“Hemos heredado un estado devastado”, lanzó el presidente Raúl Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada.

Era el 26 de abril de 1985 y la tarde caía sobre una Plaza de Mayo. La gente, que había respondido a una convocatoria del gobierno, permaneció casi en silencio.

“Hay que poner orden en la economía que demanda un ajuste”, siguió el primer mandatario.

La columna de los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora se había ubicado en la primera fila. Los líderes se mezclaron con los militantes: habían decidido estar entre su gente y no en los lugares preferenciales al lado de Alfonsín. Allí estaban Federico Storani, “Changui” Cáceres, Enrique Nosiglia y el diputado Luis Stubrin. Nadie se movió.

No había nada que festejar, en particular cuando dijo que había que combatir “la recesión que se mantiene en el tiempo”, generando la “desesperanza”, e iniciar una etapa de crecimiento.

La síntesis de su mensaje la presentó sobre el final: “Esto se llama economía de guerra y es bueno, compatriotas, que todos vayamos sacando conclusiones”. Salvo las columnas radicales, la generalidad de los asistentes se retiro en silencio, esbozando críticas.

La Argentina atravesaba los primeros dieciséis meses de gestión radical, luego de siete años de dictadura, y había heredado una situación calamitosa del gobierno militar en todos los órdenes.

Alfonsín y sus más cercanos asesores sabían que el motivo principal de la convocatoria era la situación económica pero antes lanzó una cortina de humo: habló de un complot contra su gobierno que nunca se comprobó y llamo a “defender las instituciones democráticas”. Y luego llegó su anuncio, tardío, de las “dificultades extremas” que estaba enfrentando su gobierno. Rodeado por el senador Fernando de la Rúa y el diputado Juan Carlos Pugliese, durante quince minutos reconoció que existía por parte de los sectores más necesitados “un reclamo legítimo de reivindicaciones justas” y que, por lo tanto, había que “poner orden en la economía”. Al final de la frase, inlcuyó la palabra “ajuste”

Horas antes de asumir su mandato el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín se había comprometido con el periodista Jacobo Timerman, durante su primera conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, a que presentaría un informe con el estado del país. Nunca lo hizo. Fue el denominado “libro blanco” que nunca se publicó. Así, el presidente perdió una gran oportunidad de decirle a la sociedad qué se había heredado. La gente lo presumía pero no tenía una palabra oficial. Tiempo después se diría que el “libro blanco” no se hizo para no irritar a las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que “la década perdida”, como la bautizaron algunos economistas, no podía ser peor: recesión, una deuda externa difícil de afrontar, una inflación cercana al 400% anual y escasez de reservas en el Banco Central.

La radiografía del fracaso de la dictadura castrense y la ausencia de serenidad e improvisación eyectaron a Bernardo Grinspun, el primer Ministro de Economía del gobierno democrático. En su lugar, en febrero de 1985, asumió Juan Vital Sourrouille con un plan más cercano al neoliberalismo.

Alfonsín nunca se sintió cómodo hablando de economía. Prefería pasearse entre las primeras figuras políticas del damero internacional. Cuando sus amigos criticaron la designación de Dante Caputo como canciller, les respondió: “Caputo será canciller porque yo voy a ser el canciller”. Apuntó a Europa, en especial a los gobiernos socialdemócratas y de centro izquierda de los que no obtuvo la respuesta esperada.

Un mes antes de su anuncio de una “economía de guerra”, el 18 de marzo de 1985, había polemizado con Ronald Reagan por la política de Washington hacia América Central. Tras las palabras del mandatario estadounidense, Alfonsín, improvisando, afirmó: “Los Estados Unidos comprenderán que la seguridad del hemisferio está íntimamente vinculada con el desarrollo de la democracia en nuestro continente”. En particular, estaba defendiendo al régimen sandinista de Nicaragua. Casi al final de su mandato, como una forma de ayudar a su candidato radical (Eduardo Angeloz), solicitó a los Estados Unidos “un apoyo político y económico excepcional” que no fue respondido. “En ese momento -le dijo al periodista Luis Majul- nos sentimos verdaderamente aislados. La sensación es la misma que puede tener un náufrago cuando le quita su tabla de apoyo.”

