Punto final para la causa de la deuda de USD 57.100 millones de Macri con el FMI: la cerraron los jueces que se reunían con el expresidente en Olivos

La Justicia de Comodoro Py cerró definitivamente la causa en la que se investigaba la deuda de USD 57.100 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tomaron Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, entre otros. La decisión de ponerle punto final a una causa central para la democracia la tomaron los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los primeros dos camaristas se reunían con el expresidente en secreto en la Quinta de Olivos. Uno a jugar al pádel y al tenis. El otro porque mantenía “una relación social de años” con quien era jefe de Estado. El tercero, Carbajo, fue nombrado en 2018 por el entonces mandatario. Este trío de jueces, en un fallo escandaloso rubricado este lunes, ni siquiera habilitaron la vía de la Corte. El fiscal macrista Raúl Plee había desistido de presentar un recurso de queja el miércoles pasado. La impunidad es total.

La secuencia que se terminó de concretar este lunes tuvo a otros jueces macristas como protagonistas. Primero, la magistrada María Eugenia Capuchetti, nombrada por Macri en Comodoro Py, decretó el 2 de febrero de este año el archivo de la causa por “inexistencia de delito”. Esa decisión fue ratificada el 4 de septiembre de este año por los camaristas porteños Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ambos también nombrados por el entonces presidente. Los mismos jueces declararon 21 días más tarde inadmisible el recurso de Casación que había planteado el fiscal ante ese tribunal revisor, José Luis Agüero Itrube. “Casualmente” los tres jueces hicieron oídos sordos a los planteos del fiscal que investigó el préstamo con el FMI, Franco Picardi, y el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Agüero Iturbe, quien había respaldado lo planteado por Picardi.

El planteo que llegó a Casación fue por la mentada inadmisibilidad del recurso que pretendía que el máximo tribunal penal del país tratara el fondo del asunto. Lo había planteado el fiscal Agüero Itrube. Pero Pleé desistió del recurso de su colega y la Casación no intervino para tratar la cuestión de fondo. Como el fiscal ante la Casación abandonó la acusación y no hay un querellante legitimado, el caso quedó cerrado definitivamente.

El litigante Antonio Conrado De Martino y su letrado patrocinante, Nicolás Roberto Corbetto Norese, intentaron torcer el rumbo del caso pero no tuvieron posibilidades. Probaron el apartamiento de los magistrados intervinientes pero no lo lograron.

El préstamo impagable que Macri, Caputo y Sturzenegger –entre otros- tomaron con el FMI no llegó a ser analizado en la Casación ni llegará a la Corte.

• Rechazar “in limine” la recusación que Antonio Conrado De Martino había interpuesto contra los tres jueces, de clara relación con uno de los acusados en la causa: Muaricio Macri. Dijeron que “la recusación no encuentra sustento suficiente” y que no hay “elementos objetivos que permitan fundar razonablemente una sospecha de parcialidad de los suscriptos”.
  
   
• Rechazar “in limine” los planteos de apartamiento y recusación de De Martino contra los fiscales Pleé y Agüero Iturbe. Tampoco hicieron lugar al pedido de dictar la nulidad del dictamen de Pleé por el que de forma insólita desistió de presentar un recurso para sostener la acusación. Los fiscales son los que tienen a su cargo la acusación pública. Pleé, de clara vinculación macrista, actuó más como defensor que como fiscal y no sostuvo la línea de acción que venía teniendo el Ministerio Público Fiscal en esta causa con Picardi y Agüero Iturbe.  
  
   
• Tener por desistido el recurso de queja de Pleé. Esta maniobra fue la estocada para liquidar el caso.
  
