El FMI volvió a instalarse como actor relevante en la toma de decisiones económicas en la Argentina en 2018, con el salvataje a la crisis cambiaria que se desató por entonces. Sin embargo, su rol fue variando con los años. De aliado contra los fondos de inversión extranjeros al comienzo del mandato de Fernández, al doble rol de enemigo y garante de un plan económico con la firma del nuevo acuerdo en marzo del año pasado. El problema es que hoy, producto de la sequía y de decisiones de ambas partes, el programa con el FMI perdió el papel de generar certidumbre y anclar expectativas.

El lunes por la noche, el Fondo publicó el reporte con el que su directorio confirmó un nuevo desembolso para la Argentina, tras el cumplimiento de las metas del acuerdo para el cuarto trimestre de 2022. Allí plasmó la visión y proyecciones que tiene hacia el futuro. Si bien puso sobre relieve las dificultades que enfrenta la economía producto de la sequía, sus consecuencias parecen estar subestimadas. Por caso, la proyección de crecimiento para este año es de 2%, mientras que el Banco Mundial ya la redujo al 0% y desde Analytica proyectamos un escenario de recesión.

La principal diferencia entre el Fondo y el resto del mercado es la proyección de producción de cereales. El organismo considera que la cosecha de soja será de 45,5 millones toneladas en la campaña 2022/23, mientras el promedio de los principales referentes del sector es bastante menor: 32,6 millones de toneladas (-25,5% respecto de 2021/2022). Lo mismo pasa con el maíz, con el que hay 10 millones de toneladas de diferencia entre las proyecciones del FMI y el promedio del mercado.

El peso relativo del agro en nuestra economía hace que un cambio sustancial en su producción modifique drásticamente al mercado de pesos, por una menor recaudación vía retenciones, y al de dólares mediante menores ingresos por exportaciones. La dinámica del primer trimestre da cuenta de ello, la recaudación del IVA por comercio exterior cayó 21% mientras la liquidación de dólares del agro 71%.

La pregunta entonces es, ¿por qué el FMI utiliza supuestos mucho más optimistas que el resto del mercado? No hay dudas sobre la calidad técnica de los funcionarios y analistas del organismo. La explicación parece estar más en la negociación de un acuerdo que quedó viejo ya desde su firma, como consecuencia de la guerra en Europa. Bajo ese diagnóstico se entiende por qué el organismo avaló distintas medidas que tomó el Gobierno para cumplir con el acuerdo desde 2022, incluyendo la contabilidad creativa y medidas muy heterodoxas como el dólar soja. Una estrategia que no deja de ser extraña, al mismo tiempo el Fondo es poco flexible en cuanto a la adaptación de las metas a cambios en variables que no dependen del Gobierno.

Reconocer un escenario más dramático para 2023 obligaría a modificar en mayor cuantía la meta de acumulación de reservas internacionales. El organismo lo hizo en apenas U$S 1.800 millones para todo 2023 y sin avalar un mayor déficit primario, inamovible en 1,9% del PIB. Sin embargo, hacerlo devolvería al acuerdo la credibilidad necesaria para que el mercado lo vea cómo el plan económico del Gobierno y evitaría la incertidumbre respecto a su cumplimiento, un escenario que nuestra economía sumergida en un régimen de alta inflación y una sequía no puede tolerar. El rol del FMI como ancla y prestamista de última instancia es mucho más relevante hoy que un año atrás.

Ahora bien, ¿por qué el organismo parece ir en la dirección opuesta? Quizás porque, a pesar de las críticas, el acuerdo de facilidades extendidas que se firmó en 2022 fue bastante más laxo que otros del organismo y no quiere dar más concesiones. Por caso, para resolver el desequilibrio cambiario no sólo aceptó no recurrir al tradicional salto en el tipo de cambio, sino que el cepo cambiario sólo se profundizó desde entonces.

Al mismo tiempo, el Gobierno dilató el cumplimiento de distintos compromisos con impacto fiscal desde su firma. El caso más emblemático fueron las tarifas de energía, y este año se sumó una nueva moratoria jubilatoria, una decisión que contradice los compromisos asumidos en el acuerdo. Por caso, en su último informe el FMI pide que se mitigue el gasto que ocasionaría.

Como resultado de ese tire y afloje de plan económico que es pero no es, se termina desdibujando el rol que ambas partes necesitan que juegue el acuerdo: la última ancla para las expectativas económicas. El programa con el FMI no puede subestimar el impacto de la sequía ni tampoco ignorar el aumento en los niveles de pobreza. Flexibilizar las metas y ofrecer mejoras en el financiamiento es condición necesaria para su sostenimiento. No existe un camino hacia la estabilidad macroeconómica que no esté cimentando en la estabilidad social.

Por Claudio Caprarulo/ Director en Analytica * Ámbito Financiero