El 27 de marzo de 1945 el presidente Edelmiro Farrell firmaba el decreto por el cual la Argentina aceptaba “la invitación que le ha sido formulada por las 20 repúblicas americanas participantes de la Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y la Paz [N. de la R.: refiere a la famosa reunión en el castillo de Chapultepec, México, que culminó el 8 de marzo de 1945] y se adhiere al acta final de la misma”. Como consecuencia de lo anterior, y en el mismo decreto, nuestro país declaraba la guerra a Alemania y Japón, ingresando así formalmente en carácter de país beligerante en la Segunda Guerra Mundial, del lado de los Aliados, y a poco de finalizar el conflicto.

El abandono de la neutralidad y la declaración de guerra a las potencias del Eje fue criticada tanto por los aliadófilos, que la vieron como una maniobra oportunista a pocos días del fin de la guerra y sin que la Argentina pagara ningún tipo de costos, como así también por los germanófilos, que consideraron la actitud del gobierno como una deslealtad comparable a la de “patear a un caído”. Ambas críticas, quizás de forma inconsciente, analizaban los pasos que el país debía seguir en el escenario internacional desde sus preferencias ideológicas, omitiendo colocar el interés nacional en el centro. 

La neutralidad de la Argentina fue declarada apenas iniciada la contienda por el presidente Roberto M. Ortíz (radical), y ratificada tras su fallecimiento por el vice al hacerse cargo del Poder Ejecutivo, Ramón Castillo (conservador). Eran los tiempos que pasarían a la historia como la Década Infame caracterizada por el fraude generalizado en los comicios. La Revolución del 4 de junio de 1943 destituyó a Castillo y dio inicio a una serie de gobiernos de facto propiciados por el G.O.U. (Grupo Oficiales Unidos según la versión más difundida), una logia militar cuyos integrantes habrían decidido el golpe al conocerse que el candidato oficialista a la presidencia, Robustiano Patrón Costas, manifestó frente a allegados su idea de que Argentina ingresara a la Guerra acatando los dictados de Washington.

Los historiadores no se ponen de acuerdo en relación a si la neutralidad argentina resultaba conveniente a Inglaterra o no, tema que omitiremos aquí, pero en lo que sí hay coincidencia es que la posición neutral común a varios países sudamericanos sufrirá una drástica modificación a partir de diciembre de 1941 cuando los Estados Unidos ingresen en el conflicto tras el ataque japonés a su apostadero naval en Pearl Harbor. Los norteamericanos pensaban no sólo en vencer a las fuerzas del Eje liderando el bloque continental americano, sino en tomar la posta en el liderazgo planetario de manos de Gran Bretaña, el viejo imperio que, pese a estar del lado vencedor, ya no sería la potencia hegemónica luego de 1945.

La Argentina soportó la presión norteamericana, pero a costa de quedar cada vez más aislada del contexto hemisférico y comenzando a sufrir sanciones de tipo económico y militar, por ejemplo, prohibiéndosele adquirir armamento norteamericano, lo que suponía una desventaja ante el creciente armamentismo chileno y brasileño que amenazaba con romper el histórico equilibro en el Cono Sur. Pero incluso de la adversidad el gobierno de Castillo creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, cuyo mentor, el general Manuel Savio, apuntaba al autoabastecimiento en materia militar.

La no intervención en la guerra por parte de nuestro país se justificaba por cuanto lo que se dirimía en escenarios europeos, africanos y asiáticos no comprometía intereses nacionales. Era una disputa de poder por la hegemonía mundial en la que la mayoría de los pueblos del mundo eran meros espectadores y no protagonistas. Por supuesto que es entendible que entre la ciudadanía argentina hubiese, por muy diversas causas, preferencias por alguno de los bandos (de hecho cerca de un millar de argentinos combatieron como voluntarios del lado de los Aliados sin que ninguna medida gubernamental lo impidiese) pero eso no puede obnubilar a los gobernantes que deben priorizar el bien común de los argentinos. En esto, podría decirse que la neutralidad durante la guerra fue una política de Estado (esas que hoy tanto se reclaman) mantenida por administraciones radicales, conservadoras y nacionalistas a lo largo de los seis años de contienda.