   
• No hacer lugar a la queja interpuesta de De Martino, para intentar llegar a la Corte. Para estos tres camaristas “la queja intentada no puede prosperar”. Porque fue una adhesión. “La adhesión es, por su propia naturaleza, una vía accesoria. Presupone la existencia de un recurso concedido a otro, al que puede sumarse quien tenga derecho a recurrir (art. 439 del C.P.P.N.), y su suerte queda ligada a la de ese recurso principal. En el caso, el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal nunca fue concedido, sino declarado inadmisible por el tribunal ‘a quo’. La queja que el Ministerio Público Fiscal dedujo contra esa decisión fue luego desistida por el señor Fiscal General ante esta instancia (es decir, Pleé), en los términos del art. 443 del C.P.P.N. Así, no existe ni existió en estas actuaciones un recurso concedido o en trámite al cual el presentante pudiera adherir y que sostuviera su intervención ante esta Sala”.

Como si fuera poco, los tres jueces formularon “una observación” a De Martino y a su letrado patrocinante, Nicolás Corbetto Norese “a fin de que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial”. También dieron intervención “al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con remisión de copia de la presente y de las presentaciones efectuadas por el nombrado, a fin de que analice la actuación del letrado conforme las normas que rigen el ejercicio de la profesión”. ¿Qué sostuvieron los jueces? Que “el escrito contiene expresiones agraviantes que exceden los límites de los cuestionamientos jurídicos”.  

Los jueces que jugaban al padel y mantenían “una relación social de años” con uno de los acusados son los que imponen las pautas de conducta en la causa, de la que no se apartan porque ellos mismos no ven que esté controvertida su imparcialidad.

Del pádel a la relación social con Macri

Dos de los jueces que firmaron el cierre definitivo de la causa por el préstamo de Macri con el FMI tienen una relación estrecha probada con el expresidente Mauricio Macri.

El camarista de Casación Mariano Borinsky, como publicó El Destape en la saga de notas “Operación Olivos”, visitó en la Quinta de Olivos al menos unas 16 veces al entonces presidente. Lo hizo en secreto, sin darle aviso a sus pares. Muchos de esos encuentros se anotaron como para jugar al pádel o al tenis. Las reuniones coincidieron con la firma de fallos por parte de Borinsky a favor de Macri o en contra de sus opositores, es decir, la dirigencia kirchnerista.

Otro de los firmante de este fallo es el camarista Gustavo Hornos, quien se reunión también en secreto con Macri, tanto en Casa Rosada como en la Quinta de Olivos. Cuando estalló el escándalo de las visitas a Casa de Gobierno (antes de que se conocieran sus ingresos a la residencia de Olivos) Hornos brindó una insólita explicación a sus pares, quienes lo interpelaron ya que era el presidente de la Cámara de Casación. Ocurrió en febrero de 2021 cuando se defendió diciendo que con Macri tenía “una relación social de años”. Entonces se sabía de 6 visitas a Casa de Gobierno, y en secreto.

Luego, en abril de 2021, El Destape publicó la saga de Operación Olivos. Entonces se conocieron otros dos encuentros más de Hornos con Macri, en este caso en la residencia presidencial. Hornos hacía –y sigue haciendo- dupla con Borinsky en la sala IV de Casación. Durante el macrismo fueron claves en las causas de persecución contra los dirigentes kirchneristas, sobre todo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos continúan con la misma postura al día de hoy.

Carbajo, por su parte, fue nombrado juez de Casación por el propio Macri en diciembre de 2018.

La acusación que quedó sepultada

En el caso de la deuda con el FMI, que ascendió a 57.100 millones de dólares y que este lunes fue cerrado por la Casación, el fiscal Franco Picardi investigó un presunto esquema defraudatorio “pergeñado, coordinado y desarrollado —entre mayo del 2018 y septiembre del 2019— por funcionarios/as públicos/as del Poder Ejecutivo Nacional (‘PEN’) y el Banco Central de la Nación Argentina (‘BCRA’) en conjunto con agentes del sector privado”.

La pesquisa tuvo 3 ejes:

• Que se tomó una deuda insostenible sin cumplir con ninguna ley;
  
   
• Que la deuda fue para la fuga “en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”;
  
   
• Que esos miles de millones de dólares se administraron de forma “discrecional y/o fraudulenta (…) imposibilitando su control transparente y su trazabilidad”.

