Una condena para someter a millones a la miseria planificada

Actualidad 08 de diciembre de 2022
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El lawfare es económico, no judicial. La condena contra Cristina no tiene fundamentos jurídicos, es una decisión de política económica que no se toma desde un poder votado sino desde el poder permanente: el gran empresariado. El objetivo no está en el Código Penal sino en los balances de las corporaciones que manejan lo que cuestan los alimentos, los medicamentos, las tarifas, el alquiler. Esas empresas pujaron por sus intereses a través de otra empresa que es líder y vocera: el Grupo Clarín. Y, por ahora, lograron su objetivo: una elección sin Cristina en la boleta. En la boleta, lo que no es un detalle menor: la decisión de Cristina, obviamente pensada de antemano, revela una estrategia y que está lejos de jubilarse.

Durante su segundo gobierno, tan poco elogiado por ajenos e incluso por propios, Cristina logró que la participación de los trabajadores en el ingreso alcanzara el 50%. No pasaba desde 1974, cuatro décadas antes. No es que les fuera mal, de hecho la mayoría de las empresas tuvo mejores balances con Cristina que con Macri, pero esa lógica redistributiva prendió todas las alarmas y activó resortes de parte de las corporaciones económicas para desterrar ese mal ejemplo.

Esos resortes fueron locales e internacionales. La pata local se nuclea en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), sello creado por Héctor Magnetto y Paolo Roca para confraternizar con los hombres (hay una sola mujer en el grupo) que controlan las principales firmas del país. En su Comisión Directiva están las personas que manejan la vida de los argentinos: Luis Pagani de Arcor, Federico Braun de La Anónima, Carlos Blaquier de Ledesma y Alfredo Coto con los alimentos; Sebastián Bagó y Marcelo Argüelles de SIDUS con los medicamentos; Enrique Cristofani del Banco Santander con las finanzas; Marcos Galperín de Mercado Libre en todos sus rubros.

Por sus características, los miembros de AEA tienen dos formas de incidir en política económica de un gobierno: el lobby en la Casa Rosada y la presión mediática. Durante el gobierno de Cristina la primera opción era inviable. Y como el único que tenía medios poderosos era Magnetto, el resto lo financió para que sea su vocero. Paolo Roca no pone pauta en Clarín para vender más caños sin costura: lo hace para influir en política económica. Todos hablan y operan a través de Clarín, que tiene sus intereses pero también, como todo medio, la línea editorial de sus financistas. Y la línea editorial es, hace 15 años, perseguir a Cristina.

Pero el disgusto empresarial con el reparto de la riqueza no es solo de cabotaje y sus operaciones se metieron con temas más que sensibles. En 2013 Cristina firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán para avanzar con la investigación por el atentado a la AMIA. Era un tema que conocía bien ya que en el 2000, siendo senadora, había firmado en soledad un dictamen que denunciaba el direccionamiento de la causa por parte de servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Pese a esto fue acusada de pactar la impunidad de los acusados iraníes e incluso de traición a la Patria. De eso pasaron casi 10 años en los que Cristina tuvo que vivir en estado de defensa judicial permanente.

Parte de las operaciones mediáticas contra Cristina por la firma del Memorándum fueron financiadas por los Fondos Buitre que no aceptaban la renegociación de deuda aceptada por el 92,4% de los acreedores privados del país. Que el entonces canciller Héctor Timerman hubiera logrado una resolución de la ONU acompañada por 136 países para regular las reestructuraciones de deuda soberanas y frenar las presiones de Fondos Buitre fue algo que no solo nunca le perdonaron, sino que explica la saña con la cual fue tratado. Incluyó una denuncia por traición a la Patria y el impedimento de tratarse correctamente un cáncer, lo que desencadenó su muerte.

¿A los Fondos Buitre les interesaba la verdad sobre el atentado a la AMIA? No. Su único objetivo era limar el poder de la persona que se negaba a entregarles más dinero que el que les correspondía. La campaña fue exitosa: lograron que Macri ganara las elecciones y les pagara aun más de lo que pedían. Con Macri llegó también el FMI, desterrado de la Argentina en 2006 y que hoy vuelve a ser el contralor de la independencia económica del país.

El lawfare es económico. La persecución judicial y mediática contra Cristina se usó para tapar las medidas económicas del gobierno de Macri. La revisión cronológica muestra una dinámica que se repite constantemente: una medida económica regresiva y que generó concentración de la riqueza, una operación judicial para encubrirla.

El lawfare es económico y clandestino, igual que la última dictadura empresario-militar. Y así como ahora el encubrimiento del saqueo se hace desde tribunales y medios, entre jueces y empleados con patente de periodista, en otro momento se hizo con la represión. Rodolfo Walsh lo describió a la perfección el 24 de marzo de 1977, cuando se cumplió un año del golpe de Estado. Primero detalló los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones que no publicaba la misma prensa que hoy persigue a Cristina, ya que por entonces Clarín y La Nación negociaron su silencio a cambio del robo de Papel Prensa.

Y a continuación Walsh escribió: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Sonaba fuerte pero era claro: ese golpe llegó para frenar el mal ejemplo de esa época, que los trabajadores habían alcanzado el 50% de la participación en el ingreso nacional. Lo mismo logró Cristina en 2013 y por lo mismo fue perseguida y ahora condenada.

El peor crimen del lawfare es también el sometimiento de millones a la miseria planificada. Porque al perseguir a Cristina y lograr su proscripción impacta directo en la vida cotidiana. Porque de esa forma los que definen el precio de la comida, de los medicamentos, de las tarifas, de las telecomunicaciones y de los alquileres quedan sin obstáculos. Y siembra el miedo entre quienes quieran seguir su ejemplo. Siempre, siempre, hay que seguir la pista del dinero.

¿Cuál será la estrategia de Cristina? Develó una parte: que no estará en la boleta. También otra: que considera que el titiritero de su persecución es Héctor Magnetto, ariete del gran empresariado. Y algo más: que no será “mascota del poder”, que no hará lo que quieren. El poder la quiere lejos de la política. Eso, evidentemente, no va a suceder.

Por Ari Lijalad

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