Pero algunos integrantes del G.O.U., entre quienes destacaba Juan Domingo Perón –ya por entonces Ministro de Guerra- a medida que la conflagración se encaminaba hacia una segura victoria aliada sobre Alemania y Japón, advertían que así como convino en su momento mantenernos neutrales, llegaría el momento de abandonar dicha posición y declarar la guerra al Eje.

Es por eso que en agosto de 1944 el propio Perón impulsa la creación del Consejo Nacional de Posguerra, que tendrá por finalidad esencial el análisis de los distintos escenarios internacionales al finalizar la guerra en curso y el curso de acción que más convenga a la Argentina como nación soberana e independiente.

En un trabajo titulado “La Junta de vigilancia y disposición final de la propiedad enemiga”, Andrés Regalsky, Adela Harispuru y Jorge Gilbert señalan que, “ante el peligro de quedar separada de la comunidad de Estados que formularía la organización internacional de posguerra, y al percibir como próximo el final de la contienda, el gobierno de Buenos Aires decidió, finalmente, por decreto del 27de marzo de 1945 adherir al Acta Final de la Conferencia sobre problemas de la guerra y de la paz” [N. de la R: el trabajo completo está disponible en el Centro de Documentación del Ministerio de Economía].

La declaración de guerra a Alemania y Japón casi al finalizar el conflicgo redundó objetivamente en varios beneficios para nuestro país, que deben ser analizados con frialdad y pragmatismo. El primero de ellos es que Argentina será técnicamente parte de los países aliados vencedores y sin que se derramara una sola gota de sangre argentina. Quienes se avergüenzan por esta realidad –tildándola de oportunista- deberían poder responder una pregunta muy elemental y lógica: ¿Quién hubiera puesto los muertos argentinos en playas a miles de kilómetros de distancia en defensa de intereses ajenos? Porque una cosa es que nuestros jóvenes dejen su vida en Malvinas por defender nuestra soberanía y dignidad nacional, y otra es que mueran bajo la metralla alemana o japonesa por defender los intereses norteamericanos o británicos.

En segundo lugar, como parte de los aliados vencedores, Argentina no quedó excluida del nuevo orden que se iniciaría tras la rendición de Alemania y Japón, siendo país fundador de la Organización de las Naciones Unidos y en carácter de pleno derecho.

En tercer lugar, y en estricto cumplimiento de lo acordado en Chapultepec por los Estados americanos, al abandonar la neutralidad, la Argentina tenía el derecho de incautarse de los bienes del enemigo que estuvieran en nuestro país, cosa que se materializó al constituirse en mayo de 1945 la Junta de Vigilancia y Disposición final de la Propiedad Enemiga, que procedió a identificar y confiscar la propiedad de empresas y bancos de capital alemán, y en mucha menor proporción, japonés. Luego se transformará en la Dirección Nacional de Industrias del Estado y administrará de forma directa o indirecta varias empresas industriales fundamentalmente en el sector petroquímico y farmacéutico.

Al iniciar su primer gobierno en junio de 1946, Perón aprovechará el proceso de industrialización ya comenzado durante la guerra y le dará nuevo impulso, cambiando la matriz productiva del país.

No parecen honestas las críticas a la decisión de declarar la guerra en las postrimerías del conflicto. Es curioso que quienes suelen elogiar el pragmatismo de los anglosajones en materia de política internacional y negocios, justo en un caso en el que nuestro país se manejó de modo pragmático, asuman una conducta crítica y reclamen poco menos que fuéramos el faro ético de las relaciones internacionales respecto de una guerra que no iniciamos.