La descripción es demoledora, puntillosa y reiterada. En los despachos de Comodoro Py 2002, sede del fuero correccional y criminal federal, nadie parece esforzarse por embellecer la venalidad imperante en ese edificio. Algunos cuentan la realidad con cierto pesar, como quien hace equilibrio en un campo minado. Otros la viven con tal desparpajo, que guardan en el escritorio ornamentos que aluden a la impunidad de la que gozan para exhibirlos ante el confidente ocasional.

Los secretos no son tantos en un mundo en el que conviven un centenar de jueces y fiscales y unos 500 abogados que litigan en el fuero. Las fuentes varían poco a la hora de llenar casilleros. Están los que cobran coimas como si fueran líberos (por ejemplo, vía la derivación a estudios jurídicos que tienen absoluciones garantizadas), los que forman parte de una trama político-recaudatoria más sofisticada, los “Stiuso puro” y los que se blindan en su despacho e intentan aplicar los códigos sin levantar mucho la perdiz. Unos y otros tienen mayor o menor conocimiento del Derecho.

Las cumbres para repartir bendiciones y condenas, en medio de buenas comidas, partidos de truco y el humo de habanos, tienen sedes reconocibles: el Yacht Club de Puerto Madero, un salón reservado del restaurante Happening y el hotel Sheraton de Pilar. Prevalece una convicción: Comodoro Py no podría ser lo que es sin la complicidad de periodistas y medios.

Sobre ese vínculo existe una versión blanca. En un libro sobre técnicas de la investigación periodística de 2004, Daniel Santoro, periodista de Clarín y maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, escribió cómo armar una causa judicial como ardid para sortear dificultades: “Si no llegamos a través de nuestros medios (a detectar determinado movimiento financiero), podemos pedirle o sugerirle –en forma extraoficial y sin aparecer– a un juez, a un fiscal o a un legislador conocido que active los mecanismos necesarios para levantar el secreto bancario o comercial. Muchas veces se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación sobre un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que abra una causa” (1). “La Justicia no sólo puede ser una fuente, sino también una aliada”, certificó el periodista.

Un juez federal expuso, bajo condición de anonimato, una dinámica aceitada. Un puñado de periodistas –que no excede la docena, pero con espacios en los medios escritos y audiovisuales de mayor difusión–  filtra versiones con algún o ningún sustento. Entre ellos se retroalimentan y reproducen sus hallazgos. Luego un fiscal, un abogado defensor o un merodeador de tribunales presenta una denuncia sobre la base de “una versión periodística preocupante”. Si por un error de cálculo la causa cae en un juzgado que aplica el Derecho, sobrevienen las recusaciones, la Cámara Federal aparta al magistrado desobediente y reasigna el expediente. Los medios pasan a informar los avances en la investigación: allanamientos, procesamientos, indagatorias… Con frecuencia el objetivo no es tanto la condena, sino mantener una causa abierta que permita solicitar informes bancarios, rastreos de llamadas, seguimientos y escuchas telefónicas. A veces el blanco de las operaciones es el magistrado al que se quiere disciplinar. En general funciona, pero puede fallar.

La huella de este modus operandi quedó registrada en un expediente.  Hacia abril de 2016, el juez Sebastián Casanello acumulaba en su despacho causas resonantes: las empresas offshore de la familia Macri (Panamá Papers); la muerte por sobredosis de cinco jóvenes en el boliche de Costa Salguero Time Warp; una denuncia por tráfico de influencias contra el lobbista Daniel Angelici, y la denominada “Ruta del Dinero K”, sobre los contratos de obra pública y presunto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner. Poco antes, Casanello había sido separado de una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el espía Jaime Stiuso. En notas difundidas en Clarín, La Nación, Animales Sueltos (América TV), Periodismo para Todos (Canal 13), TN, Infobae y Radio Mitre, Casanello fue acusado de haber visitado a Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos antes de la asunción de Macri en la Presidencia. Los diálogos cara a cara y a través de Telegram resultaban claves, según los denunciantes, para explicar por qué la ex presidenta no era involucrada en la “Ruta del Dinero K”.

Santiago Viola, abogado de uno de los hijos de Báez, tomó las denuncias mediáticas y pidió ante la Cámara el apartamiento del Casanello. Como resultado de la disputa, se comprobó que los registros de celulares eran falsos y que dos testigos que dijeron haber visto al juez en Olivos (un chofer y un empleado de ANSES) habían mentido, por lo que deberán afrontar en marzo de 2020 un juicio oral por falso testimonio. El abogado Viola y el espía Eduardo Miragaya obtuvieron falta de mérito.

El origen del entramado

Una abogada que participa en expedientes que tramitan en el fuero marca dos hitos judiciales posteriores al Estado terrorista que sellaron la imbricación entre servicios, jueces y periodistas: el copamiento del cuartel de La Tablada y el atentado contra la mutual judía AMIA.

