El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia por la operación financiera con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), realizada en 2025, y pidió la detención del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y de su director, Juan Curutchet.
La denuncia original se basó en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que evaluó que la operación provocó una pérdida de 1.023 millones de dólares, pagados con divisas de las reservas. El nuevo planteo se incorporó a la causa y quedó sujeto a la evaluación del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
Dalbón había denunciado a los funcionarios por “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En la ampliación, solicitó nuevas medidas de prueba y pidió que los acusados sean detenidos.
Pedido de detenciones
“Corresponde analizar si, frente al estado actual de la investigación, la permanencia en libertad permite asegurar adecuadamente los fines del proceso. A criterio de esta parte, la respuesta es negativa”, sostiene el escrito antes de enumerar los motivos por los que solicita las detenciones.
En relación con el “peligro de entorpecimiento”, Dalbón sostiene que “los denunciados no son funcionarios periféricos respecto de los hechos. Ocupan e integran las máximas instancias de conducción de las dos estructuras estatales en las que se encuentra la prueba: el presidente y un director del BCRA, órgano que administra las reservas y custodia los contratos, actas, registros de valuación y liquidación y comunicaciones de las operaciones; y el ministro de Economía, cuyo ministerio habría intervenido en la política de administración del oro”.
Y agrega: “La prueba esencial de esta causa es documental y está en poder de organismos que los denunciados dirigen o integran: los contratos y confirmaciones de las operaciones, las actas del Directorio y de los comités, los informes de riesgo y las comunicaciones electrónicas entre el BCRA y el Ministerio de Economía. Quien conduce esas estructuras tiene la posibilidad material de acceder a esa documentación, modificarla, ocultarla o suprimirla”.
Sobre el “peligro de fuga”, Dalbón afirma que “no desconoce que los denunciados poseen domicilio en el país y ocupan cargos públicos, pero esa circunstancia no neutraliza por sí sola el riesgo en un caso con las características del presente”.
A continuación, enumera tres aspectos que, a su criterio, el juez debería considerar. El primero es que “la magnitud económica de las operaciones investigadas arrojaron un resultado negativo de USD 1.023 millones con egresos de divisas”. El segundo son “las escalas penales” correspondientes a los delitos denunciados. El tercero es “la naturaleza de las funciones ejercidas, que implican relaciones con instituciones y contrapartes financieras del exterior, como el Banco de Pagos Internacionales, y el manejo de información privilegiada sobre operaciones y activos externos”.
Por último, sostiene que, si el juez “no considera procedente la detención”, debería disponer medidas menos lesivas que considere adecuadas. Entre ellas, propone “la prohibición de salida del país; la prohibición de concurrir a las áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde obre la documentación vinculada con las operaciones; la prohibición de comunicarse entre sí y con los funcionarios y auditores que deban declarar; la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal; y la prestación de una caución”.
Medidas de prueba
Entre las diligencias solicitadas, Dalbón requirió que la AGN remita “el informe completo de auditoría, sus papeles de trabajo y la documentación vinculada con las notas contables sobre derivados de oro”. También pidió incorporar la auditoría específica que el organismo realiza sobre la gestión de las reservas físicas de ese metal.
Además, solicitó que “se reciba declaración testimonial a quienes intervinieron en la auditoría de los estados contables del BCRA 2025 y al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, a fin de que expliquen los alcances del informe y de las manifestaciones públicas realizadas”.
En cuanto al BCRA, pidió que se requieran “las actas del Directorio y de los comités internos que hubieran tratado las operaciones, además de contratos, confirmaciones, acuerdos marco, informes técnicos, dictámenes de riesgo, constancias de pagos y documentación sobre las contrapartes”. También reclamó preservar los registros y las comunicaciones electrónicas vinculados con los hechos investigados.
Por su parte, solicitó que el Ministerio de Economía informe sobre las comunicaciones, reuniones, instrucciones e informes intercambiados con el BCRA entre 2024 y 2026 en relación con la administración de las reservas de oro y las operaciones de derivados.
Por último, la presentación propone una pericia contable para determinar la estructura de los instrumentos financieros, la efectividad de la cobertura invocada y la posible existencia de un perjuicio patrimonial para el Estado.
En el escrito, Dalbón solicita que, una vez producida la prueba, el juzgado convoque a Caputo, Bausili, Curutchet y a quienes resulten responsables a prestar declaración indagatoria.
