La Comisión de Juicio Político le pidió al procurador general interino Eduardo Casal que inicie sanciones disciplinarias contra el fiscal procesado Carlos Stornelli por haber faltado por segunda vez a prestar declaración testimonial en el proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. A diferencia del fiscal, cuatro testigos se presentaron este martes en el Congreso, entre los que se destacaron la politóloga Natalia Monayer –de la vocalía de Horacio Rosatti, que actúa como número 2 de Silvio Robles- y el secretario de coordinación del MPF, Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal. Durante la sesión, que se extendió por casi seis horas, la comisión decidió citar a declarar al exministro de Justicia Germán Garavano, al prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón, al senador PRO José Torelli y al ministro Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros. También aprobó pedirle a un juez que pida a la Dajudeco el entrecruzamiento de los teléfonos de Robles, Torello y Pepín.

Piden sanciones a Stornelli

El fiscal procesado Carlos Stornelli faltó por segunda vez consecutiva a la cita que tenía en el Congreso en el proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. La presidenta de la comisión Carolina Gaillard adelantó que le solicitará al procurador “se inicien las acciones disciplinarias correspondientes teniendo en cuenta la incomparecencia”. En una nota dirigida a Casal del 10 de marzo –que este remitió a la comisión-, Stornelli había insistido en su voluntad de declarar por escrito amparándose en su inmunidad, algo que prohíbe el reglamento de la comisión.

Como informó El Destape, Gaillard le había enviado una nota a Casal en la que le adelantó el proceso que se avecinaba si el fiscal no se presentaba. En el escrito le solicitó "que se instrumenten los mecanismos para garantizar la presencia del fiscal citado bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de desafuero correspondiente para que concurra por la fuerza pública".

El proceso de desafuero de un fiscal se desarrolla en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Se trata de un pedido que Stornelli ya tuvo que enfrentar cuando evadió por 8 meses un llamado a indagatoria en el caso D’Alessio. Entonces, el fiscal se escudaba en su inmunidad para no ir a declarar a un tribunal. Lo mismo que hace ahora para evitar concurrir al Congreso. La burla de Stornelli a la Justicia derivó en un proceso interno que se abrió en el MPF a pedido del primer juez que tuvo el caso D’Alessio, Alejo Ramos Padilla. Fue justamente cuando estuvo a punto de ser enviado a juicio político por decisión de un Consejo Evaluador del MPF, en noviembre de
2019, que decidió presentarse en la justicia federal de Dolores. Tras aquella comparecencia, Stornelli terminó procesado.

En esta ocasión, Stornelli tiene el respaldo de la oposición, que este martes intentó blindarlo.

Los diputados de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y Álvaro González pidieron que se habilite al fiscal declarar por escrito. Incluso reclamaron que eso se someta a votación. Gaillard fue contundente: “Los únicos exceptuados a declarar por escrito son el presidente de la Nación, la vicepresidenta y los gobernadores. Si esta presidencia accediere a enviarle el pliego de preguntas a Stornelli estaría violando el reglamento”.

La citación de Stornelli es producto del testimonio que brindó en la primera audiencia de testigos el juez Sebastián Ramos, quien en plena feria archivó dos denuncias contra el ministro Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Ramos, que concurrió al Parlamento, dijo que no tuvo más remedio que declarar el archivo del caso por el dictamen que suscribió Stornelli.

En este marco, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, explicó por qué es importante la comparecencia del fiscal. Entre otras cosas, comparó su accionar en el caso de los chats con el que tuvo en la causa Cuadernos donde “desechó toda posibilidad de descartar la prueba ilegal” mientas que “en esta del juez Ramos dijo todo lo contrario. Por eso era tan importante que viniera Stornelli. Cosa que no vamos a conseguir”, agregó.

Stornelli no fue el único que faltó este martes. También brilló por su ausencia el abogado Marcelo Mazzeo, a quien se convocó porque había reconocido públicamente la veracidad de los chats con D’Alessandro. “Son mensajes que nos mandábamos abiertamente porque no teníamos nada que ocultar”, dijo en una entrevista con el diario Hoy de La Plata. La comisión lo volvió a citar bajo apercibimiento de tener que ser llevado a declarar bajo la fuerza pública.

Los testigos que sí fueron

Los testigos que sí concurrieron fueron:

• Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación de la Procuración General de la Nación. Es una especie de N° 2 del procurador general interino Eduardo Casal. A Olima Espela se lo convocó porque al igual que Mazzeo reconoció públicamente el contenido de los chats. En un intercambio de Twitter con la peroidista Cynthia García defendió haberle enviado a D’Alessandro un dictamen vinculado al tema coparticipación antes de que estuviera subido al sistema.

Olima Espel fue el primer testigo de este martes y se quebró al iniciar su testimonio porque contó que cuando le respondió a Cinthia García su madre estaba atravesando un delicado momento de salud. Dijo que no había tenido un comportamiento impropio en su intercambio con D’Alessandro y que le respondió a la periodista porque le pareció injusto el comentario en su contra. El funcionario judicial –que no tiene fueros como Stornelli- reconoció el intercambio vía Twitter con García pero para no cometer dos veces el mismo yerro dijo no recordar de haber chateado con D’Alessandro. No lo descartó tampoco. Estaba declarando bajo juramento de decir verdad. “Ese chat (con el ministro porteño) yo no lo recuerdo. Por mi función interactúo permanentemente con funcionarios”, afirmó, para no hundir más al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta actualmente de licencia. También comentó que borra los mensajes cada dos o tres meses.

