Si una de las disputas que pretende darse desde lo político tiene que ver con el modelo económico, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, jugó una de las fichas más fuertes. En un evento organizado por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, allí donde se reúnen los defensores de fugadores de divisas, evasores, quienes planificaron las privatizaciones de los ’90 y antes bancaron la última dictadura cívico militar, el supremo le marcó la cancha a los funcionarios que deben tomar decisiones de política económica: “Hay que tener mucho cuidado con las prácticas expansivas de la moneda, no hay que emitir irresponsablemente”.

No fue un mensaje cualquiera, sobre todo cuando lo escuchaban los estudios jurídicos que suelen litigar contra las políticas “populistas” bajo el credo de la “seguridad jurídica”. Su mensaje fue la continuidad del discurso de su colega Carlos Rosenkrantz, quien meses atrás vociferó que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. 

Pero Rosatti dijo algo más. Atento a los reclamos sociales y políticos que existen por impulsar una reforma del Poder (partido) Judicial y de la propia Constitución, lanzó algunas advertencias que tranquilamente maridan con el clima de violencia que viene instalándose sistemáticamente desde el espacio de Cambiemos y los satélites libertarios. Sostuvo el supremo: “La Constitución tiene mucho para decir sobre economía. Se para sobre el respeto a la propiedad privada, el respeto a la iniciativa particular, donde cualquiera puede hacer lo que la ley no prohíbe, y la libre competencia”.

Sobre la competencia y los privados, insinuó que los empresarios son los únicos con capacidad de generar riqueza y que el Estado solo debe controlar. De los trabajadores como generadores de riqueza, ni una palabra.

De alguna manera, abogó a la idea de que es el Estado quien le pone una pata encima al sector privado. Sin decirlo explícitamente, obturó la posibilidad de un sector público con capacidad de intervención en los mercados a través de, por ejemplo, empresas testigos. Y agregó algo más: “Para cambiar este esquema capitalista con rostro humano, o se necesita una revolución o modificar la Constitución”. No se animó a seguir por la verba antirrevolucionaria pero sí llamó a “no caer en los cantos de sirena” reformistas sobre el Poder Judicial. Pura defensa del status quo frente a un auditorio que estuvo en la génesis jurídica de las privatizaciones.

Virginidad

El economista Carlos Melconian, titular de la Fundación Mediterránea, exponente de la ortodoxia más pura del país –mucho más serio que otros colegas como Martín Tetaz, que frente al intento de asesinato de Cristina rechazó hablar de violencia política– puso en aprietos al kirchnerismo. En la misma conferencia de la que participó Rosatti, volvió a narrar parte de lo que había sido su encuentro con la Vicepresidenta.

“Señora, ya perdió seis meses. Algo tienen que hacer”, cuenta que le dijo a CFK. Y agregó: “Entonces hicieron lo que debían y por eso lo llamaron a Massa. Perdieron la virginidad, aplicaron un ajuste fiscal clásico, les sacaron las computadoras a los chicos. Habrá que ver si alcanza”. Según los cálculos del mediterráneo, el ajuste fiscal anunciado por Massa hace unas semanas, con el aumento de tarifas y la quita de subsidios incluidos, alcanzará los 300.000 millones de pesos. Pero la promesa hacia el FMI es de un recorte de medio billón. Por ende, faltaría otro tijeretazo.

Dentro del Frente de Todos hacen malabares para esquivar la palabra ajuste, algunes por convicción y otros por algo de resignación. “No hay ajuste, sino una desaceleración en el crecimiento real del gasto para converger hacia las metas planteadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, manifestó Mercedes Marcó del Pont, ahora secretaria de Asuntos Estratégicos.

Máximo Kirchner atribuyó el ajuste de Massa –en realidad habló de un reacomodo de las cuentas públicas– al “desastre” que dejó Martín Guzmán. El ex ministro no sólo firmó un acuerdo de co-gobierno con el FMI sino que mintió. Recién el 5 de enero de este año informó ante gobernadores y gobernadoras que pediría un nuevo préstamo para cubrir el desfalco del macrismo y que estaríamos sometidos a revisiones trimestrales por casi tres años. De ahí viene el ajuste que se está aplicando ahora, ratificado en la primera revisión técnica, continuado por Silvina Batakis y acelerado por el actual ministro de Economía.