Tras los anuncios del 26 de abril, y mientras se enfrentaba el 24% de inflación mensual, el 15 de junio de 1985 Sourrouille lanza el Plan Austral que logra frenar la inflación por un tiempo y se prepara para enfrentar las elecciones parlamentarias del 3 de noviembre. En octubre, un mes antes de las elecciones, el Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, denuncia una conspiración contra el gobierno de parte de elementos de la derecha y se declara el Estado de Sitio. Como era de esperar, en escasas semanas el plan pasó al olvido pero el Estado debió indemnizar a los imputados. Algunos pocos fueron encarcelados, otros se exiliaron.

A pesar de obtener menos votos que en 1983, en las elecciones parlamentarias el radicalismo obtuvo un destacado triunfo al lograr un 43,2% del electorado e imponerse en todos los distritos, menos en La Rioja y Formosa. En medio de los festejos por la victoria, para varios funcionarios llegaba la hora del “Tercer Movimiento Histórico”, la nueva política y un cambio institucional. Era nada más que expresión de deseos.

A pesar de frenar la inflación inicialmente, el juicio a las Juntas Militares y el triunfo argentino en el Mundial de México 1986 (a pesar de que el gobierno intentó desplazar a Carlos Bilardo), el presidente Alfonsín sucumbió ante “una economía desangrada” que no pudo controlar.

En julio de 1988 el gobierno de Raúl Alfonsín daba señales de agotamiento. Con la derrota electoral del 6 de septiembre de 1987 en manos del peronismo, su “tercer movimiento histórico” cumpliría el sueño de los justos.

En ese 1988, el presidente volvió a insistir con la magia y la bonhomía de su ministro Juan Vital Sourruille, este sí, “el padre” del Plan Austral. Pero todo era desconcierto y bajón anímico: “voy a desertar del gabinete”, le dijo el Ministro de Economía, el 23 de julio a las 11 de la mañana, a su asesor Juan Carlos Torre. Horas más tarde, en Olivos, se encuentra con Alfonsín y vuelve optimista y con nuevos ánimos. El 4 de agosto, luego de arduas negociaciones con el empresariado, Torre volcó en su diario: “Esta vez no hubo mensaje” y el plan antiinflacionario incluyó un “acuerdo de precios con cuatrocientas empresas por sesenta días, al cabo de los cuales un Comité de Seguimiento integrado por funcionarios del gobierno y representantes de la UIA y la Cámara de Comercio establecerían nuevos precios. Durante ese lapso y, después de un toque inicial de tarifas y tipo de cambio, estas dos variables quedarían fijas”. Hubo una rebaja del IVA y “se aplicaron medidas de liquidación de exportaciones en el régimen cambiario que fueron equivalentes a las retenciones.” En pocas palabras, nada nuevo bajo el sol.

En una reunión privada de Conrado “Cacho” Storani con Sourrouille, el responsable de economía le aseguró “no más nuevos impuestos; bajar el déficit del Estado, habló de las tasas de interés y se comprometió a fijar un cronograma de los cuatro trimestres” venideros. Fue en esa reunión donde “pide elecciones cuanto antes, no más allá de mayo” de 1989.

En febrero de 1989, en medio de una canícula poco común, los cortes de luz y agua corriente angustiaron a los porteños; en marzo, por sugerencia del candidato Eduardo Angeloz y su equipo, Juan Vital Sourrouille abandonaba el Ministerio de Economía Juan Vital Sourrouille dejando al país en las puertas de la hiperinflación

Ese año, seis meses antes de cumplir su mandato, Raúl Alfonsín abandonaba el poder.

Nota:infobae.com