El ex director de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), Aldo Tonon, le envió una nota a la Comisión de Juicio Político en la que pidió que se lo exima de prestar testimonio este martes porque está denunciado penalmente por los desmanejos en la prestadora médica de los judiciales. Desde la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard le respondieron a Tonon – quien es muy cercano al supremo Juan Carlos Maqueda -que está obligado a concurrir y en todo caso está habilitado a no responder preguntas que considere que lo pueden autoincriminar. También fue convocada para este martes María Guadalupe Burgos, sobrina de la esposa de Maqueda, que trabaja en la obra social y firmó cheques por miles de millones de pesos. Se la notificó este lunes. Al cierre de esta nota era un interrogante si ambos concurrirán a la que será la primera audiencia con testigos en que se abordarán las irregularidades en la OSPJN.

En una nota dirigida a Gaillard, Aldo Tonon dice que está siendo investigado en sede penal en la causa de los desmanejos de la Obra Social de los judiciales y que por eso no puede ir a declarar. “Más allá de la falsedad de la denuncia en tal proceso, lo cierto es que mi declaración en el ámbito de esa comisión podría vulnerar y violar la garantía consagrada en el texto del art. 18 de la CN, a mi respecto”, sostuvo en una nota de una página a la que accedió El Destape. De acuerdo a ese artículo de la Constitución Nacional, nadie “puede ser penado sin juicio previo”, ni puede ser “juzgado por comisiones especiales” así como tampoco está “obligado a declarar contra sí mismo”. Con esa excusa, Tonon dice que hay una “improcedencia inconstitucional de cualquier citación a mi parte” por lo que reclama “se me exima de declarar, por el momento”.

Lo cierto es que ese planteo ya fue saldado en la Comisión de Juicio Político. El testigo debe concurrir y está habilitado a no responder las preguntas que considera que pueden autoincriminarlo (algo similar ocurrió en la Bicameral de Inteligencia cuando eran citado agentes de inteligencia investigados en sede penal). Eso fue lo que le respondió la comisión a Tonon: “Se le hace saber que, en virtud de lo establecido en el Artículo 240 del Código Procesal Penal de la Nación -de carácter supletorio en el proceso de juicio político-, toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial. A la vez, informo a Ud. que se ha tomado conocimiento de las actuaciones judiciales a las que hace referencia, y en el eventual supuesto de que Ud. entienda que al responder alguna de las preguntas que los miembros de la Comisión formulen, autoincriminarse, contará con el derecho establecido en el Art. 18 de la Constitución Nacional de no responderla, como lo han hecho otros testigos”. Sin ir más lejos, el martes pasado declaró ante la Comisión de Juicio Político el exministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, quien dijo estar involucrado en distintas causas abiertas no obstante lo cual brindó un extenso testimonio.

“Debido a lo expresado, le informo que damos por notificada la citación cursada para el día 18 de abril de 2023, a las 13.00 hs. a fin de que preste declaración testimonial”, concluye la nota dirigida al exdirector de la OSPJN.

Aldo Tonon fue el director de la Obra Social del Poder Judicial desde 2008 y actualmente es protagonista de la causa “central” sobre las irregularidades en la OSPJN. Se trata de la causa Nº 7686/2021 cuya carátula lleva su nombre. Se lo acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El 30 de marzo pasado, la Corte le aceptó la renuncia a la OSPJN pero condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite. Al aceptarle la renuncia se le recordó que tiene 30 días hábiles para presentar su declaración jurada patrimonial. Tonon es un hombre de la confianza de Maqueda, el supremo que tuvo por más de una década la supervisión de la prestadora médica de los judiciales.

En la causa “central” de los desmanejos de la Obra Social, que tramita ante el juzgado federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo, se investigan dos hipótesis delictivas:

1. Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI) por la suma de $100.000.000 anuales desde 2008 y por 10 años, sin haber cumplido sus obligaciones a cargo de la emergencia médica en todo el país. Según la denuncia “distintas provincias no habrían sido alcanzadas por dicha prestación”.
2. Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Fandamant S.A.”, domiciliada en Córdoba, cuya prestación consistía en el control de recetas de distintas farmacias del país y no contaba con la infraestructura necesaria. De acuerdo la denuncia sería una empresa “fantasma” en tanto “que aquella tarea de contralor de recetas sería llevada adelante por los propios empleados de la Obra Social”.

En la causa “central” de la obra social que tiene a Tonon como protagonista se extrajeron testimonios y el martes el fiscal federal Ramiro González le dio impulso a una nueva causa. El disparador fue el voto en disidencia de Lorenzetti en una serie de resoluciones y acordadas de la Corte.

 “El tema Obra Social está provocando una fractura en la Corte”, consideró el diputado Rodolfo Tailhade en diálogo con El Destape Radio el último jueves. “Todos se quieren despegar de Maqueda”,  señaló el legislador nacional del FdT, que integra la comisión de Juicio Político. “El manejo administrativo, contable y económico de la Obra Social fue escandaloso, fraudulento. Si bien la supervisión estaba a cargo de Maqueda, ninguno de los otros tres se pueden hacer los tontos. Es un órgano colegiado”, añadió. “Por supuesto, el más complicado va a ser Maqueda porque Aldo Tonon, que está citado para este martes, fue el administrador de la obra social durante las últimas dos décadas y era el médico personal de Maqueda. Y una chica que firmaba los cheques, Burgos, era la sobrina de Maqueda”, afirmó el diputado.

La última referencia es a María Guadalupe Burgos, que según publicó Página 12 en mayo del año pasado, es sobrina de la esposa de Maqueda y en la causa donde se investigan las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial admitió que a lo largo de 17 años firmó cheques por los pagos de la prestación médica, que son alrededor de 1.000 millones de pesos mensuales, sin tener designación ni ser contadora. También dejó en claro que había muy poco control en torno a esos manejos. Tal como informó Raúl Tuny Kollmann, Burgos declaró el 7 de abril y relató que entró a la obra social en 2005, al mismo tiempo que su tío. “Como no tenía estudios universitarios, la tuvieron que ubicar en la categoría de subsecretaria, pero ella manejó la tesorería, es decir todos los pagos a los prestadores, médicos, reintegro a afiliados y la totalidad de los movimientos de dinero habituales”, informó Kollmann.

Burgos también fue citada para este martes por la Comisión de Juicio Político. La convocatoria se hizo este lunes.

El Destape pudo reconstruir que en diciembre de 2017 y vía la resolución 4144/2017, María Guadalupe Burgos, que era prosecretaria administrativa en la Obra Social de los judiciales, fue designada prosecretaria jefe “en reemplazo del doctor Eduardo Bazerque, que fue cesanteado”. Su hermana María Candelaria también cumple funciones en la Corte. De acuerdo a la resolución 2079/2014, el 22 de agosto de 2014 María Candelaria pasó de prosecretaria administrativa en la Mesa General de Entradas del Tribunal  a la Secretaría Judicial Nº 6.

Además de Tonon y Burgos, la Comisión de Juicio Político también citó para este martes a:

• La contadora Melisa Solana, quien había sido designada en la OSPJN y renunció de forma abrupta.
• La médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi.
• Laura Coulin (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN).
• Liliana de Brito (Trabajadora Judicial afiliada OSPJN).
• Oscar Fernández, quien fue parte de una auditoria ordenada por la Corte.

El Destape