La toma del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 por parte del Movimiento Todos por la Patria, entre el 23 y el 24 de enero de 1989, dio lugar a ejecuciones sumarias de guerrilleros ya rendidos, torturas y cuatro desaparecidos: Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José Díaz.

Meses después, cuando se llevó a cabo el juicio oral, jueces y fiscales apenas se detuvieron en los desaparecidos (2). El 5 de octubre de 1989 –albores del menemismo–, fueron dadas a conocer penas “ejemplares” para más de veinte acusados. La Nación, Somos, Gente y la prensa dominante retomaron una retórica enardecida para vencer a la subversión. Clarín tituló: “La Tablada: perpetua a la mayoría de los terroristas”.

“Después de lo que significó el Juicio a las Juntas y el Nunca Más como pilar de la democracia, la Justicia se dedicó a ocultar desapariciones otra vez”, sostuvo la abogada.

Carlos Menem cinceló el organigrama de la Justicia federal, en gran medida vigente hasta hoy. En 1992, el entonces Presidente promulgó la creación de la Cámara Federal de Casación Penal y de decenas de tribunales orales en el país, lo que habilitó la posibilidad de designar a 250 jueces, fiscales y defensores. Se sumó la duplicación  –de seis a doce– de la cantidad de juzgados federales de primera instancia de Capital Federal.

Las designaciones para ocupar las sillas disponibles –calificadas como “esperpentos” por el entonces ministro de Justicia, León Arslanian, quien luego renunció– incluyeron ex jueces de dictaduras, personajes vulgares y algún antisemita, entre otros (3).

Poco después, la trama enhebrada por Menem se dispuso a investigar el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 que causó 85 muertes. Dos fiscales provenientes de La Tablada tuvieron actuación en el expediente AMIA: Raúl Pleé (hoy fiscal ante Casación) y Alberto Nisman, fallecido en 2015.

El atentado abrió una saga de contaminación infinita orquestada por el trípode servicios de inteligencia (argentino, estadounidense e israelí), jueces y medios. “El encubrimiento y desvío de la investigación de AMIA en los noventa, con el juez Juan José Galeano a cargo del expediente, no podría haberse dado sin Clarín; sería impensable el juego entre los servicios y la Justicia federal sin el papel del periodismo”, opinó Alejandro Rúa, ex jefe de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia (2001-2006), abogado de Memoria Activa y litigante en Comodoro Py.

Despachos por revistas

Las fuentes consultadas coinciden en marcar distintos umbrales entre el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo. Por episodios de diversa naturaleza (opulencia, amoríos, brutalidad y delitos), algunos jueces federales insertados por Menem cambiaron despachos lúgubres por tapas de revistas. “Comenzaron a tener conciencia de la ganancia que les representaba salir en los medios”, evaluó Irina Hauser, periodista de Página/12, encargada de cubrir tribunales hace más de dos décadas.  Hubo quienes presumieron de justicieros, pero la mayoría le tomó el gusto a ver reflejado el impacto de sus decisiones.

En la mirada de muchos de los que transitan Comodoro Py, el papel de los servicios ganó terreno desde 2003. Un agente empoderado por Néstor Kirchner se volvió omnipresente: Jaime Stiuso. Atado a él, Javier Fernández, auditor de la Nación, y por sobre ambos, la Embajada de Estados Unidos.

“Fernández era un rostro amable que evitaba el quemo de reunirse con Stiuso, y que tenía además el aval institucional de un organismo dependiente del Congreso, como la Auditoría”, definió la abogada citada.

El andamiaje montado por el kirchnerismo en la Justicia Federal duró hasta que Cristina Fernández emprendió tres iniciativas condenadas por Washington: impulsó un acuerdo con Teherán para facilitar la indagatoria de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, promulgó una reforma judicial que aumentaba el control político de los jueces y trató de poner punto final al dominio de la SIDE por parte de Stiuso.

Las tres acciones fueron consideradas declaraciones de guerra por estamentos clave de la Justicia. Bonadio y otros colegas  desempolvaron denuncias y comenzaron a disparar procesamientos de kirchneristas.

Con el lanzamiento de la campaña electoral de 2015, llegó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina y Héctor Timerman por el acuerdo con Irán. Cuatro días después, el tiro del final.

Principios rectores como presunción de inocencia, tipificación del delito, cosa juzgada, juez natural, derecho a la defensa y fruto del árbol prohibido fueron arrasados a la hora de tratar la precaria denuncia del fiscal y la causa de su muerte.

Un segundo magistrado federal brindó su opinión: “Hasta poco antes de la asunción de Macri, el fuero federal se dedicaba a someter los conflictos del poder político a un proceso digestivo hasta disolverlos. En los últimos seis años se procuró la esterilización del sistema político en función de un modelo”. Amplía la misma voz: “Con la influencia de un actor preponderante, [el ex presidente de la Corte Suprema ] Ricardo Lorenzetti, el fuero comenzó un proceso de destrucción de sectores de la política, la economía y los medios”.