Según la acusación, los responsables de esta maniobra fueron Macri, Caputo (ex titular del BCRA), Sturzenegger (extitular del BCRA), Santiago Bausili (actual presidente del BCRA), Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y otros funcionarios de segunda línea.

Pero Capuchetti hizo oídos sordos a los planteos del fiscal y, a la par que el gobierno de Milei corría a la Procuración del Tesoro como querellante en el caso (decreto 87/2026), archivó la causa por “inexistencia de delito” en febrero de este año.

En septiembre, Bertuzzi y Llorens ratificaron lo hecho por Capuchetti a pesar de la apelación de Picardi, que mantuvo el fiscal Agüero Iturbe. Cuando el mismo representante del Ministerio Público Fiscal quiso acudir a la Casación los camaristas porteños le denegaron el recurso. Por eso fue en queja a Casación. Pero Pleé desistió de esa acción el miércoles pasado.

¿Cuál era la discusión de fondo? El cierre de caso por Capuchetti. Cuando la jueza designada por Macri (que visitaba la SIDE antes de ser nombrada) archivó la causa el fiscal Picardi apeló (también en febrero de este año) porque consideró que la magistrada omitió “deliberadamente” pruebas y evidencias de este enorme desfalco para el país y negocio para unos pocos.

“La magistrada realiza una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas” y “una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa”, sostuvo Picardi en su reclamo por reabrir la investigación. El fiscal afirmó que hubo evidencia “ignorada deliberadamente por la magistrada”.

Algunas de las pruebas ignoradas por Capuchetti, tal como publicó Ari Lijalad en El Destape, fueron:

• El incumplimiento de la Constitución, la ley de Administración Financiera, la ley de Ética Pública y resoluciones del Ministerio de Economía. Capuchetti dijo que el no cumplimiento de las leyes eran meras cuestiones formales y subsanables. Picardi la refutó afirmando que “reflejan la intención de los/as funcionarios/as del PEN y del BCRA de incumplir la normativa, a la cual se encontraban obligados/as, para obtener el crédito en un plazo sumarísimo a los fines de que el Estado se haga de divisas, que luego ellos mismos administrarían para el beneficio de unos pocos sectores concentrados y en perjuicio del patrimonio nacional”.
  
   
• Falta de intervención del Congreso Nacional.
  
   
• Falta de intervención formal del Presidente Macri.
  
   
• Falta de intervención del Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña
  
   
• Falta de intervención formal del entonces Ministerio de Finanzas e incompetencia del Ministerio de Hacienda. Por la división que estableció Macri, el responsable de la deuda era el Finanzas, pero todo lo manejó Hacienda.
  
   
• Expediente simulado con posterioridad a la firma del acuerdo. Este punto es clave, ya que tomaron la deuda con el FMI sin un solo papel e hicieron a posteriori “un expediente mediante el cual se intentó emular un proceso administrativo que en verdad se encontraba por fuera de los márgenes legales”, según señaló Picardi. ad.”, cierra este capítulo Picardi.

Y la lista continúa.

Picardi le puso cifras al proceso de deuda y fuga. Señaló que “como consecuencia directa de todo este accionar, los/as funcionarios/as públicos/as a cargo del proceso descrito ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares (USD 29.618.000.000) por la Sindicatura General de la Nación. También, es posible afirmar que provocaron otros daños de compleja estimación patrimonial, entre otras cosas, como consecuencia de los efectos del endeudamiento tomado y sus consecuencias”. Pero el fiscal quedó solo en sus planteos.

En los últimos seis días se terminó de cerrar la causa. El fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, desistió de la acusación el último miércoles, rompiendo la línea de acción que venía teniendo el Ministerio Público Fiscal. No hubo querellantes legitimados. Y los tres jueces de la Casación, Borinsky, Hornos y Carbajo, jugaron para los acusados. Se abrazaron a los planteos de Pleé como si hubieran coordinado la maniobra entre todos con el expresidente.