún no ha sido resuelto como Colombia y otro con altos índices de violencia urbana como Brasil–, la evidencia demuestra que, a mayor disponibilidad de armas en manos de la sociedad, mayor cantidad de muertes con armas de fuego, ya sea por homicidios, femicidios o suicidios.

Las armas no son la solución

No hay ninguna evidencia de que la delincuencia disminuya si la población se arma. Por el contrario, según un estudio publicado en 2019 por el Journal of Empirical Legal Studies que analiza la evolución de 33 estados de Estados Unidos, los delitos violentos aumentan entre un 13% y un 15% a los 10 años de la adopción de leyes que permiten la portación de armas.

En Argentina, la tenencia y la portación de armas están reguladas por leyes y otras normas. No es una actividad prohibida, sino regulada por el Estado. Se podría discutir la capacidad de éste para ejercer el control. Según datos oficiales, por ejemplo, tres de cada cuatro credenciales de “legítimos usuarios” están vencidas.

Para acceder a un arma en Argentina, primero hay que tramitar la credencial de legítimo usuario, cualquiera sea la actividad. Se distingue entre usuario individual y colectivo, hay que ser mayor de 21 años, aprobar un examen psicofísico, contar con un certificado de inexistencia de antecedentes penales y acreditar idoneidad en el manejo de armas. Para “poseer” una, hay que tramitar la credencial de tenencia ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). De ser transportada, debe ser descargada y separada de la munición.

Si una persona quiere obtener el permiso de portación, esto es, disponer del arma cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público, hay que justificar las razones de seguridad y defensa por las cuales se solicita.
En todo caso, cualquier modificación tiene que pasar por el Congreso. Y en este sentido llama la atención que Milei, que ejerce como diputado, no haya presentado ninguna iniciativa al respecto. Es más, en el Poder Legislativo hay actualmente 13 iniciativas sobre control de armas, 8 de las cuales refieren a programas de desarme y 5 a aumentar las restricciones de acceso para prevenir la violencia de género.

Con el objetivo de disminuir y prevenir la violencia armada, en contraposición a las propuestas de Milei, se deben impulsar políticas de control y desarme. Es necesario, por un lado, mantener un estricto control del mercado legal y fiscalizarlo. Parece una obviedad, pero las armas nacen legales y en algún momento “pasan” a formar parte del mercado ilegal. Por otro lado, hay que perseguir el mercado ilegal mediante una política criminal activa y, finalmente, impulsar políticas de prevención de la violencia armada.
Una de las políticas públicas que se vienen implementando desde el año 2007, por iniciativa e impulso de la sociedad civil, es el Plan de Entrega Voluntaria de Armas, llamado Plan de Desarme, que tuvo un impacto importante en los primeros años de funcionamiento y luego conoció una caída progresiva. El Estado recibió, hasta el año 2020, 206.178 armas y más de dos millones de municiones. Mientras que entre 2007 y 2008 se recibieron 63.226 armas, en los 11 años restantes fueron casi 143.000, y la menor entrega coincidió con los años del gobierno de Mauricio Macri.

Por María Pía Devoto * El Diplo

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