No hay mucho tiempo para corregir rumbos que se asientan en una lógica de gestión débil verificada a lo largo de más de tres años.

Sin embargo, siempre se pueden tomar medidas audaces, ensayar respuestas novedosas y desplegar algo de voluntad política, sobre todo si se quiere, además de mejorarle la vida a la gente, mejorarse las posibilidades de sobrevivir electoralmente.

El último número de la inflación, el de febrero, marcó un incremento del índice de precios del 6,6%, lo que muestra y confirma una tendencia en ascenso que viene desde noviembre del año pasado. No es nueva, ni sorpresiva.

Dentro de ese agregado, como dato especialmente preocupante, el aumento de alimentos y bebidas alcanzó el 9,8%, liderado por el fuerte salto en el precio de la carne (21%) y de las frutas, que trepó 17,5%. En enero, las vedettes de la inflación fueron también las verduras y el turismo, además de diversos servicios públicos.

El INDEC ha informado que la Canasta Básica de Alimentos subió en febrero un 11,7% y la Canasta Básica Total, 8,3%. Es decir, más impacto inflacionario en quienes tienen concentrados sus reducidos ingresos en estos bienes básicos.

Parece claro que algo no está funcionando en el diagnóstico y/o en la política anti-inflacionaria. Si se deja que esto siga su curso sin tomar medidas efectivas, con suerte, seguirá un movimiento lineal ascendente que podría llegar en el mes de las elecciones a rondar cerca del 10%. No hay en el horizonte nacional, ni internacional, fuerzas deflacionistas importantes que permitan esperar que los mercados moderen su ritmo remarcatorio por sí solos.

La explicación “inercial” de la inflación es convincente: la inflación pasada establece una suerte de piso para los meses siguientes, dado que todos tienden a “actualizar” su precio cuando el ritmo de aumento mensual es importante. Ese es el piso sobre el cual nuevos eventos de suba de precios (por ejemplo, la carne el mes pasado) contribuyen a acelerar el fenómeno.

Pero la inflación no está sola en la economía, y tiene una serie de interacciones que vale la pena considerar.

¿El FMI es el responsable de la inflación?

Lo que dijo Cristina en su discurso en la Universidad de Río Negro sobre las características pro-inflacionarias del acuerdo con el FMI es cierto, ya que el mismo promueve que el tipo de cambio oficial no se retrase con respecto a la inflación, propone una tasa de interés real positiva (por arriba de la inflación) y exige recomposiciones tarifarias –para reducir el gasto público en subsidios– que obligatoriamente deben superar la inflación. Todo eso es así, pero no da cuenta de todo el problema inflacionario.

Si estudiamos los movimientos de precios del último año, vamos a poder distinguir entre los factores que pueden ser atribuidos al FMI y aquellos que son de cosecha local, con poca o ninguna relación con aquel organismo internacional. De hecho, durante más de la mitad del gobierno de Alberto Fernández, en la que no había acuerdo con el FMI, hemos tenido inflación ascendente.

Hay comportamientos económicos locales –en general, protagonizados por agentes monopólicos o con posiciones dominantes en el mercado– o actividades que venden productos cuya demanda es ineludible (como alimentos, medicamentos o comunicaciones) que actúan independientemente de lo que ocurra con las variables que condiciona el FMI.

Desde mediados del año pasado, cuando se desordenó el cuadro político-económico con enfrentamientos e incongruencias diversas en el seno del gobierno y con la salida sucesiva de dos ministres de Economía, se desbocaron las expectativas devaluatorias, que generaron un cuadro de remarcaciones masivas “precautorias”. Se trata del clásico “me cubro y aumento lo que creo que va a subir el dólar, más un 30% por las dudas, porque no sé a cuánto voy a tener que pagar para reponer lo que vendo hoy”.

Ahí se produjo una aceleración inflacionaria por razones que poco tienen que ver con el FMI.

Pero mucho tienen que ver con el bajo nivel de reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ese dato real, que atraviesa buena parte de la actual gestión, es lo que hace verosímil la suposición de que las autoridades económicas van a tener que subir el tipo de cambio oficial, devaluar, porque se les agotarán los dólares.

Ya lo dijimos en otras oportunidades: la falta de dólares en el Banco Central tiene causas políticas tanto en la gestión macrista como en la albertista. El macrismo le generó una brutal sangría de divisas al país en el marco de los negocios y bicicletas financieras que inventaron sus ministros de Economía en colaboración con los fondos de inversión del exterior. Después, sólo después, vino el FMI.