Según esta fuente, el gobierno de Mauricio Macri compartía con Lorenzetti el objetivo de “aniquilación” del kirchnerismo, pero la confianza se quebró cuando el fallecido Bonadio citó a declaración indagatoria a Franco y a Gianfranco Macri, padre y hermano del Presidente, y el juez Ariel Lijo comenzó a mover el expediente del Correo Argentino. “Al advertir el viraje, el macrismo desplazó a Lorenzetti de la Presidencia de la Corte”, indicó el magistrado.

Diversas voces suman al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, como pieza clave del eje Lorenzetti-Bonadio, con el papel de garante de ese canal entre la primera instancia y la última instancia.

“Como hubo un recrudecimiento de la intervención delictiva de los servicios durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), también recrudeció el papel del periodismo como tercera pata”, analizó el abogado Rúa.  La televisión y los portales se poblaron de escuchas ilegales de diálogos privados entre imputados kirchneristas y sus abogados, fotos denigrantes de detenidos, sobres anónimos arrojados por debajo de la puerta tomados como verdades irrefutables y arrepentidos (algunos de los cuales, se sabría luego, habían sido comprados o extorsionados).

“Se puso en marcha un circuito perverso en el que la prensa eligió el blanco para destruirlo y luego la Justicia intervino sobre lo publicado, y todo en función de un proyecto político de dominación”, describió el penalista Juan Manuel Ubeira, defensor de imputados en las causas “Cuadernos” y  “Ruta del Dinero K”.

La revelación de mayor impacto sobre la presunta corrupción en años de los Kirchner, los “Cuadernos de la Corrupción”, nació de la “alianza”, según la categoría citada de Santoro, entre un periodista del diario La Nación, el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Bonadio.

El editor de La Nación dijo sentir un deber como ciudadano antes que como cronista. En abril de 2018, entregó a Stornelli las fotocopias de los cuadernos con las anotaciones tomadas por un chofer de las presuntas coimas. El pacto involucró el acercamiento de testigos negociado en el living de la casa del fiscal y la elección del juzgado de Bonadio, con quien el medio acordó una estricta reserva para “que nadie se entere de nada” antes de disparar el caso.

Meses más tarde, las pruebas de otra causa judicial sugirieron que Stornelli se valía de extorsiones para obtener arrepentimientos, dinero o vendettas personales.

Según el procesamiento dispuesto por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, la amenaza de difusión de las acusaciones en el diario Clarín y en América TV –espacios de Santoro– era la primera herramienta para extorsionar.  En caso de resistencia, sobrevendría el arresto y el escarnio público.

Santoro declinó hablar para esta nota.

El fin de la justicia independiente

Durante los últimos años Comodoro Py se transformó en un campo de batalla cruzado por indagatorias, arrestos y sentencias que actuó como vicario de la pelea por el poder real. Como ocurre siempre, hubo abordajes periodísticos serios. Más allá de las malas artes, con frecuencia las medidas adoptadas por los magistrados federales son informadas con asepsia: “la Justicia analiza”, “el juez probó” y hasta “los investigadores creen”.

Irina Hauser entiende que la tarea de cubrir los tribunales de Comodoro Py implica “relaciones de mucha cercanía y negociaciones permanentes”. “Falta, aunque no corresponde generalizar, una tarea periodística propiamente dicha de contrastar la decisión de los jueces con las causas y la historia que las motivan –indicó la cronista–. Algunos jueces son capaces de bloquear el acceso a determinadas informaciones como represalia; debemos lidiar con eso.”

Para el penalista Rúa, “a buena parte del periodismo judicial no le interesa cuestionar ni investigar a jueces que son su fuente”. Su colega Ubeira cree que conceptos como “Justicia independiente aluden a instituciones del siglo XIX”. “No hay acciones en el campo de la economía y la política que no estén motivadas por intereses, y menos las de los medios y los lobbies financieros que representan el poder real”, sintetizó el abogado.

Las descripciones del funcionamiento de Comodoro Py pueden ser devastadoras. Sin embargo, prima cierto escepticismo  –o pragmatismo cínico, según el caso– sobre las posibilidades reales de un cambio en la lógica imperante. Sobrevuela la noción de que los gobiernos pasan, pero los jueces quedan.

Algunos agregan que la muerte de Bonadio descomprimió la presión para recuperar cierto cauce. No será fácil encontrar a alguien capaz de reemplazarlo con semejante temeridad, de la que, por otra parte, carecen sus protectores. Del juez fallecido, nadie defiende su calidad jurídica. Le atribuyen, eso sí, lealtad con mentores y compañeros de ruta que fueron poderosos hace tiempo, pertenencia al peronismo de derecha y ajenidad al mundo Stiuso.

Mientras tanto, algunos jueces y fiscales, como Jorge Di Lello, aprovechan el cambio en la Casa Rosada para cuestionar las bases de cómo se implementó la figura del arrepentido, que disparó en pocos años decenas de procesamientos, absoluciones y encarcelamientos. 

Por Sebastián Lacunza para el Le Monde Diplomatique