Cuando al inicio del año comenzó la organización de la mesa política del Frente de Todos, el sector más crítico del derrotero asumido por el gobierno insistió en la necesidad de acercar ideas útiles para mejorar la distribución del ingreso. Prohijó la propuesta de utilizar aumentos de suma fija sobre los salarios como una salida para comenzar a encarar la dificultad en el año electoral. La misma se repitió en el acto del 11 de marzo.

La opción emerge en un contexto en el cual los salarios corren, a nivel general, palmo a palmo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y a nivel particular se presenta una heterogeneidad en la que no todos los trabajadores quedan posicionados de la misma manera. Los indicios sobre su retraso con respecto a los precios son lo suficientemente contundentes como para que no existan diferencias en torno a cuál es la importancia del problema. El gobierno acuerda con algunos sectores de la conducción gremial en que los ingresos tienen que mejorarse con inmediatez. Sin embargo, no hay un consenso sobre cómo resolverlo.

Posiciones encontradas

La posibilidad de que se otorgue este aumento para mejorar el poder de compra de las remuneraciones se rechaza con posiciones encontradas. Es resistida por la CGT y desde el mismo gobierno se expresa escepticismo sobre la posibilidad de llevarla a la práctica. Los primeros aducen que la suma fija se superpone con la negociación llevada adelante en las paritarias y desdeñan su eficacia, con argumentos un tanto difusos. Alberto Fernández se expresó a finales del año pasado con un argumento similar: “Dar un aumento de suma fija es romper la lógica de las paritarias”. Más aún, les atribuyó a los gremios una preferencia por la no intervención del Estado en la cuestión.

Recientemente fue la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, quien ratificó que se la descarta, atribuyéndole el perjuicio de que, de realizarse, aceleraría la inflación. Según Olmos, las paritarias sirvieron para permitir que los trabajadores no pierdan poder de compra ante la aceleración del nivel de precios. A modo de corolario, hizo la siguiente acotación: “¿Nos gustaría que pudiéramos tener un proceso de recuperación salarial más importante? Sí. Pero no va por la nominalidad, la nominalidad solo retroalimenta la alta inflación. Tiene que ir por el conjunto de políticas que nos permitan quebrar esa alta inflación”. También remarcó que las paritarias deberían ajustarse a las metas que el gobierno mantiene para la variación del IPC en 2023, del 60%.

Esta postura no parece prestar atención a los datos más recientes, y deja entrever el interrogante sobre cuál es el conjunto de políticas que permitirían modificar la dinámica inflacionaria. De momento no hay ningún indicio que permita concluir que la inflación esté amainando. Sí los hay sobre su efecto nocivo sobre los salarios. En 2022, el índice de salarios que publica el INDEC alcanzó una variación en el año del 90%, que se subdivide en un incremento del 99,4% para empleados del sector público, del 93,8% para los del sector privado, y del 65,4% entre los trabajadores no registrados. Es decir que, frente a una variación del IPC del 94,8%, solamente los ingresos del sector público alcanzaron un incremento superior.

Es un contraste con los datos del 2021, que indicaban un incremento general del índice de salarios del 53,4% frente a un 50,9% del IPC. En ese año, solamente los ingresos de los trabajadores del sector privado no registrado tuvieron un incremento menor, del 40,6%. El total del índice correspondiente a trabajadores registrados alcanzó el 56,5%. Sí ocurrió algo igual en 2020, cuando el total del índice de salarios varió un 33%, y el IPC un 36,1% Esto significa que durante el gobierno del Frente de Todos hubo un solo año de mejoría de los salarios frente a dos de empeoramiento. Lejos se estuvo de recuperar los 20 puntos perdidos con el macrismo.

Los proponentes del aumento de suma fija no ven ninguna contradicción con el régimen de paritarias libres. Simplemente lo consideran un complemento que permitiría mejorar la situación de los asalariados y darles una base diferente sobre la que negociar los aumentos paritarios. Algunos trabajadores interpretan su necesidad actual como derivación del gobierno anterior, debido entre otras cosas a la falta de vigor en la defensa sobre los ingresos. Por otra parte, no es ajeno al debate el hecho de que el crecimiento se está desacelerando, a la par de la reversión que se produjo sobre la leve mejoría que estaban alcanzando los salarios en términos reales a mediados del año pasado.

Plan de estabilización

La oposición a este instrumento, de parte de los gremialistas, es difícil de explicar. Su uso no interfiere con las paritarias, y es un error creer que sus funciones son semejantes. Por el contrario, las paritarias consisten en una negociación con representantes de los trabajadores agrupados por ramas de actividad. La suma fija, en un incremento dirigido a todos los trabajadores formales, con independencia de su situación particular. Empero, responde a una situación común a la clase trabajadora, que no solamente conocen sus representantes directos sino cualquiera que esté informado sobre lo que ocurrió con las condiciones de vida de la mayor parte de los habitantes del país en los últimos cinco años.