Para Kirchner, Massa es preso de su propio acuerdo. Ante sus allegados recuerda que él votó en contra del co-gobierno con el Fondo explicitando sus previsibles consecuencias, cuando Massa ayudó a votarlo en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que acomodar el desaguisado de Guzmán implicaría hacer algo diferente a lo que dejó trazado. No sería el caso.

Con el viaje del ministro a Washington, la Argentina volverá a una de sus peores tradiciones: que los presupuestos –que son los lineamientos de la política económica– sean redactados en las oficinas del organismo multilateral. Kristalina Georgieva escuchará cómo se llegará al 1,9% de déficit durante 2023, cómo se cortó la emisión monetaria (para beneplácito de Rosatti), mientras que el resto de la comitiva buscará arrimar parte de los 7.000 millones de dólares supuestamente conseguidos por Massa antes de su asunción pero de los que no hubo ni noticias durante su primer mes de gestión. Del viaje también formará parte Gabriel Rubinstein, alguien que sabe de discursos de odio contra CFK.

Mirada heterodoxa

En política no debería existir lo inexorable. Aceptar que algunas cuestiones suceden porque sí o porque no hay más remedio –como el ajuste en marcha– implicaría sacrificar a una gran parte de la población. O desplazarla. Sobre el cierre de septiembre, el INDEC publicará los datos de pobreza para el primer semestre del año, que prometen ser apabullantes. Antes de su dimisión al cargo de secretario de Comercio interior, Roberto Feletti había advertido que una vez que se difundiera dicho indicador, el gobierno recibiría otro duro embate de realidad. Solo restan algunas semanas para esa fecha. Por eso parte de la discusión política también apunta hacia una política de ingresos universal.

El plan de Massa oscila entre el ajuste fiscal y los regímenes especiales para la minería, las automotrices, petroleras y el agro. Nada que no haya prometido antes Guzmán. En el caso del sector agroexportador, todo se encamina a que les convaliden un tipo de cambio cercano a los 200 pesos. La Mesa de Enlace –que en su comunicado de repudio al intento de magnicidio obvió mencionar el nombre de CFK– pulseó primero por una devaluación y luego reclamó un tipo de cambio diferencial para todas las producciones regionales. Tendrán que conformarse con los beneficios para la soja. No es un premio menor, teniendo en cuenta que están sentados sobre 20 millones de toneladas. En el caso de los hidrocarburos y la minería, les darán a las empresas un acceso diferencial a divisas.

“Tiene poco sentido que se resignen más dólares a cambio de exportaciones si el objetivo es, justamente, incrementar las reservas. Aún así, no fue suficiente y todavía el gobierno no encontró el instrumento que garantice la liquidación sin el impacto que tendría un tipo de cambio diferencial”, sostiene un reciente trabajo del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, titulado “Un giro ortodoxo ante la escasez de dólares”.

Dentro del espectro de los economistas y analistas enrolados en las causas nacionales y populares, son pocos los que no siguen el mantra del ajuste como lo inexorable. Quizás CIFRA-CTA y el CESO se diferencien de esos planteos. Hablar en la actualidad de heterodoxia parecería revolucionario.

“Un programa heterodoxo debe contemplar una recomposición salarial en simultáneo al lanzamiento de un congelamiento inicial de todos los precios de la economía por tres meses, incluyendo los centrales como tarifas, tipo de cambio y combustibles”, agregó el CESO. Actualmente, bajo la batuta de Massa y Alberto Fernández, se está haciendo todo lo contrario.

Y si el problema es la falta de dólares para crecer, el CESO recomienda incentivar actividades que demanden pocos dólares pero que tengan un fuerte impacto en el mercado interno, como la construcción. Más allá del “blanqueo” aprobado en el Congreso, no resulta muy promisorio que el Estado le saque recursos a una política pública como el Procrear, con una poda de 50.000 millones de pesos.

Violencia

La violencia posee diferentes maneras de expresarse. Existen capas de la violencia. Los discursos de odio que antecedieron el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner son un ejemplo. Los discursos celebratorios del ajuste económico por parte de la ortodoxia, también. Por estas horas, la calle –lxs militantes, la dirigencia política y sindical, la ciudadanía en general– debería repudiar de manera permanente y constante la escalada –pulsión de muerte– que anida en lo profundo de Cambiemos. Y recrear una vieja nueva consigna: sin distribución equitativa del ingreso y la riqueza, tampoco habrá paz social.

Por Sebastián Premici