La renuncia de Mauricio Macri a la candidatura presidencial envalentonó a Horacio Rodríguez Larreta y agudizó las contradicciones internas dentro del juntismo, situación que llevó a los grupos concentrados a participar de forma más explícita en el armado electoral de la actual oposición con el objeto de garantizar la unidad de su referencia política. Luego de conocida la decisión del jefe de gobierno sobre las “elecciones concurrentes”, se sucedieron reuniones y llamados al orden de quienes esperan con ansias un triunfo diestro para darle continuidad a las políticas ortodoxas que los beneficiaron desde 1975 hasta la actualidad, exceptuando los dos primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín y los 12 años de gobiernos kirchneristas.

El pedido de licencia de Patricia Bullrich a la presidencia del PRO es parte de la aceleración de la disputa al interior del partido forjado por el empresario y dirigente del club Boca Juniors después de ser apoyado y beneficiado en la etapa menemista. La precandidata respaldada por Mauricio Macri dio un paso al costado luego de conocerse el pedido de intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) –presidido por la propia Bullrich– efectuado por la Inspección General de Justicia (IGJ), que la acusó de solventar de manera ilegal su campaña política. El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, solicitó –cuatro días antes del pedido de licencia de Bullrich– el “desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva” del IEES y presentó una denuncia penal por violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Las internas de la derecha no se reducen al tironeo por las candidaturas presidenciales dentro de ese espacio. La renuncia de Fabián Doman como titular de Independiente involucra también al mismo espacio político que se presentó a elecciones demonizando a Hugo Moyano, tiempo después de intentar su procesamiento y detención durante el gobierno macrista. La licencia de Bullrich se suma a la renuncia de Doman y a la asunción –como su sucesor– del intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

El centro de la disputa de la última semana se aglutinó en torno a la convocatoria unificada a elecciones internas el 13 de agosto y a los comicios nacionales el 22 de octubre, difundida a través del decreto número 109/23, luego de una decisión tomada por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin consultar a las autoridades del PRO. Esa decisión, catalogada como de “elecciones concurrentes”, permite que los candidatos locales sean votados en urnas diferentes a las que contendrán las listas para cargos nacionales. La medida dispone para los porteños dos elecciones cada día: tanto el 13 de agosto como el 22 de octubre se llevará a cabo un comicio con boleta única electrónica (para autoridades de la ciudad) y otra diferenciada, en papel (para las nacionales).

Rurales vs. inmobiliarios.

Larreta apeló a la ley 6.031 que en su artículo 60 habilita a adherir al régimen nacional –con boleta unificada, denominada como simultaneidad– o a la concurrencia, que se lleva a cabo con urnas separadas. Macri, Bullrich y María Eugenia Vidal preferían las simultáneas porque consideraban que ese sistema beneficiaba a los candidatos del PRO contra el postulante radical, Martín Lousteau.

El centro de la disputa es la pérdida de poder relativo de Macri, que no fue consultado por quien consideraba su subordinado político, el actual jefe del gobierno porteño. El conflicto no parece ser –como pretenden instalar analistas interesados– un problema psicológico de narcisismos y egos. Se trata, más bien, de contradicciones al interior del bloque de poderes fácticos que hacen inversiones dinerarias diferenciadas entre candidatos. Larreta y Lousteau aparecen como los candidatos privilegiados de los inversores inmobiliarios y de los denominados “unicornios”, que apuestan a recrear el artificio de los globos de colores de 2015 como herramienta para obligar a los potenciales derrotados del Frente de Todos a negociar en condiciones de supuesto consenso. Frente a ellos se ubican los macristas que –coligados con la Mesa de Enlace– creen que la posibilidad de negociación solo podrá afianzarse con los ultraliberales de Javier Milei, José Luis Espert y Ricardo López Murphy.

La sucesión del gobierno de la ciudad aparece entonces como parte de una confrontación más amplia, de la que participan –de forma prioritaria– los grupos empresarios que se disputan la centralidad de un hipotético próximo gobierno. Esa realidad es la que llevó a Larreta a decidirse por los radicales y por los partidarios de Elisa Carrió: Milei advirtió en reiteradas oportunidades que no existe ningún tipo de alianza posible con el mandatario de la ciudad, al tiempo que los radicales marcaban como límite –dentro de la alianza– la potencial incorporación de quien definen como un “desequilibrado mental con peluca”.

Sin embargo, no existen diferencias de programa entre el macrismo y el larretismo. El jefe porteño aseguró –en la reunión en La Rural, el miércoles– que su proyecto es alcanzar el “déficit cero en un año”, que planea la unificación cambiaria “lo más rápido posible” y que se compromete a eliminar las retenciones a 200 productos. En síntesis: su intencionalidad supone la aplicación de un feroz ajuste fiscal que sufrirán –fundamentalmente– los más vulnerables, sobre todo los jubilados y los usuarios de servicios públicos como la salud, el transporte y la educación.

