Durante los primeros años de la restauración democrática, la Unión Cívica Radical (UCR) fue considerada en general como la centroizquierda del espectro ideológico argentino, al punto que se integró como miembro pleno a la Internacional Socialista. En el Gobierno de Raúl Alfonsín se adoptaron algunas políticas progresistas y se reivindicaron valores históricos de carácter republicano, entre ellos el equilibrio institucional y la imposición de límites a la concentración del poder, pero ya durante la gestión de la Alianza se advirtieron en el radicalismo desviaciones respecto de los principios fundacionales, como por ejemplo el intento de imponer fraudulentamente la reforma laboral o el nombramiento de Domingo Cavallo como ministro de Economía, un representante de las grandes empresas oligopólicas que fracasó al intentar prolongar la frustrada aventura neoliberal de la Convertibilidad que inició durante la gestión de Carlos Menem.

Esa abdicación de los que fueran los elementos constitutivos del radicalismo –«la causa» contra «el régimen»– ya había sido evidenciada en la década del 30 del siglo XX, cuando el sector antiyrigoyenista –definido como antipersonalista– conspiró, aliado con el conservadurismo, contra el Gobierno de su propio partido y, tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por un golpe militar, resolvió formar parte de la Concordancia, una entente reaccionaria que impulsó el fraude electoral y se postró ante el imperio británico durante la denominada «década infame».

Pero fue el 14 de marzo de 2015 cuando se produjo la ruptura definitiva con la historia del partido fundado por Leandro N. Alem. Ese día, convocada por el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, se reunió la Convención de esa fuerza política en la ciudad de Gualeguaychú, para discutir la estrategia partidaria ante las inminentes elecciones presidenciales. Sanz debió retirarse por una puerta lateral con una fuerte custodia policial en medio de incidentes generados por centenares de jóvenes que irrumpieron en el lugar en rechazo a la aprobación del acuerdo entre la UCR y el PRO y fueron duramente reprimidos por la policía. La alianza impulsada por Sanz fue convalidada por 186 delegados sobre un total de 330.
La victoria de Macri en los comicios de ese año, lejos de reservarles un espacio privilegiado a sus aliados radicales, los subordinó absolutamente, a pesar de los indignados reclamos de dirigentes de distintas provincias que habían aportado sus estructuras políticas al acuerdo y consideraban que no habían sido retribuidos con cargos significativos en el aparato estatal y ni siquiera se los tenía en cuenta a la hora de la toma de decisiones importantes.

Dura competencia

Así fueron sucediéndose las disputas internas en Juntos por el Cambio. Un permanente tira y afloje deterioró la unidad de la coalición y a la hora de posicionarse ante las elecciones de 2023 peligraron las listas únicas en por lo menos media docena de distritos. Hasta el momento continúan las rispideces en Tucumán y Salta, hubo desprendimientos en Chubut, el PRO terminó imponiendo a Luis Juez en Córdoba –una provincia donde el radicalismo mantiene una tradicional y masiva adhesión– y se presentará con lista propia en Tierra del Fuego.

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la directiva que bajó Macri después de su obligado renunciamiento –la candidatura única a jefe de Gobierno de su primo Jorge– fue resistida por la UCR, y logró que el jefe de gobierno Rodríguez Larreta dispusiera una metodología electoral que implica que los candidatos y candidatas a sucederlo no vayan «colgados» de ninguna boleta presidencial, lo que –en opinión de los impulsores de esta alternativa– le permitiría a Martín Lousteau competir en mejores condiciones con Jorge Macri. El otro Macri ya le bajó el pulgar: «Más allá del respeto que le tengo –dijo– no lo veo como jefe de Gobierno de la Ciudad», dijo antes de que se definiera la modalidad electoral porteña. Luego, mientras los radicales celebraron la decisión de Rodríguez Larreta estalló la larvada disputa interna en el Pro.

Otra cuestión controvertida es la propuesta fogoneada por el PRO de llevar fórmulas mixtas en las precandidaturas presidenciales y de gobernadores, donde al radicalismo se le asignaría el segundo lugar, salvo en aquellos distritos que gobierna actualmente. Patricia Bullrich, decidida partidaria de esta iniciativa, fracasó en su intento de seducir al «halcón» radical Alfredo Cornejo, quien se postulará nuevamente para la gobernación, razón por la cual la exministra de Seguridad seguirá buscando un copiloto que comulgue con su ideario.

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, insiste en convencer a Gerardo Morales para que lo secunde. La ventaja de esta opción se fundaría en la fidelización del radicalismo, ya que formar parte del Gobierno desalentaría los intentos de ruptura que podrían producirse a mediano plazo. La desventaja: los muchos dirigentes del PRO que se sentirían desairados por esa decisión.

Pero Morales tiene otras ambiciones. Su lanzamiento como «único candidato presidencial de la UCR», que se produjo hace pocos días en el teatro Gran Rex indica que no será fácil acordar con él. Además, su presunta exclusividad fue puesta en duda por Facundo Manes, que acaba de realizar una gira por el interior provincial. El neurólogo, respaldado por la agrupación Adelante Buenos Aires, que controla el comité provincial, emitió un mensaje significativo: «Hoy veo un país que puede ser seducido por el radicalismo. Lo recorro todos los días y lo voy a seguir haciendo» y tras señalar que la población reclama «un fin de ciclo», remarcó: «Acá estoy para reconstruir nuestra nación». Ante la inquietud de sus partidarios por la demora en poner en marcha su precandidatura presidencial, Manes expresó su convicción de que una campaña demasiado anticipada malgastaría recursos y atentaría contra la idea de representar lo nuevo.

Lo cierto es que, contradiciendo su histórica consigna «Que se rompa pero que no se doble», los radicales insisten en hacer todos los esfuerzos posibles para que «se doble pero no se rompa».

Por Daniel Vila * Accion