• Natalia Hilda Monayer, integrante de la vocalía de Horacio Rosatti, que actúa como N° 2 de Silvio Robles

Monayer es politóloga e indicó que ingresó a la Corte en 2016 por decisión de Rosatti para ocupar un cargo de subdirectora que no existía hasta que su entrada al Alto Tribunal. Actualmente comparte despacho con Robles. Durante muchos de los pasajes del interrogatorio Monayer recurrió al “no recuerdo” o “me parece que sí” para buscar no ser taxativa en sus respuestas. Esto motivó que el diputado Leopoldo Moreau la catalogue como una testigo “reticente”. Monayer también se refirió a la inundación que se produjo en el Palacio de Tribunales y sostuvo que no afectó sus computadoras. El momento de mayor tensión de su
testimonio se dio cuando el diputado la consultó por la empresa Moromedia SRL sobre la que Moreau tiene la “sospecha de que es una sociedad que pudo ser el vehículo del tráfico de influencias” en la Corte.

“¿Tuvo (Moromedia) como gerente al señor Robles?”, la consultó Moreau a Monayer. “Sí, puede ser”, respondió la politóloga. Luego le preguntó si conocía a Patricia Duro. “Es mi madre”, contestó Monayer. “¿Integra la sociedad?”, interrogó el diputado. “Sí”, dijo ella, y aclaró: “Yo no tengo nada que ver con esa sociedad. Le pediría me consulte por mi trabajo en la Corte Suprema”. “Las preguntas las hacemos nosotros. No las diseña testigo”, le explicó Moreau.

• Sebastián Alberto Garay, quien actúa en la Secretaría de Juicios Originarios de Corte y es hijo del presidente del ultraconservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo, Alberto Garay. El colegio fue uno de los impulsores de la restauración de la vieja estructura de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, que llevó a la Corte a tomar el control de ese órgano clave para la designación de jueces. Por esa toma por asalto del Consejo se denunció ante la comisión a tres de los ministros supremos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. “Lo están citando por ser hijo”, criticaban desde la oposición.
   
• Guillermo Sebastián Garay, tío de Sebastián y hermano de Alberto, integrante de la vocalía de Rosatti.

Guillermo dijo que es hermano de Alberto Garay y que el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo lo visita en su despacho, lo que motivó distintas preguntas por parte de los diputados del Frente de Todos. No pudo precisar cuántas veces lo visitó. Contó que intervino en el caso Muiña, conocido como el 2x1 a favor de los genocidas, que es una de las causales de juicio político contra dos de los ministros cortesanos: Rosatti y Rosenkrantz.

Una reunión caliente

La oposición, que empantanó el desarrollo de la sesión con diversos plantos, pidió que se denuncie penalmente al juez Alejo Ramos Padilla, que declaró en la comisión tiempo atrás. El diputado Pablo Tonelli asegura que el magistrado mintió cuando dijo que Tonelli filtró escuchas ilegales en el marco de la Operación Puf que tejió la AFI macrista en 2019 cuando estalló el D’Alessiogate. Es su palabra contra la de Ramos Padilla. El planteo no prosperó. Pero en la oposición dijeron que iban a avanzar con la presentación en tribunales.

En otro pasaje de la sesión, el diputado Rodolfo Tailhade se refirió a un hecho de relevancia institucional: busca determinar si el ministro supremo Rosenkrantz pidió cobrar miles de millones de pesos como honorarios en el marco de un proceso que Santa Fe le gana a la Nación y donde él intervino como abogado. El planteo, dijo el legislador, el juez lo hizo en 2018 cuando ya era juez de la Corte.

También hubo fuertes cruces en tono de alegatos sobre el desarrollo general del juicio político a la Corte. Por ejemplo, la diputada opositora Graciela Ocaña consideró que “esta comisión se fue a la banquina”.

Yasky, por su parte, hizo una comparación sobre los distintos criterios de la Justicia y ponderó lo importante de un proceso como el que se está desarrollando en el Congreso. En esa línea, recordó Carlos Blquier acaba de morir “con las manos manchadas de sangre”. “Murió impune gracias a un aparto de justicia cómplice que dilató los procesos, que hizo que las causas no prosperaran. Este hombre forma parte de lo más poderoso de la clase dominante de Jujuy. En la misma provincia, Milagro Sala, una militante social, hace 7 años está en prisión. Cuando esa causa tuvo que ser tomada por la Corte, simplemente opinó que era una causa que no merecía
ser considerada. Milagro sigue en prisión, Blaquier terminó sus días en libertad. Esto es lo que justifica históricamente este proceso que nosotros estamos llevando adelante”, concluyó.

Medidas de prueba y próximos testigos

Al cierre de la sesión, el oficialismo votó diversas medidas de prueba entre las que se destaca el envío de un oficio a un juez penal para que pida a la Dajudeco una serie de entrecruzamientos de llamados relevantes para la pesquisa. Las medidas alcanzan a Silvio Robles, el senador José Torello y Pepín Rodríguez Simón. La oposición, que fue la que reclamó la intervención de un magistrado para lelvar adelante esta medida, votó en contra.

La comisión también citó a los testigos que esperan declaren en las próximas dos audiencias, la del 21 y 28 de marzo. En la primera jornada se tomarán testimonios relacionados al caso 2x1 y en la segunda a la causa de la coparticipación a favor de CABA.

Para el 21 fueron citados el exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano; el senador y exjefe de asesores de Macri, José Torello; y el exasesor judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón, por quien se enviará nota a Interpol dado que está prófugo. También fueron convocados para la misma fecha el 2 de Garavano en Justicia, Santiago Otamendi; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez; Federico Morgenstern de la vocalía de Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas de la dictadura en el Hospital Posadas.

Para el 28 se convocó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa; y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Por su parte, la fiscal federal de La Plata Laura Roteta indicó que está de licencia hasta el 21 de marzo pero que concurrirá a declarar, lo que contrasta con el accionar del rebelde Stornelli.

El Destape