Y en el período albertista, la laxitud de controles de la AFIP y del Banco Central permitió fugas de divisas, ya sea por subfacturación de exportaciones como por enormes abultamientos de importaciones, sumado a la sospechosa urgencia de grandes empresas por pagar formidables montos de deudas con el exterior.

Además, el entonces ministro Martín Guzmán no dudó en usar reservas en el contexto de las negociaciones con los fondos de inversión acreedores y el FMI, confiando en que una vez cerrados esos acuerdos, se abrirían nuevamente las puertas del crédito internacional a nuestro país, cosa que no ocurrió.

Es importante tener esto en claro para no terminar en la vulgata de que todo lo malo que ocurre tiene que ver con el FMI. No es así, y lleva a malos diagnósticos y malas propuestas, sin apuntar a solucionar los temas de fondo que hay que solucionar: retomar el control sobre el sector externo de la economía, juntar importantes reservas propias y fortalecer drásticamente las capacidades gubernamentales para regular la actividad económica en base a objetivos nacionales.

Pensemos criterios propios
Desde ya que nunca es aconsejable retrasar el dólar en nuestro país –salvo que esté muy elevado, producto de una mega-devaluación– para influir en el movimiento de los precios. La percepción en los agentes locales (grandes, medianos y pequeños) de que el dólar está “barato” les genera un apetito imparable de divisas para atesorar, especular con futuras devaluaciones o para importar bienes, viajar o despilfarrar en lo que sea. La convertibilidad y su estallido son un muestrario de este tipo de situaciones. La propia Cristina sufrió los efectos en el último tramo de su gestión, debido al retraso de los años 2010 y 2011. Por lo tanto, buscar tener un dólar medianamente competitivo y medianamente protectivo es recomendable, más allá de lo que piensen los tecnócratas ideologizados del FMI.

El tema de la tasa de interés es también complejo. Los que apostamos al desarrollo nacional sabemos que hay actividades valiosas en términos estratégicos que deben ser apoyadas a través de diversas vías, entre ellas, créditos a tasas de interés negativas, por debajo de la inflación, como contribución para dar impulso a esos sectores.

Sólo la banca pública puede tener el papel de otorgar créditos que no dejen rentabilidad. Los bancos privados están para obtener ganancias, así que si tienen que dar créditos por debajo de la inflación, les pagarán a los ahorristas tasas aún más bajas que las de los créditos. Un despojo a los ahorristas. Los privados no pueden perder, porque cierran y se van.

Pero tampoco se puede forzar a la banca pública a perder sistemáticamente, porque entonces habrá que sacar fondos de otro lado para poder sostener su funcionamiento. Por eso es tan importante un Estado con capacidad de fijar criterios económicos con prioridades racionales. Y que esos criterios no puedan ser alterados por la mano invisible de la corrupción privada.

Pero lo que no es viable es pensar que todas las actividades productivas, no importa su significación económica, merecen ser subsidiadas a través de la tasa de interés. La única forma de mantener un subsidio generalizado a los créditos a todos los sectores es generar una tasa de interés sistemáticamente negativa para todos los ahorristas en pesos.

Eso es pésimo por dos razones: a) lleva a que la gente que quiere ahorrar y se da cuenta de que se está descapitalizando por mantener sus ahorros en pesos busque otras alternativas, una de las cuales, muy difundida, es comprar dólares; y b) es injusto licuarle los ahorros a la gente que no tiene conocimientos financieros. No está bien reducir lo poco que alcanza a tener la clase media y media baja.

De vuelta: no nos tiene que importar la mirada del FMI, sino una mirada macroeconómica desde el interés nacional y popular. Si queremos salir de la economía “bimonetaria”, entre otras cosas, tenemos que ofrecer mecanismos confiables y serios de ahorro en pesos.

En cuanto a las tarifas públicas, es evidente que hace falta una revisión integral de las mismas, sobre todo si no hay información seria en manos del Estado y las autoridades tienen que guiarse por los datos que suministran monopolios privados poco confiables y desprestigiados, después de las privatizaciones truchas realizadas por el menemismo y de entes reguladores colonizados por los privados.

Si tuviéramos plena noción de los costos empresariales reales, habría que agregarles rentabilidades similares a otras actividades donde rige la competencia, y esa debería determinar la tarifa que se debe fijar. Pero todo está atravesado por la fundada sospecha de tratarse de un curro privado, sostenido a costa del bolsillo de los desprotegidos usuarios argentinos. Un curro más del capitalismo rentístico y prebendario que pusieron en marcha en los '90 y que tan genial le parece a los liberales truchos argentinos.