Más aún, la pérdida acumulada durante el macrismo no se puede rectificar solamente recurriendo a las paritarias porque estas tienen una relación inmediata con los precios, y el alcance de su efectividad es menor al que se requiere para llegar a un aumento de esa magnitud. Especialmente si se considera que el gobierno actual está por terminar, y no se conoce cuál va a ser el derrotero que encare el próximo en relación a los salarios.

Esto lleva a preguntarse si la suma fija no llevaría aparejado un efecto inflacionario. A pesar de que los incrementos de salarios se trasladan a los precios, esto no ocurre de manera instantánea ni completa. Siempre un incremento de precios en términos reales (mayor a los ingresos) implica una caída potencial de la demanda. Y, además, los representantes de los trabajadores pueden recurrir a medidas que les permitan volver a elevar sus ingresos si los precios superan los ajustes anteriores, como las cláusulas gatillo. Por esta razón, cualquier forma de impulsar los salarios es útil por sí sola.

Como testimonio de su potencial, tengamos en cuenta que el gobierno ya utilizó un aumento de este tipo en diciembre de 2019, apenas comenzó su gestión, el cual ascendió a 4.000 pesos. En una nota publicada el 16 de noviembre del año pasado por Cecilia Garriga, a la que se puede acceder en el sitio de CIFRA, se reseña que para febrero la suma fija tuvo el efecto de impulsar el salario de los trabajadores registrados en nueve puntos con respecto a diciembre, descontado el efecto de la variación de los precios. Fue dejado atrás por el estancamiento que tuvieron los salarios durante el aislamiento de 2020.

No obstante, en ausencia de cambios o medidas complementarias, su efectividad puede quedar mermada. Los incrementos de los salarios obtenidos en los últimos dos años fueron reactivos. El impulso permanente a la inflación, que impide una recomposición del poder de compra de los asalariados ordenada, surge de las condiciones internacionales, de alzas de precios desde 2021 y del incremento persistente de la paridad peso-dólar que mantiene el gobierno, más la permanencia del esquema de impuestos a la exportación del macrismo, que entre otras cosas redujo a cero todas las alícuotas relacionadas con alimentos.

Conviene entonces examinar cómo la suma fija puede formar parte de un plan de estabilización, algo que insinuó Garriga en la nota aludida. Últimamente se descarta en los análisis que se publican que un plan de estabilización pueda ponerse en práctica, porque el gobierno carecería de poder político y de tiempo para implementarlo. Implícitamente, se sugiere que dicho plan debería tener como condición constituyente un estancamiento de los salarios y del gasto estatal, lo que redundaría en un perjuicio muy grande para los asalariados. Es evidente que implicaría un suicidio político, mas no se trata de la única posibilidad existente.

Diseñar un plan de estabilización, o una política económica de cualquier clase, significa establecer objetivos y medios para alcanzarlos. Si la finalidad de una estabilización de los precios es la de recomponer los salarios, entonces el plan debe diseñarse para lograr que los salarios se incrementen más que los precios en una determinada cantidad. Y si se reconoce que lo que se busca es recuperar un poder de compra perdido de manera general por todos los trabajadores, la respuesta de la suma fija parece congruente, y la intervención del Estado en la materia, necesaria. No se trata de algo que tengan que resolver solamente los gremios, porque el objetivo es del gobierno. El Estado puede subsidiar parte de los incrementos de suma fija para mitigar su efecto inflacionario y decidirse, de una vez por todas, a manejar el dólar y las retenciones de forma tal que la gente pueda vivir en paz.

Cántico defensivo

Las objeciones sobre los condicionamientos políticos fungen de cántico defensivo para justificar la inercia que genera el temor a afrontar las rispideces provocadas por un cambio en la distribución del ingreso de estas características. Ciertamente, algunos factores de poder locales resistirían ese avance, y la resistencia debería contrapesarse con el apoyo de los sectores que están urgidos del mismo. Tampoco el FMI estaría de acuerdo con que la población argentina incrementara su nivel de consumo cuando tiene que pagarle la cuenta, pero para eso existen las negociaciones sobre la deuda externa. El problema es que, al abdicar, no se asume la necesidad de desenvolver las acciones que permitan alcanzar los resultados que se demandan. En consecuencia, la sustancia política del gobierno se erosiona, y por evitarse enfrentamientos se arriesga a padecer el condicionamiento político más determinante que existe: el de socavar las chances de una victoria del Frente de Todos en la elección presidencial.

No se trata, entonces, de evaluar tiempos y posibilidades de acuerdo a las relaciones de fuerza existentes, sino de generar las relaciones de fuerza para hacer lo que es necesario en el tiempo oportuno. El uso de la suma fija debería considerarse si todavía existe el compromiso de mejorar el contexto general en el que asumió este gobierno. Con una propuesta concreta, posiblemente obtenga más apoyo que con la enumeración irreflexiva de cifras con las que se pretende exhibir hechos triviales como si fueran logros.

Por Guido Aschieri