El único rubro que se verían obligados a incrementar en términos presupuestarios, según un análisis de los documentos divulgados por los think tanks ligados a Juntos por el Cambio, sería el de seguridad, por la perentoria exigencia de enfrentarse al narcotráfico –habitual justificativo instrumental para sembrar pánico– y la necesidad de ampliar la respuesta represiva ante el posible incremento de la protesta social. En su alocución en La Rural, Larreta subrayó que “haciendo las cosas bien podemos duplicar en seis años las exportaciones del campo”, afirmación con la que sorprendió a los terratenientes presentes. Algunos de quienes allí estaban pretendieron explicar que dichos montos de exportación podrían plasmarse con la extensión de las fronteras agropecuarias, es decir mediante el desmonte. Pedro Peretti reveló –en reiteradas entrevistas– que dichas propuestas solo pueden llevarse a cabo a expensas de un consiguiente desastre ambiental.

Espuelas macristas

Para intentar ganarse a una audiencia que simpatiza con Bullrich, Larreta inició su exposición ante 500 empresarios agropecuarios con un pedido de disculpas. Años atrás, en 2017, había señalado que “la soja no genera laburo, porque tenés miles de hectáreas y laburan tres”. Su retractación incluyó un malabarismo condescendiente que no hizo más que suscitar un murmullo incómodo en el coqueto salón: “He viajado, aprendí y me doy cuenta de que fue un error. Hay políticos que en estos casos dicen que los sacaron de contexto. Yo no hago eso, me equivoqué, aprendí y pido disculpas”.

El que no pareció disculparlo fue el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, quien se refirió a él sin nombrarlo en forma explícita: “El país está a la deriva (…) la oposición tiene muchas chances [pero] se necesitan hombres y mujeres que pongan por encima el interés general, y no el individual”. Pereda Born, en una evidente toma de posición en el conflicto interno dentro del círculo cambiante, le pidió a Macri que “empiece a trabajar con la gente de Milei”. El vicepresidente de la corporación ruralista es, además, el socio político del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y uno de los máximos aportantes (inversores) de las campañas electorales de Macri: en 2019 aportó 3,4 millones de pesos a título personal y 2,3 millones en nombre de dos de sus empresas, Eduardo Pereda Agropecuaria y Pereda Agro.

Con la misma intención de apoderarse del control económico del país y facilitar sus propios negocios corporativos se encuentra el Grupo de los Seis, que además de la Sociedad Rural integran la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio. Este colectivo tiene más diálogo con los equipos larretistas, y uno de sus referentes, Jorge Pablo Brito, cuestiona de forma explícita a Pereda Born por partidizar sin tapujos a los ruralistas. La disputa entre Macri y Larreta no es de proyecto sino de cartera de negocios: los poderes concentrados en la Argentina están compuestos de fracciones que invierten tanto en candidatos como en fondos de inversión.

Luego de finalizada la jornada del miércoles 12, los partícipes del encuentro en la Sociedad Rural reafirmaron su apego al discurso dinamitero de Javier Milei y a su versión mínimamente contenida, expresada por Macri, quien refirió a la necesidad de “semi-dinamitar”, con el objeto de diferenciarse del dirigente de La Libertad Avanza. La apelación a la metáfora explosiva fue leída como una continuación de la advertencia hecha por los economistas de la oposición respecto a una bomba de tiempo dejada por el endeudamiento en pesos asumido por el gobierno de Alberto Fernández.

A pesar de los escarceos de las diferentes fracciones que apuntalan a Bullrich o Larreta, e invierten por ambos en forma diferencial, existe un acuerdo pétreo entre los empresarios respecto de la necesidad de garantizar la unidad de la alianza con la que –especulan– lograrán colocar a sus economistas, dispuestos a beneficiar sus agendas de intereses corporativos. Estos poderes fácticos se encuentran comprometidos en instituir un modelo de sociedad compuesto de clientes atomizados, pasibles –únicamente– de ejercer protestas individuales en tanto consumidores insatisfechos.

Ese dispositivo promueve la desaparición de lo comunitario, frente a la cual quedan solo individuos frustrados, ajenos a cualquier tejido social que pueda responder a la carencia o a la necesidad con algún atisbo de esperanza colectiva. La estructura propuesta se compone de consumidores expectantes, la contracara de ciudadanos en debate o movilizados. Es el modelo empresario que impone sujetos aislados, invitados a una soledad en la que solo pueden brillar los francotiradores, esos que ven al prójimo como un competidor, un auspicio, un seguidor o un enemigo. Detrás del armado político de la derecha –de su discurso e incluso de sus internas– se impone un sentido común que dirige la frustración hacia los vecinos y promueve la construcción de espacios atomizados, que son presa fácil del relato neoliberal. El problema es que se cree que a la diestra de la sociedad argentina hay espacio para nuevos ajustes, mientras la pobreza alcanza el 40%. Probablemente poseen memoria corta y suelen tener empañado el espejo retrovisor: ahí atrás, apenas hace dos décadas, está el 2001.

Por Jorge Elbaum * El Cohete