En todo caso, las empresas de servicios públicos deberían poder sostenerse con recursos propios. Sólo deberían existir tarifas diferenciadas para franjas poblacionales determinadas, regiones a promover o actividades estratégicas seleccionadas en base a un plan de desarrollo. Otra vez: no es cierto que todas las actividades son estratégicas y que hay que ayudar a todo el mundo. El Estado subsidiador masivo es otra forma de capitalismo prebendario, que sólo le sirve a los capitalistas prebendarios. Porque el final del subsidio masivo es la quiebra del Estado, con el previsible daño a las mayorías que necesitan de él, lo sepan o no.

Expectativas y percepciones

El peligro de esta inflación mensual alta y en ascenso, es que impacta –mal– en otras variables económicas, sociales y políticas.

En principio, profundiza en el escepticismo social sobre la capacidad del actual gobierno para controlar el fenómeno y abona el sonsonete liberal de que no sirve controlar, ya que los mercados se autorregulan perfectamente solos.

Al influir sobre las expectativas de inflación futura, genera dudas en los cientos de miles de ahorristas en pesos sobre si los plazos fijos tienen una tasa que al menos los cubra de la inflación. Por eso el Banco Central ya tuvo que subir la tasa de interés de referencia, para evitar que parte de esos ahorristas prefieran pasarse a otras formas de ahorro, incluido –por supuesto– el dólar ilegal.

Al subir las tasas, el gobierno encarece efectivamente el crédito al sector productivo, contribuyendo a que la economía tienda a desacelerarse más. Por otra parte, el gobierno se auto-obliga a pagar mayores tasas de interés a los bancos y otros prestamistas privados que solventan la deuda pública. Ya es un monto muy significativo y no es bueno seguir incrementándolo.

La percepción de que la inflación podría acelerarse también genera la expectativa de que el dólar, en sus diversas variantes, suba. ¿Por qué? Para acompañar a los precios internos, cuidar la balanza comercial y también porque el FMI lo exige.

La Argentina no está en una coyuntura que le permita abaratar el dólar. A los problemas mencionados más arriba hay que agregarle la persistencia de la grave sequía y la confirmación de pérdida de exportaciones por cifras cercanas a los 10.000 millones de dólares. Digamos, de paso, que la reciente autorización del FMI a que el gobierno reduzca la meta de acumulación de reservas, como una concesión amistosa, es ridícula frente a la magnitud del problema externo que tenemos. No es ninguna victoria. Es una limosna.

Hoy son pragmáticos y realistas quienes piden renegociar el acuerdo con el FMI, y son ideológicos y dogmáticos quienes creen que se puede seguir con este acuerdo arcaico, escrito antes de la ola inflacionaria internacional, la guerra de Ucrania, la sequía argentina y la fuerte suba de la tasa de interés de la Reserva Federal norteamericana. Cualquiera de esas calamidades ameritaría revisar el acuerdo. Todas juntas lo hacen imprescindible, porque es incumplible.

Es justamente la abrupta suba de la tasa de interés norteamericana la que está detrás de los ruidos muy fuertes y amenazadores que hay en el sistema financiero norteamericano y europeo en estos días. Bancos y fondos de inversión entran en un tembladeral de difícil pronóstico. Ninguno de esos ruidos contribuye a calmar las volátiles expectativas locales.

Inflación y elecciones

No somos reduccionistas. Los elevados precios de los bienes y servicios, en relación con los bajos ingresos de la mayoría, son y serán un argumento electoral, pero no el único.

Juntos por el Cambio ya ha manifestado su deseo de generar una crisis económica previa a las elecciones, vía desfinanciamiento al actual gobierno. El nuevo candidato presidencial radical, Gerardo Morales, dijo muy suelto de cuerpo que “vamos a reperfilar todo”. No sólo compiten en la interna cambiemita por quién es más anti-popular, sino por quién es más irresponsable.

Precios y dólar estarán influenciados en los próximos tiempos por expectativas volátiles, rumores, operaciones de prensa y acciones desestabilizadoras de distinta índole. Lamentablemente este gobierno se caracterizó por desdeñar la peligrosidad de la oposición, y de su lucha despiadada por retomar el gobierno a toda costa. Una oposición que es política, empresarial, comunicacional y judicial. No se tomaron las medidas económicas de auto-protección y de protección de toda la sociedad porque los que esgrimen como arma el caos económico se enojarían.

El gobierno del Frente de Todos llega en una situación de fragilidad tanto económica como política al último y decisivo tramo de su gestión. ¿Hay dentro de su dirigencia capacidad para determinar un conjunto de acciones económicas y políticas de impacto, conjuntamente con un discurso que explique los problemas y convoque a nuevas propuestas?

Muy próximamente lo sabremos.

Por Ricardo Aronskind